Impulsan licitación de la cartelería urbana

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Este jueves, el Ejecutivo envió al Concejo Municipal el proyecto de ordenanza con los pliegos de licitación para la explotación de la publicidad urbana en cartelería y en señaladores de calle, que quedó paralizada tras las gruesas irregularidades registradas en la fallida gestión de Omar Goye y fue una de las causales de revocatoria del mandatario.

La iniciativa, firmada por al intendenta María Eugenia Martini y su secretario de Gobierno, establece una base mínima mensual en concepto de canon de 300 mil pesos (150 mil módulos fiscales), exenta de otros derechos de de publicidad y proganda.

Entre las condiciones descritas en el proyecto de ordenanza se obliga al futuro concesionario a contar con una oficina comercial, debidamente habilitada, en la ciudad para subsanar la situación registrada con las últimas firmas que operaban desde Buenos Aires eludiendo otros tributos comerciales al municipio.

En los fundamentos la intendencia recordó la rescisión plena de la licitación 7/06, que beneficio a la firma Publicidad Sarmiento, y señaló la necesidad de “regularizar la imagen urbana respecto a los señaladores de calle y las carteleras publicitarias, dada la importancia de mantener la imagen urbana de municipio acorde a una estructura de ciudad turística”.

Para ello se requiere la adecuación de los señaladores de calle, que en la actualidad tienen distintos diseños y se prevé el emplazamiento de 300 carteles por cada año de concesión -cuya duración nos trascendió- y su mantenimiento.

Las irregularidades detectadas con los contratos de explotación de la publicidad callejera del municipio le valieron más de un dolor de cabeza a los ex intendentes Marcelo Cascón y Goye.

El último mandatario fue multado en 3.000 pesos por el Tribunal de Contralor que lo encontró responsable de facilitar a la firma Outdoor Media S.R.L. la comercialización ilegítima de publicidad callejera mediante actos administrativos irregulares y falta de control.

En junio pasado el Contralor elevó su investigación a la justicia penal para que meritue si el ex mandatario incurrió en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y perjuicio al erario municipal por la falta de cobro de publicidad en la vía pública, tanto en los denominados chupetes como en los nomencladores de las calles.

También dio participación a la Asesoría Letrada de Intendencia para que analice la promoción de acciones civiles o penales contra Outdoors Media por continuar con la explotación de la cartelería callejera luego de la rescisión del contrato que dispuso el municipio el 6 de febrero de 2012 mediante carta documento.

El Tribunal de Contralor decidió abrir las actuaciones contra el ex titular del Ejecutivo luego de un “proceso de investigación” que comprobó la violación de diversos artículos de la Carta Orgánica y otras omisiones de la administración que habrían causado un importante perjuicio económico al municipio.

Goye abortó la relación con Outdoors Media por una deuda de canon y porque la empresa no había colocado los refugios de transporte y los señaladores de calles que le imponía el contrato.

La rescisión se realizó mediante carta documento pero sin la cumplimientación de los actos administrativos mientras el municipio dilató la tarea de erradicar la carteleria en falta, sosteniendo así la comercialización irregular de la misma.

DeBariloche