Juicio La Escuelita: sumaron la agresión sexual a la imputación por torturas en 1976

“Qué culpa tengo yo que (Jorge Ramón) González se haya muerto y me quieran hacer cargo de esas cosas; yo era el segundo jefe de la delegación de la policía Federal, el que debería estar involucrado es el jefe; no estuve allí”, se quejó fuertemente el subcomisario Jorge Soza durante la indagatoria que se llevó a cabo ayer por los ataques sexuales que sufrieron las secuestradas durante la dictadura.

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Casi tres horas llevó la ampliación de la indagatoria por violación de 12 de los 15 militares que están en juicio por los delitos de lesa humanidad.

Sólo el presidente del tribunal, Alejandro Cabral, y el fiscal José Nebbia estuvieron presentes en la sala.

El resto participó de modo virtual en la audiencia, debido a las prevenciones por los contagios en aumento de coronavirus.

Ninguno respondió en forma directa sobre las acusaciones en su contra. Con matices, apelaron a la frase “no entiendo de qué se me acusa, por eso no puedo ejercer mi defensa material”.

Walter Bartolomé Tejada agregó: “Yo no tuve nada que ver con el lugar de reunión de detenidos (LRD, como llamó en forma interna la dictadura a los centros clandestinos) eso era de subzona 51, a cargo de los comandantes de Seguridad y de Inteligencia con su personal designado, yo nada que ver”.

Tejada, desde Bahía Blanca y el Eduardo Molina Ezcurra, desde Buenos Aires, ni siquiera se mostraron en cámara durante su indagatoria en la sala virtual.

Hubo otros reclamos de quienes integraron los grupos de tarea: “Se me acusa de generalidades, no se dice ni cuándo, ni cómo, no entiendo”, respondió el segundo del destacamento 182 de Inteligencia en Neuquén, Molina Ezcurra.

El comandante de operaciones bahiense, Osvaldo Páez, corrigió a los jueces sobre el cargo y rol que tuvo en 1976; les indicó que era el presidente del Consejo Especial para la subzona 51 en el V Cuerpo y luego dijo que no hablaría porque no entendía la acusación.

“No conozco a las víctimas, no tengo idea de quién es ésta gente, no entiendo cual es la parte que me hace parte de este plan criminal”, dijo otro de los jerarcas del V Cuerpo, Norberto Condal.

A todos, la fiscalía les explicó que tres de las secuestradas que mantuvieron en cautiverio, fueron atacadas sexualmente y por eso le agregaban la imputación de violación a los cargos de tormentos y privación ilegal de la libertad que ya tenían en relación a estas 3 denunciantes.

“Debe ser responsable porque su aporte del traslado aéreo de las víctimas que llevó detenidas en forma clandestina terminó en violación, su aporte fue fundamental para que los abusos ocurrieran”, le describió el fiscal a l jefe de aviación del V Cuerpo, Juan José Capella.

Capella llegó acusado por homicidios, desaparición forzada y secuestros porque fue el piloto que llevó y trajo grupos de detenidos – desaparecidos (tabicados y en condiciones deplorables) en al menos 4 vuelos entre Neuquén y Bahia Blanca en junio de 1976.

El más original al responder si iba a declarar fue el civil de inteligencia Raúl Guglielminetti, el último en ser indagado. Con manos cruzadas sobre el pecho, desde la U31 de Ezeiza dijo “no, señor presidente, muchas gracias”.

Si faltaba algún ingrediente diferencial para el séptimo tramo de juzgamiento de lesa humanidad en Neuquén, ayer sumó un elemento nuevo: habrá 5 jueces y 2 sentencias al término de las audiencias.

Una sentencia establecerá la condena de los acusados por 19 de las denuncias, y otro fallo, dictado por jueces de Neuquén y Bahía, definirán la condena de los que están imputados por el secuestro y la desaparición forzada de Alicia Pifarré.

Es que en medio del juicio, el tribunal de Casación hizo lugar a la recusación del juez Alejandro Silva -uno de los integrantes del tribunal- y de Marcos Aguerrido (el cuarto juez) sólo para el caso de Pifarré, ya que para el resto de las denuncias, están habilitados para el juzgamiento.

Los jueces Alejandro Silva, Alejandro Cabral y Simón Bracco decidieron no suspender las audiencias ni convocar a otro juicio sólo por un caso, sino que otros jueces se ocuparan sólo del caso Pifarré, y que los otros magistrados cuenten con las mismas declaraciones, pruebas y testigos que se ventilaron desde diciembre en este juicio.

El juez Alejandro Cabral comunicó el fallo de Casación (emitido el 31 de mayo) que ordenó a los jueces bahienses Sebastián Foglia y Ernesto Sebastián integrar el tribunal para dictar sentencia a los acusados involucrados en la denuncia por la desaparición forzada y homicidio de Pifarré.

“Los jueces recibirán todas las audiencias anteriores y estarán a partir de ahora en las próximas a menos que definan que se les envíe” las grabaciones, aclaró el juez Cabral ante la pregunta de una de las defensoras sobre cómo seguía el juicio.