Conflicto mapuche en Villa La Angostura: la trayectoria judicial del lote que ordenaron desalojar

La orden de desalojo contra una comunidad mapuche de Villa La Angostura trajo nuevamente a la escena una extensa disputa judicial alrededor de un terreno ubicado hacia el norte de la localidad, en cercanías del lago Nahuel Huapi.

La resolución fue firmada por el juez civil Francisco Astoul Bonorino y llegó a los integrantes de la comunidad Paicil Antriao la semana pasada, con un plazo de cinco días hábiles para cumplirla.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir Diario RÍO NEGRO, la causa por usurpación se inició alrededor de 2011 por la propiedad de un predio en cercanías de Puerto Elma, una zona de alto valor inmobiliario y turístico.

El derrotero judicial atrás del conflicto

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Un grupo de actores privados, encabezados por Ana María Bianchedi de Terzolo y un hombre llamado Andrés Mattana Besozzi, se presentaron ante la Justicia provincial para exigir la titularidad del terreno, identificado formalmente como «parte del lote 20-D Fracción II».

El proceso derivó en un juicio, cuya primera sentencia se dictaminó el 22 de octubre de 2020 por parte de un juez civil de Junín de los Andes. El magistrado ordenó la devolución del inmueble a los demandados.

Sin embargo, un fallo en segunda instancia de la sala I de la Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes revocó esa decisión el 29 de septiembre de 2021 y suspendió el proceso hasta la realización del relevamiento previsto por la ley 26.160, de emergencia territorial indígena.

La parte actora decidió recurrir entonces ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que el 25 de octubre del año pasado hizo lugar al planteo de los demandantes y confirmó lo resuelto en primera instancia, es decir, la sentencia que ordenaba la restitución del lote.

Casi cinco meses después, el 18 de marzo de este año, el máximo tribunal de la provincia se volvió a pronunciar. Esa vez fue para rechazar el Recurso Extraordinario Federal (REF) que habían interpuesto los abogados de la comunidad.

A la espera de la Corte Suprema

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Como informó Diario RÍO NEGRO, los representantes legales de Paicil Antriao recurrieron en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, instancia que por el momento no ha registrado avances.

Con la sentencia en primera instancia vigente, se ordenó el desalojo del predio bajo la firma del juez Bonorino.

Para la comunidad, su presencia en el lugar está históricamente amparada y fue incluida en el relevamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) cuando la ley que declaraba la emergencia territorial de las comunidades todavía estaba vigente.

La norma, que fue derogada por un decreto del presidente Javier Milei en diciembre del año pasado, implicaba, entre otras cosas, la suspensión de los desalojos.

Virgilio Sánchez, abogado de Paicil Antriao, explicó a este medio que el relevamiento territorial fue culminado por Nación, aunque la carpeta con el detalle administrativo nunca se entregó. El letrado vinculó la demora al cambio de gobierno y de autoridades en el INAI.

Este no es el único conflicto judicial que mantiene abierto la comunidad, que también afrontó litigios con la municipalidad local por el camping conocido como Correntoso y hasta con el exbasquetbolista Emanuel Ginóbili por un terreno de la zona.