Impuestos: ¿contribución al bienestar o a la corrupción?

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RICARDO MATÍAS TADDEO (*)

La historia de los impuestos en el país acompaña en los últimos 40 años el recorrido de muchas y desafortunadas disposiciones dictadas por presidentes y funcionarios de diferentes gobiernos. Algunas de ellas de intención provisoria pero que casi siempre pasaron a formar parte del elenco estable de los impuestos que nos toca soportar. Para revisar el tema tomo como punto de partida la legislación correspondiente al IVA, dictada en 1973 con el loable propósito de eliminar una superposición impositiva que castigaba indebidamente los actos comerciales; a partir de esa época la falta de criterio degeneró hasta la situación actual. Los impuestos, salvo pocas excepciones, no los pagan las empresas, los comerciantes, los gobiernos ni los funcionarios que los aplican; “ los impuestos los paga el último eslabón de la cadena” o sea el consumidor final. Los precios que pagamos por cualquier objeto, alimento, combustible, indumentaria, etc. o cualquier servicio ya tienen incluido en su valor el total de los impuestos y las cargas sociales (impuestos al trabajo) que corresponden afrontar hasta que el producto se vende. Muchos ciudadanos desconocen que siempre pagarán los impuestos que se impongan en cualquier estadío del ciclo económico, por eso cuando se aplica un impuesto a alguna actividad que no es la propia no se preocupan, creen que a ellos no les toca, sin darse cuenta de que la empresa lo va a pagar pero con todo derecho, lo va a cargar a sus costos y al precio, que será aumentado tantas veces como sea necesario. Aun en este siglo XXI es dable escuchar a funcionarios y algunos candidatos a serlo, inducir a los ciudadanos a creer que los impuestos los van a pagar otros, no ellos. Estos personajes no desconocen los mecanismos de formación de precios, pero se aprovechan del desconocimiento general. Como ejemplo podemos citar declaraciones recientes diciendo que “hay que imponer impuestos a quienes obtienen ganancias financieras, porque no es justo que ellos no paguen o paguen poco y los trabajadores tengan que pagar siempre”. No lo duden, esos impuestos también los van a pagar los trabajadores y todos los demás consumidores. En el contrato social de cualquier país (en nuestro caso la Constitución Nacional) que le da existencia a un Estado, los impuestos son la base que lo sustenta, y está bien que así sea, pues la organización y gestión del Estado no podrían llevarse a cabo sin recursos. O sea, que el impuesto es un costo social inevitable y tenemos que aceptar la necesidad de convivir con él toda la vida, porque si queremos un Estado, debemos mantenerlo. Lo que no está bien es que se impongan impuestos que recaen en la ciudadanía en forma injusta e inequitativa, además de otros que podrían calificarse de distorsivos y superpuestos, y/o que se dilapiden en clientelismo político y en los bolsillos de funcionarios y empresarios corruptos, en lugar de que vuelvan en forma de servicios y obras tan necesarias para el bienestar de la población. Los impuestos mal administrados facilitan una manera sutil y anónima de quedarse con el esfuerzo de la gente. Es habitual observar a funcionarios públicos que frente al déficit fiscal sólo saben emitir moneda, endeudarse, agregar impuestos y/o aumentar los ya existentes, en lugar de moderar el gasto público. Veamos algunos ejemplos que muestran la calidad de nuestro sistema impositivo y de los impuestos implícitos, disimulados bajo otras figuras: 1- La evasión como castigo social. La presión fiscal excesiva, dispersa, confusa, abusiva, expoliante, expropiante, superpuesta, extorsiva y distorsiva es la principal generadora de evasión y elusión. Según los datos estadísticos aportados por organismos del Estado nacional y por consultoras privadas, se estima que entre el 30 y el 40% de los impuestos (incluidos los impuestos al trabajo) se evade sistemáticamente. 2- La superposición de impuestos. Un ejemplo claro lo brinda el IVA, en 1973 se lo legisló con el objeto de eliminar la superposición existente entre el Impuesto a las Ventas (nacional) y los impuestos a las Actividades Lucrativas (provinciales). Hubo un intento inicial de cumplir la ley, pero luego el manejo arbitrario de la coparticipación federal y las necesidades y ambiciones de las provincias hizo que brotara el impuesto a los Ingresos Brutos en todas las provincias argentinas, que juntamente con el IVA a nivel nacional (antes Ventas) mantienen la misma superposición anterior pues gravan los mismos actos. 