Irene Méndez: “No encontraban a quien culpar y lo hicieron conmigo”

Irene Méndez fue condenada a prisión perpetua por el homicidio de Eduardo Honores. Un segundo fallo con perspectiva de género le bajó la pena a 10 años. Ella asegura que es inocente.

Irene Méndez junto al defensor oficial Juan Pablo Piombo.  La causa está en el Superior Tribunal de Justicia.

Irene Méndez junto al defensor oficial Juan Pablo Piombo. La causa está en el Superior Tribunal de Justicia.

No soy una prostituta, sino también soy chorra, madre, estudiante y muchas cosas más”. La frase de Irene Méndez retumba en el pabellón del Penal 10 de Roca donde pasa sus días y sus noches hace más de dos años. Está en prisión preventiva por el homicidio de Eduardo Honores, ocurrido el 7 de mayo de 2017 en Cipolletti.

La condenaron dos veces. La primera fue perpetua, la segunda, hace algunas semanas, le aplicaron una pena de 10 años en un fallo que tuvo tratamiento con perspectiva de género.

Ella insiste en que es inocente y que la “engancharon” porque tiene antecedentes. La causa fue apelada nuevamente y ahora está en algún archivo virtual del Superior Tribunal de Justicia. Méndez conocía a Honores y se frecuentaban. Consta en la investigación que el día del crimen mantuvo contacto telefónico con él.

La primera condena fue en octubre del año pasado. El tribunal compuesto Álvaro Meynet -ya retirado- Florencia Caruso y Julio Martínez Vivot avaló la teoría de la fiscalía y en un fallo unánime la condenó a perpetua.

En la revisión, esa sentencia fue duramente criticada por el Tribunal de Impugnación. Es más el primer voto, que quedó en minoría, propuso directamente la absolución, basado en la deficiente investigación y en la falta de razonamiento del trío Meynet, Caruso y Vivot.

Los otros dos votos de la mayoría ordenaron un nuevo juicio bajo la figura de homicidio simple con una escala penal que va desde los ocho hasta los veinticinco años de prisión.

Los nuevos jueces Guillermo Bustamente y Agustina Bagniole (y Vivot que repitió esa segunda integración) impusieron la pena de diez años pero hicieron un tratamiento con perspectiva de género y consideraron que Irene es una mujer vulnerable y con una historia de sufrimiento que incluye violencia y abusos sexuales.

“Yo soy inocente, no lo maté, pero como la fiscalía no encontraba a quien culpar lo hicieron conmigo. Dijeron acá está esta viuda negra con antecedentes y me engancharon”, contó en una entrevista con e Río Negro .

La nueva sentencia “sorprendió” a la mujer pero ella asegura que ahora va por la absolución. “No esperaba una pena tan baja, yo necesitaba una condena para ir al Superior Tribunal de Justicia, pero no esperaba eso”.

“La única prueba que ellos tienen contra mí es que yo tengo antecedentes, porque tengo dos robos calificados, pero homicidios ninguno, menos de una persona que me daba una mano. Ellos tienen unas huellas de zapatilla que son de 37 a 40 y yo calzó 35-36, unas colillas que se suponen que yo mientras lo mataba y revolvía la casa me fumé un par de puchos, pero sin cenizas. Hay colillas con mi ADN pero yo fumaba afuera no adentro, nadie fumaba adentro. No me dejaron hacer un estudio para comprobar que esos puchos habían estado afuera, a la intemperie, era una prueba muy importante para mí”, aseguró.

Irene nació en Barda del Medio y según su relato atravesó experiencias que le “arruinaron” la vida. Contó que en ese contexto donde se crió o eras “chorro o te prostituías”. “Yo empecé robando y por no robar más terminé de prostituta. Por no terminar en cana, eso es lo que yo viví”.

Los testimonios que se presentaron a este último juicio (muchos de ellos peritos y profesionales que la entrevistaron) aseguraron que tuvo una vida durísima. Que fue abusada sexualmente de niña, que quedó embarazada y que en este contexto tuvo que recurrir a la adopción. También afirmaron que se empezó a prostituir a los 12 o 13 años para ayudar a su familia.

