Grave denuncia contra sindicalistas de Bariloche

El diputado Ovidio Zúñiga, el legislador Wálter Cortez y Víctor Carcar, acusados.

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Los más importantes dirigentes sindicales de esta ciudad quedaron anoche involucrados en un escándalo de corrupción a raíz de una investigación periodística difundida por un canal de televisión de Capital Federal.

La investigación constató que los dirigentes habían recibido casi dos millones de pesos en subsidios, luego de que el policlínico Arbos ya había entrado en convocatoria de acreedores. Los fondos fueron depositados en una cuenta bancaria a nombre del desaparecido policlínico Arbos y provenían de dos subsidios de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) de la Nación. La investigación señala que no fueron rendidos y se sospecha que los fondos fueron desviados a otros destinos.

Los subsidios habrían sido gestionados por Luis Barrionuevo y entregados en los últimos días de la presidencia de Carlos Menem.

El diputado nacional y dirigente de los gastronómicos, Ovidio Zúñiga, el legislador provincial y secretario general del gremio de los empleados de Comercio, Walter Cortez, y el secretario general de la UOCRA y excandidato a intendente por el justicialismo Víctor Carcar, fueron los denunciados en el programa «Zona de Investigación», emitido anoche por Azul Televisión.

La denuncia anónima que dio origen al caso afirmaba que el SSS, bajo los números 3267/99 y 1234/99, le entregó al Arbos 1.705.000 y 185.000 pesos respectivamente. El primer depósito era para el «fortalecimiento institucional» y la «ampliación e incorporación de alta tecnología» pese a que el policlínico ya tenía convocatoria de acreedores a-bierta, no tenía empleados dependientes, estaba concesionado y no se efectuó ni ampliación ni incorporación de tecnología. El segundo subsidio tenía el objeto de afrontar los gastos administrativos del concurso preventivo, pese a que se había suspendido el pago de todas las deudas.

El grueso del dinero fue depositado por el SSS en la cuenta corriente 0122537/6 y en una caja de ahorro, ambas del banco Ciudad y fueron retirados en efectivo por Zúñiga, Cortez y Carcar, indicó el informe.

Datos no divulgados anoche, pero en poder de los investigadores periodísticos y judiciales señalan que el 5 de julio del 99 se acreditaron los primeros 87.982 pesos del subsidio. Dos días más tarde se retiraron en efectivo 7.900 pesos. El 3 de agosto se acreditaron otros 185.000 pesos y el 5 del mismo mes se retiraron 10.000. El 29 de octubre se acreditó la suma más importante: 1.050.000 pesos y el 2 de noviembre se retiró, en efectivo, casi la misma cantidad: 1.049.980 pesos. El 26 del mismo mes el depósito fue de 350.000 e idéntica cifra se retiró por ventanilla el 7 de diciembre. Dos días después (y un día antes de que Menem dejara el poder) se volvieron a acreditar otros 350.000 pesos y luego se sucedieron retiros de 30.000 a fines de diciembre, 80.000 y 15.000 en febrero de 2000 y 227.258 en marzo del mismo año.

El informe presentó los testimonios de los médicos Roberto Romairone, el neurocirujano Raúl Lucaccini, Sergio Sampetti y la odontóloga María Costanso. Los médicos relataron que trabajaban en condicionales anormales, algunos de ellos inclusive en negro.

Mencionaron también su temor a recibir represalias por-que «son muy pesados, te pueden amenazar o inclusive hacer golpear», dijo la odontóloga.

También se escucharon relatos del síndico del concurso de acreedores Daniel Balduini y del juez que declaró la quiebra, Emilio Riat. A raíz de esa decisión judicial, Zúñiga y los otros dirigentes son investigados por el presunto fraude en la quiebra y tienen prohibición para salir del país.

Frente a las cámaras, Zúñiga admitió como propia la firma en la documentación que atestigua que recibió algunos de los subsidios. Cuando le preguntaron «us-ted es honesto», respondió con seguridad: «Sí».

Cortez y Carcar fueron inhallables para los investigadores televisivos.

