Gritos y desalojo en “La Escuelita” IV

El alegato de la APDH fastidió a los imputados. El excomisario Camarelli fue obligado a salir de la sala de audiencias.

La acusación de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH) causó profundo malestar entre los acusados ayer en la sala, al punto que el excomisario rionegrino Antonio Camarelli debió ser retirado por la fuerza pública cuando pretendió contestar, a los gritos, la argumentación del querellante Juan Cruz Goñi.

“Los represores sentados en ese banquillo no son pobres ancianos; son criminales de Estado que han violado las leyes más elementales de la humanidad: secuestraron, torturaron, desaparecieron, asesinaron y hasta violaron hombres y mujeres por ellos considerados sus enemigos. La vejez no les atribuye inocencia”, planteó el abogado al término de su alegato.

Goñi y su par Cecilia Fanessi comenzaron la acusación pasadas las 9:30 y finalizaron siete horas después, con dos intervalos de media hora.

El público colmó la sala de audiencias y observó el disgusto de los imputados porque el abogado no sólo acusó a cada uno por las pruebas que trajeron los testigos en su contra, sino a contrarrestó con documentación la inocencia que alegaron cuando hablaron ante los jueces.

Ya el martes los acusados Gustavo Sommer (que ayer no estuvo), el exmilitar Jorge Di Pasquale y Camarelli habían realizado comentarios que fueron neutralizados por el presidente del tribunal, Alejandro Silva.

Fue notoria la ofuscación de Di Pasquale –evitó reaccionar para que no lo sacaran– cuando Goñi le recordó su participación en el levantamientos “cara pintadas” contra el gobierno democrático, o cuando sostuvo que era un “criminal fanático” que reivindicó la teoría de la guerra pero “como auténtico genocida, negó a las víctimas su condición” y luego fue ascendido “en su carrera delictiva” al Destacamento 101 de La Plata, como jefe de operaciones especiales en “La Cacha”.

Calificó su declaración de inocencia como “mendaz” al igual que los dichos del subcomisario de la Federal, Jorge Soza, quien también hizo gestos cuando encuadró su descargo como el del “criminal conformista”, que participó de torturas y secuestros “por obligación, para no tener pérdidas materiales”.

Camarelli no aguantó siquiera el punteado inicial del querellante y se levantó del banquillo a los gritos para refutar el alegato, por lo que Silva ordenó retirarlo del recinto. El resto de la acusación permaneció fuera de la sala.

Goñi reclamó penas acordes con la “atrocidad” de los delitos cometidos. Recordó que en 2012 el tribunal se posicionó con una argumentación similar a la de los querellantes pero dictó sentencias exiguas y esto derivó en un llamado de atención de la Cámara Nacional de Casación.

“No queremos condenas de 3, 6 ó 7 años para quienes fueron parte de la maquinaria de tortura y de muerte”, sostuvo.

Penas pedidas

Datos

2 condenas
perpetuas para Oscar Reinhold y Luis Farías Barrera.
25 años
para Hilarión Sosa, Enrique Olea, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín, Jorge Di Pasquale, Raúl Guglielminetti, Gustavo Vitón, Osvaldo Laurella Crippa, Jorge Soza, Antonio Camarelli y Miguel Quiñones.
21 años
para Néstor Castelli, Ramón Saboredo, Emilio Rosar, Miguel Cancrini, Enrique Sires, Gustavo Sommer, Saturnino Martínez, Gerónimo Huircaín
y Julio Villalobos.

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