Después de la condena penal, cómo sigue el reclamo del dinero de los planes sociales en Neuquén

¿Cuánto tiempo le llevará al gobierno de Neuquén recuperar los fondos desviados en la estafa con planes sociales? El reconocimiento del daño, su cuantificación, la determinación de responsabilidades patrimoniales y la eventual habilitación de embargos e inhibiciones implican un proceso complejo que difícilmente se resuelva en el corto plazo.

Hasta ahora lo que sucedió es que un tribunal penal declaró culpable por administración fraudulenta a un grupo de funcionarios, funcionarias y empleados estatales -12 en total- incluido Abel Di Luca, el exministro de Desarrollo Social de la gestión de Omar Gutiérrez. Si se mantiene la calificación o cambia a asociación ilícita, como quiere el gobernador Rolando Figueroa, será materia de discusión en este 2026. Todas las partes anunciaron que impugnarán la sentencia.

El reclamo del dinero que debía ir a los subsidios por desempleo y terminó financiando ilegalmente al Movimiento Popular Neuquino se tramita en el fuero procesal administrativo. Aquí no hay plazos fatales. La acción de la fiscalía de Estado se interpuso en 2024 (la maniobra se cometió entre 2020 y 2022) y todavía ni comenzó el período de producción de prueba en el juicio.

La sentencia de diciembre pasado es una carta que el gobierno tiene a su favor, ya que le permite avanzar en la devolución de fondos: la estafa existió y hay condenados.

Qué se debatió

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Ni bien se presentó la demanda el juez procesal administrativo de Neuquén, José Pusterla, la frenó. Dijo que «la declaración de responsabilidad patrimonial de los funcionarios públicos es competencia exclusiva y excluyente del Tribunal de Cuentas». Básicamente planteó que la fiscalía de Estado se adelantó y no agotó la vía administrativa.

El Tribunal Superior de Justicia corrigió esa decisión y le abrió la puerta para que pueda iniciar el juicio. Levantó la barrera de entrada.

Los vocales Alfredo Elosú Larumbe y Evaldo Moya, integrantes de la sala procesal administrativa, afirmaron que Pusterla tenía razón pero que había que tener «una perspectiva más amplia» en función del perjuicio ocasionado. El daño cuantificado es de $153.377.900, más intereses y costas. Una actualización que hizo el ministerio público fiscal lo ubica en $1.160 millones.

La pregunta no es sólo cuándo, sino cuánto de ese dinero podrá recuperarse.