En el informe se indicó que más de 200 millones de pesos fueron entregados en subsidios y que de ese total más de 60 o 70 % no fueron rendidos o registran irregularidades en la documentación. Esas irregularidades incluyen «coincidencias, similitudes y parecidos entre recetas, informes e historias clínicas».

Los peritos determinaron que «todas las hojas habían sido ejecutadas por el mismo puño», reveló el extitular de la Administración de Programas Sociales de la Nación, Roberto Barrasa, quien debió alejarse de ese cargo cuando informó las irregularidades detectadas.

El policlínico Arbos fue inaugurado en 1990 por el entonces responsable del Anssal, Luis Barrionuevo. Al poco tiempo se detectaron inconvenientes, fundamentalmente en el plano edilicio, por lo que fue refaccionado y reinaugurado en 1993 con la presencia de Menem.

La ineficiencia de la gestión sindical hizo que a principios de año el gobierno nacional decidiera entregar el policlínico a una firma gerenciadora sanjuanina, Cimac, que también administraba el Arbos en La Rioja. Al frente de la entidad quedaron el médico Luis Martínez y Fernando Vargas, de la Asociación Bancaria.

En ese lugar se atendían los afiliados a obras sociales chicas, como los afiliados a Suterh, los marinos, los trabajadores, rurales, el sindicato de la Alimentación y la Policía Federal. También tenía convenios con PAMI, UOCRA y el Ejército.

En mayo de 1998 los trabajadores comenzaron una huelga y denunciaban una deuda de tres millones de pesos entre sueldos, insumos e impuestos». Sostenían que el entonces superintendente del SSS José Luis Lingieri les había informado que ese organismo «desembolsó 19 millones de pesos, pero nadie sabe a dónde fue a parar ese dinero».

Desde un primer momento las cuestiones financieras del policlínico fueron poco claras y generaron denuncias y acusaciones. La quiebra fue muy similar.

Una quiebra anunciada y fraudulenta

Los pasivos acumulados en la quiebra del policlínico Arbos, decretada en noviembre pasado, pueden superar los 14 millones de pesos que difícilmente alcancen a ser cubiertos con los escasos activos existentes.

La suerte del centro de salud sindical quedó sellada mucho antes del concurso de acreedores y la posterior quiebra, cuando sus directivos decidieron prestar los servicios deficitarios y tercerizar los rentables. Las deudas acumuladas derivaron en el remate de la sede y valioso ins- trumental por los que obtuvieron menos del cinco por ciento de su valor de mercado.

El proceso de quiebra fue solicitado en febrero de 2000 por más de 46 damnificados del policlínico ante el reiterado incumplimiento de los pagos acordados en el concurso previo.

Fruto de la errática política administrativa, el Arbos acumuló obligaciones con trabajadores, proveedores, entidades crediticias y el fisco que dieron lugar a varios juicios y embargos.

Uno de los más significativos fue el del bioquímico Alfredo Mogensen quien entabló una causa judicial por honorarios no cobrados cercanos a los 400 mil pesos que en 1995 concluyó en el remate del edificio de 5 pisos.

La propiedad fue adquirida por el Sanatorio del Sol por sólo el valor de la seña, ya que la liquidación del saldo de subasta quedó supeditada, mediante acuerdo judicial, a la escrituración que todavía continúa pendiente. En un incidente resuelto recientemente en el marco de la quiebra se obliga al adquirente a completar los trámites de mensura e integrar el saldo pendiente en 60 días bajo «apercibimiento de caducidad del remate».

En un intento por sanear las cuentas del ARBOS el directorio se presentó en convocatoria de acreedores en diciembre de 1998, bajo el patrocinio del estudio jurídico Blanco-Botbol-Hussmann. En el concurso se reclamaron cerca de 14 millones de pesos, pero tras la reducción que operó la verificación judicial se negoció un acuerdo de pago que redujo las acreencias totales a 6,3 millones, a saldar en 10 años, porque muchos de los presuntos créditos fueron rechazados por espúreos. (AB)


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