Juntas médicas

En los últimos días, y a partir de la noticia de la posible cancelación por parte del gobierno del sistema de juntas médicas, muchas son las opiniones que se han vertido. La mayor parte de ellas (o por lo menos lo que se ha leído en los medios de comunicación) cuestiona la idea o posibilidad de que los medios privados, clínicas y sanatorios, tomen el control de algo que, por definición, corresponde al Estado. En realidad, creo que todas las opiniones, a favor y en contra de esta idea, deben ser tenidas en cuenta y quizás no para producir un cambio sustancial en el sistema, sino lograr, si es que esto resulta posible, que lo que tenemos esté más reglamentado y bien claro para los que tienen la responsabilidad legal de emisión de certificaciones: los médicos, los médicos tratantes. Las juntas médicas tienen una corta historia. Fueron creadas en el 2006, a mediados de año, como orgánicas respecto de la conformación: médicos clínicos, laborales y especialistas en salud mental. Luego se agregó personal administrativo, un cierto equipamiento y, en general, funcionan en espacios ya descartados para la atención al público, como por ejemplo la Junta Médica de Bariloche que funciona en edificios a demoler en cualquier momento. Las cifras estadísticas, ya puestas en conocimiento, señalan un porcentaje que, de ser real, no explica lo que es realmente el trabajo de tener en cuenta los datos que hacen a la relación humana que se crea en estas evaluaciones. Los médicos trabajamos en ellas no solamente para evaluar opiniones de colegas, sino para tratar de definir prospectivamente la importancia de diagnósticos, tiempos de tratamiento y posibilidades de altas o readecuaciones laborales en las que el empleado no deja de trabajar, sino que lo hace en una forma distinta de su condición de contrato por un tiempo y luego, de ser solucionado el problema motivante, volver a su condición de tarea habitual. En la especialidad de psiquiatría quizás es donde más se nota la incidencia de lo que más molesta (y con razón) a las autoridades de cualquier gobierno, sea el actual u otro. En artículos anteriores publicados en este diario hablamos acerca de los problemas del denominado “Trastorno adaptativo o de la neurosis de renta”, haciendo hincapié en ambos artículos en el tema que, creo, es fundamental: la responsabilidad de nosotros, los médicos. En la actividad de junta médica es habitual encontrar psiquiatras o psicólogos que otorgan o piden para sus pacientes largas licencias por trastornos neuróticos que, de alguna manera, son los que tienen muchas personas, es decir cualquiera de nosotros. Si a esto agregamos que hay áreas de trabajo en las que existen suplencias y hasta suplencias de suplencias, como en el sector de educación, no hay provincia que aguante el gasto que esto implica. El colchón financiero que siempre ha ofrecido el Estado no se puede cambiar en lapsos tan cortos; yo diría que forma parte del ADN de nosotros los argentinos y si esto se cuestiona o se quita, aparecen los problemas. Y éstos pueden ser con los examinados (amenazas, gritos, llantos, insinuaciones, episodios de excitación psicomotriz, ir a la Justicia, etc.), con las instituciones, puesto que a veces hay una cierta connivencia en que se mantengan determinadas ausencias por conveniencias para ambas partes, y con los médicos tratantes. Aquí, a mi criterio, está el nudo de la cuestión. Pasar el sistema de juntas médicas al medio privado sin la adecuada experiencia de profesionales que ya están en este trabajo, sería trasladar el problema a un sector que no va a poder afrontar los costos (obviamente, sin subsidios del Estado, que de eso no se está hablando) y que va a ser evaluado por los mismos colegas acostumbrados a que por la ansiedad de un paciente corresponde, en Argentina, no menos de varios meses de licencia. Creo que ninguna junta médica de las cinco actuales ha puesto problemas en licencias de diagnósticos oncológicos, diagnósticos clínicos demostrables o traumatológicos, que sí se mueven dentro