3- Exacción y gasto anticipado. Hace años, los impuestos sobre los actos comerciales se pagaban mensualmente, cuando los bienes o servicios habían sido entregados, la factura emitida y el pago se había cumplimentado. Anualmente se liquidaba y pagaba el impuesto a las Ganancias, cuando la misma había sido realizada. Hoy se pagan anticipos de impuestos sin que el hecho comercial se haya perfeccionado. Sin que nos demos cuenta, sutilmente, esto no ocurrió en un día, el Estado se ha anticipado cada vez más impuestos a sí mismo, consumiéndolos antes de que estén realmente devengados, quitando capital de trabajo del ciclo productivo y comercial e incrementando los costos financieros de las empresas, que también son pagados por el explotado consumidor final. 4- Casos de impuestos distorsivos, algunos ejemplos tales como: • el impuesto al depósito y la extracción de dinero en cuentas bancarias creó una exacción que se contradice con el objetivo de bancarizar las transacciones comerciales, paso esencial para inducir al blanqueo de todas las operaciones y sanear la economía. • el cobro de un impuesto a los bienes personales, por el solo hecho de tenerlos. Ya se pagaron impuestos al fabricarlos o importarlos, al venderlos, al comprarlos, al ganar el dinero para la compra, ¿cuál es la razón que justifique seguir pagando por tenerlos? Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que éste es un impuesto expropiante. • la aplicación de un impuesto a la ganancia presunta, que se calcula sobre los activos, sin tomar las deudas, como si el hecho de tener bienes obligara a obtener ganancias. 5- Injusticia aplicada. Si el Estado cobra de más, situación bastante común debido al sistema de anticipos, no lo devuelve, queda acreditado para aplicar en años siguientes y no genera ningún interés ni actualización de valor. Mientras tanto si se paga tarde o se toma algún plan de facilidades, actualmente habrá que abonar un 3% mensual de intereses. 6- La inflación, impuesto no formalizado como tal que desgasta día a día el poder adquisitivo de la población y al mismo tiempo licua las deudas del Estado, en este caso oculto en la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. El consumidor nunca alcanza a equiparar sus ingresos con los precios. 7- El exceso de costo administrativo. La variedad y complejidad del sistema impositivo tienen como consecuencia la creación de empleos administrativos innecesarios, tanto privados como públicos. No es ésta la creación de empleo que le hace bien a un país. Esto es creación de empleo improductivo que tiene un objetivo clientelar y disimula el índice de desempleo. Esto genera mayor déficit fiscal (se paga con mayores impuestos) y mayores costos en las empresas (incremento de precios). Los ejemplos que he mencionado son sólo una parte de la realidad . En nuestro país gozamos del pago de innumerables imposiciones nacionales, provinciales y municipales, además de las no declaradas como tales, que afectan significativamente la economía personal de todos los individuos y enrarecen el mundo de los negocios de muy diversas maneras. La avidez fiscal del Estado ha superado lo imaginable, además de las transacciones comerciales originadas en la producción de bienes y servicios, cualquier acto privado, inclusive los que son a título gratuito, deben contribuir. En la provincia de Buenos Aires se ha reimplantado el impuesto a la herencia y hay otras en el mismo camino. Las utilidades distribuidas como dividendos, luego de pagados todos los impuestos que corresponden, deben pagar otra vez por el sólo hecho de transferirse a los beneficiarios. Simplificando el sistema impositivo, reduciendo la cantidad de impuestos, mediante la concentración de los mismos en la comercialización de productos y servicios, eliminando innecesarias y malas prácticas, tendríamos un país mejor a corto plazo. También habría que eliminar el confuso y complejo formato actual de retenciones y aportes sobre las remuneraciones, sistema originado hace más de un siglo bajo otras condiciones sociales. Es necesario asimismo que los funcionarios se apliquen a administrar el gasto del Estado en concordancia con la evolución del PBI y no que recurran a la emisión arbitraria ni al incremento de la carga impositiva cada vez que tienen un déficit fiscal que ellos mismos provocan. Nuestro país necesita una reforma impositiva profunda, y es posible. (*) Contador público nacional. San Martín de los Andes