Irene explicó que fue estigmatizada bajo el significante de “ viuda negra” y que eso la afectó mucho. Sin embargo en estos dos años no recibió asistencia psicológica: “Sabés las veces que las pedí, pero nunca tuve asistencia. La reinserción de la cárcel está solo en los libros. Acá se viven muchas cosas, es difícil mantenerse”.

Antes, Irene pasó siete años en prisión por dos robos calificados. En ese tiempo aprovechó para terminar la primera y secundaria. Otro factor que influyó en la condena fue la situación de salud de la víctima. Honores tenía HIV pero nunca se lo contó a Irene a pesar de haber mantenido relaciones sexuales. “Yo estoy libre del virus porque siempre me cuidé pero él nunca lo dijo. En el juicio hubo muchos testimonios de personas que se infectaron por él”, detalló.

El momento más duro que le tocó atravesar a Irene fue cuando decidió cortarse la pulsera electrónica y huir. Fue en junio del año pasado, meses antes de conocer la primera condena. “Quería escapar de todo esto. Entraba gente llorando a mi casa, fue cuando empezaron a decir que me iban a dar 35 años y colapsé, me desesperé y me fui. Me hago cargo de lo que hice, pero fue una momento muy duro”, recordó desde el penal de Roca.

Puntos flojos de la investigación

El Tribunal de Impugnación analizó el recurso presentado por la defensa luego de la primera condena a prisión perpetua. El juez Miguel Cardella fue muy duro en sus conclusiones e incluso votó por absolver a Irene Méndez. Sin embargo sus colegas Rita Custet y Adrián Zimermmann, por mayoría, resolvieron la realización de un nuevo juicio pero con una calificación legal más leve.

Aquí algunos extractos: el voto de Cardella refiere que la sentencia es un “cúmulo de conclusiones subjetivas que no se ajustan al modelo probatorio constitucional”, que Méndez fue juzgada por indicios y que no se hallaron huellas de ella ni en los muebles ni en los cajones de la casa de Honores, que habían sido supuestamente revueltos con el objetivo de encontrar dinero.

Sobre ese aspecto, el fallo afirma que en el juicio “no se probó que la víctima tuviera dinero”.

Los jueces dijeron que “probablemente” tenía dinero porque él era empresario y sus hijos aseguraron haber encontrado 150 mil pesos escondidos en una lata de arroz.

Ese dinero supuestamente se lo repartieron entre ellos dos, la hija y el hijo, pero “no hay constancias” de esas circunstancias. “Fue una posición personal de los jueces basada en su criterio y no en las pruebas. Es una mirada parcial del tribunal que no tuvo presente el principio de inocencia”, reiteró Cardella.

El magistrado marcó una paradoja: “tuvimos más información en la audiencia (de impugnación) que lo que dice la sentencia, por ejemplo el dermonitrotest (positivo) a la hija de Honores”.

Cuando aludió a esa prueba indicó que Andrea Honores declaró que la policía le había explicado que la prueba positiva se produjo porque ingresó a la casa (antes de que lo hicieran los peritos) y pudo haber tocado pólvora.

Fue el propio jefe de Criminalística el que decidió no profundizar esa línea de investigación ni hacer un barrido electrónico.

Se criticó en el fallo que la investigación debe ser comandada por la fiscalía y no por los policías. También Cardella le sugirió a los funcionarios y funcionarias judiciales mejorar las técnicas de litigación, sobre todo si quieren tener un buen rendimiento en el juicio por jurados.

Del entrecruzamiento de llamadas surgió que el día de su muerte Honores intercambio mensajes y llamados con Irene, con otra mujer y con su pareja. Su último llamado fue a la empresa que le ofrecía servicios de alarma. Eso no se investigó.

Había en la casa un preservativo con ADN de otra mujer que ofrecía servicios sexuales pero el comisario que declaró en el juicio dijo que “le parecía viejo”. Aquí se marcó una vez más la subjetividad y la utilización de meros indicios para condenar a Irene Méndez. Las principal prueba que la compromete son las huellas en las colillas de cigarrillos.


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