El Alto Valle concentra el 60% de las causas penales en Río Negro
La demanda del fuero penal entre Catriel y Chichinales ronda los 3.000 procesos por año. La mayor cantidad de audiencias se realiza en la Segunda Circunscripción que tiene sede en Roca y es la más grande de la provincia.
Sergio Barotto vocal del STJ y Jorge Crespo, procurador de la provincia Foto: archivo/Florencia Salto.
Casi cincuenta jueces y juezas penales de Río Negro atienden la conflictividad delictiva que generan unas cinco mil causas por año. El nuevo código procesal, que ya lleva media década en vigencia, ofrece números alentadores: pocos juicios y muchas resoluciones alternativas.
“Los jueces y fiscales procurarán la solución del conflicto primario surgido a consecuencia del hecho, a fin de contribuir a restablecer la armonía entre sus protagonistas y la paz social”, dice el artículo 14 del código procesal aprobado en 2016 aunque sin lenguaje inclusivo. Al menos en ese aspecto, se cumple lo que manda la ley.
La reforma procesal sirvió de tamiz para evitar extensos y costosos debates que insumen muchos días y gente a disposición. La normativa entró en vigencia al año siguiente y acumula cinco calendarios que ya muestran algunos aspectos positivos.
Entre enero y octubre de este año, las Oficinas Judiciales Penales registraron 3.932 causas y concretaron 136 juicios orales y públicos. El resto se resolvió en etapas intermedias como por ejemplo a través de un juicio abreviado o una suspensión de juicio a prueba. Se estima que con el año completo serán unas 5.000 causas.
El sistema, por ahora, parece gozar de buena salud si se tiene en cuenta que 47 jueces y juezas penales administran toda esa conflictividad delictiva con el doble de fiscales. En los hechos, es la fiscalía la decide que lleva y que no a las Oficinas Judiciales para que ese órgano administrativo se lo asigne a un magistrado o magistrada. Con la reforma procesal, los agentes fiscales son quienes conducen la persecusión penal.
No se conoce el número de denuncias que recibe el Ministerio Público ya que son los primeros que tienen contacto con el delito y cruzan datos con las comisarías. La fiscalía, igualmente, tiene la posibilidad de archivar o desestimar una denuncia, de no investigar o de aplicar alguna resolución en la propia sede del Ministerio Público esquivando así la mirada de la magistratura.
El Alto Valle concentra el 60% de las causas penales
Los números demuestran que los jueces y juezas del Alto Valle son los que mayor demanda tienen, concentran el 60% de las audiencias en toda la provincia. La de Viedma es la sede judicial con menor actividad, mientras que Bariloche es la que más audiencias tuvo en lo que va del año.
La estadística fría admite varias lecturas: por un lado en la región del Alto Valle se encuentran las ciudades de mayor densidad poblacional. Por ejemplo, la segunda circunscripción con cabecera en Roca abarca desde Río Colorado hasta Allen. Es la más grande y las que más jueces y juezas tiene: 13 solo para Roca, una para Villa Regina y dos para Choele Choel.
Cipolletti y Bariloche tienen la misma cantidad de jueces: diez cada una. También tienen números similares, pero al englobar todo el Alto Valle se demuestra que es la zona de mayor demanda del sistema judicial.
Otros datos significativos en las estadísticas oficiales es la cantidad de audiencias por cámara Gesell que representan el 8% del total. Es una cifra muy alta que se vincula especialmente con la cantidad de causas por abusos sexuales que involucra niños, niñas y adolescentes.
El delito contra la integridad sexual está en el segundo lugar en Río Negro y concentra el 18% de las causas penales, pero a eso hay que sumarle un 17% que son delitos contra las personas que incluyen casos de violencia de género. Entre los delitos contra la administración pública, que representan el 15%, también se cuentan las violaciones a las prohibiciones de acercamiento por género. El delito que lidera el ranking es contra la propiedad: 28%.
Los números ponen en evidencia el espíritu de la reforma procesal que es evitar llegar a juicio y buscar soluciones alternativas. Por eso la suspensión de juicio a prueba figura en segundo lugar de audiencia, cerca de 1400 en el último año y el 10% del total.
El juicio abreviado, una herramienta que se utiliza mucho en la Cuarta Circunscripción, especialmente la descentralizada de Catriel y Cinco Saltos que comanda el fiscal jefe Gustavo Herrera. Concentra el 7% del total de las audiencias de los últimos 12 meses: fueron cerca de mil, y superó en varios puntos a los número de 2021.
Sin ir más lejos, la semana pasada el vocal del Superior Tribunal de Justicial Ricardo Apcarian dejó en claro que el «norte» de la justicia en Río Negro es la mediación. Si bien no forma parte del fuero penal, es el objetivo del órgano de justicia: llegar a acuerdos de partes y evitar el juicio. El beneficio es enorme; tanto económico como de tiempo porque los procesos, de cualquier fuero, demoran años.
El código procesal también le da la potestad a la fiscalía de fijar la política criminal y son los únicos que pueden realizar investigaciones ya que los jueces lo tienen prohibido por ley. Por eso este año, el Ministerio Público que dirige el procurador Jorge Crespo reforzó sus equipos con fiscales titulares y adjuntos. La próxima semana en Cipolletti, el Consejo de la Magistratura tiene previsto nombrar dos fiscales titulares y tres adjuntos. En números, hay 47 jueces y juezas por el doble, o quizás más, de fiscales.
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