Imputaron a ocho personas por la toma del ISSN en La Angostura: hay detenidos
La toma de tierras en un predio del ISSN en Villa La Angostura terminó con un gran operativo policial. Foto: Gentileza
La toma El Acampe comenzó en octubre del año pasado, y se ubica en un terreno céntrico de Villa La Angostura que pertenece al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). El lunes hubo un gran despliegue policial en el que detuvieron a seis personas. Ayer, el Ministerio Público Fiscal le formuló cargos a cuatro hombres y cuatro mujeres, que quedaron detenidas.
Ocho personas fueron acusadas por usurpación, amenazas hurto y resistencia a la autoridad en el contexto de una investigación que inició el Ministerio Público Fiscal, por la ocupación de un predio del ISSN en la ciudad de Villa la Angostura. Y en el caso de una de las imputadas, también se le atribuyó el delito de tenencia de armas.
La formulación de cargos estuvo a cargo del fiscal del caso Adrián de Lillo y del asistente letrado Ramiro Amaya. Mediante una audiencia realizada por videoconferencia durante la mañana de ayer y que continúo por la tarde, imputaron a cuatro hombres junto con cuatro mujeres.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron que, en el caso de uno de los hombres le impongan cuatro meses de prisión preventiva; y 15 días a los tres hombres restantes. Respecto a las cuatro mujeres el requerimiento fue que permanezcan detenidas con prisión domiciliaria por 15 días. Argumentaron que existe riesgo de que entorpezcan la investigación.
El juez de garantías que dirigió la audiencia avaló la formulación de cargos y sobre las detenciones resolvió que el primero de los hombres quede detenido con cuatro meses de prisión preventiva y que el resto de los hombres y mujeres queden detenidos por siete días, aunque las mujeres en prisión domiciliaria. En todos los casos, se estableció que no podrán regresar al predio ocupado por un lapso de un año y no podrán tener contacto con testigos del caso.
Uno de los hechos descriptos en la audiencia y que involucró a los ocho acusados y acusadas, fue que entre las 22 del 27 de octubre y las 10 del 28 de octubre, invadieron el predio del ISSN ubicado sobre la avenida Nahuel Huapi. Mediante violencia, y junto a un grupo de 25 personas aproximadamente, despojaron al organismo provincial de la posesión del predio. Y con actos intimidatorios y violentos, repelieron los intentos del personal de la Policía de Neuquén para evitar la consolidación de la ocupación ilícita.
Otro hecho fue que, de modo organizado, sistemático y continuado, entre el 6 de octubre de 2020 y hasta el 19 de julio de 2021, amenazaron en forma coactiva a diversas personas que ocuparon el predio del ISSN. Lo hicieron mediante la exigencia continua de que estén presentes en el lugar de la ocupación, que construyeran con celeridad en el lugar asignado, que intervinieran ante los procedimientos policiales que buscaban impedir el ingreso de materiales al predio y que interpusieran a los niños y niñas frente a los y las efectivas de la Policía. Los acusados y acusadas también exigieron que se respetara la autoridad de ellos y ellas, todo esto para impedir la expulsión del predio ocupado.
En forma simultánea se les atribuyó que desde el 27 de octubre de 2020 y hasta el 19 de julio de 2021, amenazaron en forma coactiva al gobernador de la provincia Omar Gutiérrez y al intendente de la ciudad Fabio Stefani. Con el propósito de lograr la concesión del predio ocupado ilícitamente, exigieron a través de los medios de comunicación la entrega de la propiedad de la tierra, bajo amenaza no sólo de mantenerse en forma permanente en el lugar sino también de ampliar la ocupación hacia terrenos lindantes.
La investigación comprende además diversos hechos, por amenazas verbales y con armas blancas de parte de algunos de los acusados de los acusados hacia otras personas; así como tenencia de armas de uso civil sin autorización; desobediencia de órdenes del personal policial mediante las cuales se les informó que no podían ingresar materiales de construcción al predio, además de haberlas resistido en algunos casos mediante intimidación y la interposición de niños y niñas menores de edad. También se los acusa por realizar conexiones ilegales de agua y electricidad para abastecer al predio
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