Fondos buitre: se espera una definción tras la audiencia en EE. UU.

Los abogados argentinos respondieron las preguntas de los jueces del máximo tribunal norteamericano.

Redacción

Por Redacción

EL PAÍS

La audiencia en la Corte Suprema de Estados Unidos entre los representantes del Gobierno Argentno y el fondo buitre NML Capital terminó cera de las 12:20 (hora local).

Es el litigio con los acreedores que no aceptaron los canjes de 2005 y 2010 y mantienen disputas en los tribunales estadounidenses consta de varias demandas que corren en forma independiente, y a medida que se cumplen los plazos legales terminan en la Corte Suprema de los Estados Unidos.

En este caso específico -denominado “Discovery”- la Corte Suprema abordará el fallo del juez Thomas Griesa que ordenó a los bancos informar sobre los activos que Argentina tiene en el exterior, para que los acreedores puedan embargar y cobrar así sus deudas.

De la audiencia convocada por el máximo tribunal para las 10 hora local (las 11 en Argentina) participará el procurador general adjunto estadounidense, Edwin Kneedler, quien hará una presentación para apoyar la posición argentina (amicus curiae).

Del gobierno argentino, estaría presente el secretario de Finanzas, Pablo López, según algunos trascendidos, aunque oficialmente no se dio información. Argentina estará por primera vez delante de los ocho magistrados de la Corte americana y procurará exponer todos los argumentos de defensa disponibles para que el tribunal entienda la complejidad del caso y acepte revisar esta causa, pero también la “cuestión de fondo”.

Será el debut en la defensa argentina del exprocurador de George Bush, Paul Clement, quien aceptó integrar el cuerpo de abogados que patrocinan al país tras la serie de fallos adversos.

Durante la visita que realizó a Washington para participar de la reunión del FMI Kicillof, se reunió con el estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton para trazar la estrategia que se cerrará en los próximas horas.

La posición argentina es ampararse en el principio de “inmunidad soberana” que rige en la comunidad financiera internacional y por el que el país está habilitado a realizar reestructuraciones de deuda bajo las condiciones que imponga.

Justifica esta posición en que cerca del 93 por ciento de los acreedores en default luego del 2001 aceptaron propuestas de canje y en la reapertura de estas operaciones que se realizaron en 2013, que le permiten a los bonistas acceder a las mismas condiciones que obtuvieron quienes las convalidaron en 2005 y 2010.

La Argentina hará hincapié en que un triunfo de los holdouts haría imposible nuevas reestructuraciones de deudas soberanas ante la imposibilidad de garantizar su éxito.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya presentó dos ‘amicus curiae’ en este caso a favor de la postura argentina.

Fuente DyN


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