Funcionaria confirmó irregularidades en 'Casa del Sur'

NEUQUEN (AN).- La funcionaria del gobierno provincial Susana Argenti ratificó ante la jueza de Menores Isabel Kohon las graves irregularidades que detectó en el centro para drogodependientes «Casa del Sur». Lo hizo durante la audiencia que se desarrolló el martes en el juzgado a cargo de la magistrada, que se prolongó por más de cuatro horas y de la que además participaron los abogados del Estado y las defensoras del Menor y Adolescente, Nara Osés y Edith Galarza.

Argenti, que es directora General de Familia de la subsecretaría de Acción Social, reiteró que el servicio ofrecido por el centro tiene graves falencias, entre las que destacó problemas de infraestructura, ausencia de autorizaciones de organismos de Salud y falta de personal.

También ratificó los duros acontecimientos vividos por jóvenes neuquinos internados en el lugar, entre los que figura el caso de una chica que dio a luz a su hija sentada sobre un inodoro. Así lo revelaron fuentes judiciales.

La otra funcionaria que debía declarar era Eduviges Mercado, directora de Auditorías Médicas de la subsecretaría de Salud. Sin embargo no concurrió a la cita y será convocada nuevamente para que ratifique o rectifique el informe que presentó también en octubre pasado.

En éste deslizó que los pacientes debían ser trasladados de «Casa del Sur» debido a las falencias que, al igual que Argenti, ella encontró.

Ayer los peritos judiciales Isabel Alvarez (pediatra) y Oscar Romero (psiquiatra) se sumaron al listado de profesionales convocados por la jueza. Hasta última hora permanecían en el despacho de Kohon.

Ambos miembros del gabinete médico forense, visitaron las sedes de «Casa del Sur» a pedido de la magistrada en diciembre último. En el informe posterior revelaron que, al igual que las funcionarias, detectaron problemas de infraestructura y hacinamiento.

En el escrito que remitieron a Kohon, a cargo del juzgado de Menores Dos de esta ciudad, hicieron hincapié en que la «atención de los pacientes es oneroso» para la provincia -se pagan 900 pesos mensuales por cada joven-. Sostuvieron que en la zona existe «recurso humano capacitado para la atención y abordaje de esta problemática. Sólo es necesario orientarlo e implementar los espacios de atención (…) Por lo tanto utilizando los recursos con los que se cuenta, se podría organizar la atención aquí, generando una ocupación de profesionales que en el tiempo impactaría disminuyendo los costos».

Las audiencias fueron convocadas por la jueza, que debe resolver si hace lugar o no al recurso de amparo presentado por la Defensoría del Menor y el Adolescente. La medida fue soli

citada para externar a los chicos del centro, debido al resultado de los informes antes mencionados. Entre otros argumentos esgrimidos, la defensora Nara Osés puntualizó que debe preservarse a los pacientes del desarraigo que enfrentan al trasladarse a «Casa del Sur».

El ex subsecretario de Salud Fernando Gore, fue quien firmó el convenio con «Casa del Sur» en julio de 2003 y hoy se desempeña como subsecretario de Coordinación del ministerio de Salud y Seguridad Social. Optó por el silencio tras la publicación de las auditorías que realizó «Río Negro» el domingo pasado. El jefe del servicio de Adicciones del hospital Castro Rendón, Esteban Bonorino, se convirtió en vocero y descalificó los informes realizados por Mercado, Argenti, Alvarez y Romero.

Bonorino llevó a adelante una auditoría en las sedes del centro en noviembre último y desaconsejó los traslados que sugirieron Mercado y Argenti.

La contradicción fue utilizada por la jueza para frenar el traslado que había ordenado el 24 de noviembre junto con su par del juzgado de Menores Uno, Martín Gallardo. Ayer finalizaron las audiencias y la magistrada tendrá que volver a expedirse en los próximos días.