Jugar con fuego

DE DOMINGO A domingo

ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar

La arrogancia fue, en buena proporción, la razón por la cual el radicalismo rionegrino perdió la hegemonía que ostentó durante 28 años en Río Negro. No parecen recordarlo Alberto Weretilneck y miembros de su gobierno cuando generan situaciones controversiales innecesarias o por motivos banales que afectan intereses de terceros y aluden de algún modo a una sobrevaloración de los propios deseos por sobre las normas. • El anuncio de que la segunda cuota del aguinaldo se pagaría recién el 3 de enero contribuyó en buena medida a incentivar el malestar que desde hace meses agita a los empleados estatales, y principalmente a los policías de Río Negro. Gremios y sectores reclaman la incorporación al básico de las sumas no remunerativas que distorsionan el salario, entre otras cuestiones. En el caso especial de los policías, al igual que en otras provincias, plantean que los sueldos están bajos en relación con la naturaleza de su labor y que sólo pueden llegar a mínimos aceptables sacrificando el descanso para hacer adicionales remunerados pobremente. El viernes, al calor del “efecto contagio” generado desde Córdoba, se diseminó la sensación de alarma en el gobierno, los municipios y sectores del comercio. Entonces, el gobernador buscó rectificarse: “Haremos el esfuerzo de adelantar el aguinaldo”, dijo, sin tener la idea clara de cómo concretarlo. Cuando la gestión Weretilneck advirtió la gravedad de la situación, ya tenía a centenares de policías autoconvocados en espacios públicos en Cipolletti, Bariloche, Roca y otras ciudades. Anima la protesta un planteo más de fondo: policías civiles reclaman que se les reconozca la posibilidad de ejercer la defensa de sus derechos laborales con cierta organización y sin ser sancionados. Y el caldo de cultivo es la proximidad de las Fiestas de fin de año, los reiterados cambios de autoridades en el área de Seguridad, las investigaciones internas tras cada fuga, las pésimas condiciones laborales en las que debe desarrollar su labor la mayoría de los policías –en edificios poco aptos, obligados a traslados costosos y a pagar su equipo– y los vaivenes de la relación entre Policía y custodia de las cárceles. Con la protesta en las calles, el gobierno prometió un reconocimiento salarial especial de 1.500 pesos para los policías y el personal de Salud que trabajen durante las Fiestas. Pero, como un búmeran, disparó la reacción de quienes –como en los hogares de Desarrollo Social– también trabajarán en esas fechas. El ministro de Seguridad había prometido un encuentro con los reclamantes, pero el conflicto apuró y el jefe de Policía, Fabián Gatti, animó un diálogo en Cipolletti. Anunció luego que una comisión de análisis había destrabado el conflicto, pero lo desmintió la realidad cuando se supo que en otras localidades no consideraban satisfactoria la propuesta. Albrieu y su par de Gobierno, Di Giacomo, tomaron la posta. La complejidad de la situación del Estado en Río Negro tiene en estos días en el eje a policías y a cárceles. Pero, en el fondo, revela la escasa visión del conjunto que el gobierno ha demostrado hasta el momento: muchos funcionarios con altísimos salarios, la ratificación de los cargos políticos de la gestión anterior ingresados “por la ventana” a la planta permanente, más de 4.000 nuevas designaciones en el año… La paradoja es que el gobierno ha tenido durante el año un discurso optimista en cuanto a sus recursos: anunció con alegría que la recaudación provincial de impuestos creció muy por encima del nivel inflacionario. ¿Cómo explicar ahora que no se pueda cumplir con las obligaciones salariales? Además, la diferencia entre pagar antes de Navidad o hacerlo el 3 de enero no se corresponde con la previsión de ingresos extras en esos días que, en su mayoría, serán feriados administrativos y bancarios. El tema, en suma, es que Río Negro no puede sustentar su planta de personal sin un auxilio extra, al que está acostumbrado como a un añejo vicio. Y que la autorización para contraer un préstamo bancario de 250 millones de pesos se está complicando más de lo previsto. Es de esperar que la imprevisión que llevó a las autoridades provinciales a este punto de su situación financiera no comprometa la tranquilidad pública. • La designación de Haroldo Lebed como ministro, cuando no cumple el requisito de los años de residencia que exige la Constitución rionegrina, representa una decisión irritante, sostenida más allá de toda prudencia. Si Weretilneck considera que esa cláusula lesiona la posibilidad de que las personas más aptas puedan ser designadas en su gestión, estuvo en sus manos promover su modificación. Pudo hacerlo por la vía de una enmienda que elimine también el requisito de residencia para los jueces, sobre lo cual todos los sectores políticos han manifestado consenso. En lugar de eso, prefirió ignorar la Constitución. Y mandó al propio Lebed a hacer el triste papel de asumir su autodefensa, invocando haber tenido hasta hace algunos años una casa de veraneo en el balneario El Cóndor. Tal argumento es desopilante. El domicilio es, según el Código Civil, el lugar donde una persona “tiene establecido el asiento principal de su residencia y de sus negocios”. Puede que se trate de una formalidad. Puede también que la relación de vecindad que Lebed ha mantenido con Río Negro lo haya dotado de un aceptable conocimiento de la realidad agropecuaria, a pesar de las dudas de que sea un experto en la fruticultura de los Valles, la principal actividad exportadora de la provincia. Pero no es para nada evidente que existan razones de Estado que justifiquen que Weretilneck pase por encima de la Constitución para designar a un ministro, habiendo en la provincia personas que cumplirían sobradamente los requerimientos del cargo. • El trámite rápido brindado al tratamiento en comisiones parlamentarias de la reforma al Código Procesal Penal no se condice con la trascendencia del tema ni con los más de dos años que acumula uno de los proyectos. El martes, la Legislatura se prepara a aprobar en general la iniciativa, aun cuando el proyecto no está aún escrito en su totalidad. No hay un texto final que tenga acuerdo de la comisión especial, no fue avalado por el Superior Tribunal de Justicia ni genera consensos siquiera en el Frente para la Victoria. ¿A qué votar, entonces? Todo parece reducirse al empeño del vicegobernador Carlos Peralta en cumplir su propio anuncio de que la reforma se trataría el 10 de diciembre, en coincidencia con la celebración de los 30 años de la restauración de la democracia. La falta de conocimiento técnico y de flexibilidad política de quien condujo la comisión ha contribuido a incrementar las diferencias en el FpV. Y es probable que la sesión genere fracturas que, en principio, partirían al medio el bloque Eva Perón. Allí, los pichettistas liderados por Ariel Rivero accederían a votar en general el proyecto y pasar a un inusual cuarto intermedio hasta marzo. Pero la radical Ana Piccinini difícilmente accederá a otro embate, luego de que su proyecto de Código Procesal Penal fuera excluido hasta del nombre del expediente. La arrogancia es un lujo que, en política, suele resultar muy costoso.