Frenan fondos para las papeleras uruguayas

PARANA- El posible financiamiento de la Corporación Financiera Internacional a las papeleras que se están instalando en Fray Bentos, República Oriental del Uruguay, quedó paralizado hasta tanto técnicos del organismo realicen una auditoria para evaluar el impacto ambiental que provocarán las pasteras en la zona, reveló el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti.

La semana pasada Busti y el vicegobernador, Pedro Guastavino viajaron a Estados Unidos para solicitar al Banco Mundial, del que depende el CFI, la suspensión de cualquier financiamiento a las pasteras, hasta que se conozca el impacto ambiental que provocarán en la región.

Busti reveló que la ombudsman del Banco Mundial, Meg Taylor, hizo lugar a la demanda del gobierno entrerriano y ordenó realizar una auditoría que se desarrollará desde el 10 hasta el 14 de octubre venidero en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú y en la uruguaya de Fray Bentos para medir el impacto ambiental de las pasteras.

Busti explicó que ayer recibió de la presidenta del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha), Romina Picolotti, el fax que le remitió la ombudsman del Banco Mundial, Meg Taylor, en el que le comunica que se hace lugar a la demanda presentada por el gobierno entrerriano y que se realizará una evaluación para investigar las consecuencias de la construcción de las fábricas de pasta de celulosa en el Uruguay.

«De esta manera queda paralizado el financiamiento de la Corporación Financiera Internacional hasta que se haga el estudio de la ombudsman en base a nuestra demanda y se brinde un dictamen que será determinante para la decisión que se tome respecto de los créditos a otorgar a estas empresas», agregó el mandatario.

Paralelamente, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón, envió una nota al abogado patrocinante de Busti y Guastavino, Juan Carlos Vega, en la que acusa recibo de la demanda presentada en contra del estado uruguayo por los daños que las pasteras provocarán en la región.

En el escrito se insistió en que el vecino país, al autorizar la instalación de ambas pasteras, violó los derechos a la vida, a la integridad personal, a la información, del niño y del desarrollo progresivo de derechos económicos, sociales y culturales de más de 300.000 personas que habitan la zona que resultará afectada por la contaminación de esas industrias.

Pidieron que declare que «el estado uruguayo violó la legalidad supranacional americana al autorizar y aprobar dos emprendimientos industriales en razón de sus altos componentes contaminantes, de las evidentes carencias de control ambiental y del probado riesgo de vida para alrededor de 300.000 personas que habitan en la ribera argentino uruguaya», del río Uruguay. (Télam)