de las estadísticas esperables. La variable de ajuste está en los trastornos correspondientes a la salud mental y, dentro de esto, nadie va a poner en duda diagnósticos de enfermedades mentales como esquizofrenia, trastornos bipolares de desarrollo psicótico o psicosis maníaco-depresiva, trastornos degenerativos o de riesgo para el paciente o terceros o, si la evaluación así lo indica, un trastorno de ansiedad o uno adaptativo que realmente cuestione la salud mental del examinado. Lo que pasa es que de las licencias psiquiátricas nuestra historia laboral argentina ha hecho uso, abuso y muchas veces ha presentado como paradigmas situaciones indefendibles desde el punto de vista de las obligaciones laborales. Y no solamente esto: hay nuevos diagnósticos, como los cuestionables síndrome de fatiga crónica o fibromialgias, estados de sintomatologías que hasta el momento sólo son demostrables por los dichos del paciente (cansancio, dolores musculares, dificultades para encarar hechos de la vida diaria, etc.) y que no tienen correlatos clínicos o de laboratorio como para definirlos taxativamente como enfermedades. De alguna forma, todas estas afecciones terminan en los consultorios psiquiátricos y generan mermas laborales de importancia. Otras categorías diagnósticas que hacen también a la consulta de especialidad son también las nuevas enfermedades laborales generadas por el trabajo mismo y las contingencias de la relación entre empleador y empleado. Los diagnósticos de síndrome de Burnout (quemado, literalmente) o de mobbing (maltrato laboral) también terminan en la consulta PSI y muchas de las veces deberían ser parte de mediaciones en sistemas legales, más que consultas con médicos o psicólogos. Surge de todo esto que la clásica enfermedad mental ha pasado un poco a ser la mosca blanca de las evaluaciones o de las estadísticas. Prueba de ello es la ausencia de diagnósticos de severas patologías de salud mental en los registros y sí, en cambio, la repetición de los diagnósticos antes mencionados que, junto con las distimias o estados depresivos, se llevan prácticamente el total de la estadística. Otro tema es el relativo a la frecuencia de los evaluados respecto de sus consultas a los profesionales. En su mayor parte, las consultas realizadas a los médicos psiquiatras son de frecuencia mensual, tiempo necesario en algunos casos para evaluar la acción de determinados psicofármacos y de obtención de un nuevo período de licencia, si el profesional así lo considera. En general los tratamientos de las afecciones mencionadas pasan por psicofármacos y psicoterapia y algunas veces terapias alternativas. Las consultas psicológicas habitualmente son semanales o quincenales y, esto debe quedar claro, no llevan implícitamente la justificación de licencia laboral. Sabido es que los tratamientos psicoterapéuticos son, en general, de largos tiempos de permanencia, pero deberán sujetarse a la gravedad de la patología: una persona puede utilizar, por ejemplo, una consulta semanal sin que esto implique que no vaya a trabajar. Muchas veces hasta el regreso al trabajo debería ser tenido en cuenta como una indicación terapéutica. En fin, no se trata de minimizar lo que le pasa a la sociedad toda. Todos estamos al salto con la inseguridad, con los bajos sueldos (el promedio del profesional de junta médica es cercano a $ 7.000, dependiendo de la carga horaria), con el estrés que se filtra dentro de las instituciones y de las personas, con la desgracia de las jubilaciones obligadas por el sistema, donde los médicos nos jubilamos con mil seiscientos pesos más la zona, con el país y el mundo. Pero las cosas comienzan a cambiar muy de a poco si cada uno de nosotros intenta hacer lo mejor dentro de lo suyo, y esto significa que si es necesario poner límites, de buena manera y con las razones a la vista, se deberá ponerlos cuando otros no pueden, no deben o no quieren ponerlos. En juntas médicas o en cualquier otro trabajo. (*) Médico especialista en Psiquiatría. Bariloche

RONALDO ALFREDO VARELA (*)