Gennuso presiona para que el Contralor denuncie a Martini

Gennuso presiona para que el Contralor denuncie a Martini

El intendente Gustavo Gennuso elevó una nota al Tribunal de Contralor para que clarifique la resolución por la que desestimó el juicio de responsabilidad y decidió remitir a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) la causa por el desvío de fondos nacionales durante la gestión de María Eugenia Martini.

En la nota el intendente cuestiona que el organismo de control en sus considerandos certifica que existió “malversación de fondos” y por eso indaga en que la resolución final no se condice con los fundamentos.

El Contralor desestimó en su resolución denunciar la situación penalmente por el desvío de 75 millones de pesos porque ya existe una denuncia penal que tramita el fiscal Guillermo Lista y que fue presentada meses atrás de manera particular por un abogado del foro local (quien también es asesor letrado del exintendente Omar Goye).

El organismo dijo que correspondía que la investigación siga su curso judicial para evitar un ”desgaste inútil del aparato estatal”.

Natacha Vázquez, asesora letrada del municipio, explicó que a criterio del Ejecutivo, “no se condicen los considerandos con la resolución”.

“Interpretan que existió la presunta comisión de delito por el desvío de fondos que fueron utilizados en gastos corrientes por un total de 75 millones de pesos pero en la parte resolutiva no determina que vayan a hacer la denuncia penal”, indicó la abogada.

Agregó que el Contralor tiene la “obligación” de impulsar una denuncia penal si considera certificado el desvío de fondos y consideró que a pesar de que ya exista una causa penal debe quedar asentada otra denuncia impulsada por el organismo de control.

La investigación administrativa iniciada a raíz de una denuncia formal de Gennuso en el Contralor determinó que Martini no reintegró los fondos a sus cuentas originales antes del 8 de diciembre, para sostener los “salarios de planta municipal” y consideraron los vocales del oficialismo, Denise Casatti y Damián Fuentes, que la gestión saliente incurrió en el delito de “malversación de caudales públicos” y que debieron restituirlos antes de cesar en su mandato.

Indicaron también que “sería absurdo hacer pesar sobre el intendente ingresante y su secretario de Hacienda (Gennuso y Gomis) la obligación de reintegrar los fondos desviados por su predecesor, en el plazo de los pocos días disponibles entre la asunción del cargo y el cierre del ejercicio fiscal”.