Empresario descuartizado: apartaron a un comisario por presunta participación en el crimen

Un fiscal pidió indagar a Héctor Córdoba, mientras avanza la causa y se analizan más pruebas sobre el crimen del empresario descuartizado. El oficial tenía vínculos comerciales con Maximiliano Pilepich, principal acusado y actualmente prófugo.

Un comisario de la Policía de la Ciudad, a quien un fiscal pidió investigar por su presunta participación en el crimen del empresario Fernando Pérez Algaba, fue pasado a disponibilidad en la fuerza mientras avanza la causa y se analiza su responsabilidad, informaron hoy fuentes policiales. El trader había sido hallado descuartizado en julio pasado en un arroyo de Ingeniero Budge.

Se trata del comisario Héctor Córdoba. La separación del cargo se dará hasta que se establezca una presunta participación en el caso. Aunque, Marcelo Domínguez -titular de la Unidad Funcional de Instrucción de Lomas de Zamora- había solicitado la detención en el marco de la causa por el crimen de «Lechuga» Pérez Algaba (41), no fue concedida. El juez de Garantías 4 a cargo de ese distrito, Sebastián Monelos, consideró que faltan pruebas para encarcelarlo.

No obstante, al haber sido imputado en la causa por la fiscalía, las autoridades de la Oficina de Transparencia y Control de la fuerza porteña resolvieron el pasado lunes pasarlo a disponibilidad mientras avanza la causa.

De acuerdo al pedido de arresto realizado por el fiscal Domínguez -al que Télam tuvo acceso-, el comisario, quien se desempeñaba en el área de comunicaciones de la Policía de la Ciudad, tenía vínculos comerciales como el principal acusado del crimen de «Lechuga», Maximiliano Pilepich, actualmente prófugo y con pedido de captura nacional e internacional.

Y es en el marco de esa relación que el Ministerio Público cree que Córdoba le entregó a Pilepich un número de abonado telefónico con el que el acusado mantuvo diversas comunicaciones -incluso con el comisario- entre el 18 y 19 de julio pasado, días en los que se cree que Pérez Algaba fue asesinado de dos tiros por la espalda y luego descuartizado y arrojado a un arroyo de Ingeniero Budge dentro de una valija y un bolso.

Para el fiscal, el comisario, además de habilitarle la línea telefónica, instruyó a Pilepich en cómo emplear y manejar la cuestión tecnológica para evitar ser vinculado al hecho.

Si bien para el juez la prueba reunida indica que que no se puede desconocer el vínculo entre ambos, no existen elementos suficientes por el momento para abonar la hipótesis fiscal que vincula al comisario con el cuádruple crimen del empresario, según indicó en la resolución en la que rechazó su pedido de arresto y avaló inicialmente el de otras cinco personas: Pilepich, Nahuel Vargas (también prófugo), Matías Ezequiel Gil, Fernando Gastón Martín Carrizo y Luis Alberto Contreras, todos detenidos el pasado lunes.

En tanto al día siguiente, el martes pasado, el juez avaló el pedido de detención de la gestora y amiga de «Lechuga», Lorena Bonrad, actualmente presa y también acusada, como el resto, de homicidio cuádruplemente agravado por el uso de arma, por alevosía, por codicia y por el concurso premeditado de dos o más personas.

Para fundamentar los pedidos de arresto de todos los sospechosos, el fiscal Domínguez hizo hincapié en pruebas basadas en el análisis de las comunicaciones y movimientos de los celulares que utilizaban la víctima y los sospechosos.

Domínguez afirmó que el móvil del crimen del empresario Pérez Algaba fue una deuda por 50.000 dólares y por 17 terrenos que el imputado Pilepich debía entregarle a la víctima, quien, con el fin de cobrarla, fue la tarde del 18 de julio hasta el predio «Renacer» de General Rodríguez a encontrarse con él.

Camino a ese campo, donde se cree pudo ser capturado y asesinado, «Lechuga» reconoció en un mensaje de audio que temía por su vida ante la posibilidad de ser baleado, según las pruebas aludidas por el fiscal.

El representante del Ministerio Público consideró que, más allá de sus negocios en común, entre Pilepich y Pérez Algaba existía «una relación de amores y odio, en la que se advierte y se puede afirmar la existencia de discusiones peleas y amenazas que se efectuaban entre ambos», e incluso hace mención a un antecedente en el que el ahora acusado «le había efectuado disparos de arma de fuego» hacia la víctima, aunque sin herirlo, en el mismo campo de General Rodríguez.

En un primer tramo de su acusación, el fiscal sostuvo el agravante de un homicidio por «codicia» al entender «que existía una acreencia de la víctima para con Maximiliano Pilepich» y que el crimen ocurrió «luego de suscribir un documento de reconocimiento de deuda en una escribanía».

Pérez Algaba fue visto por última vez la tarde del 18 de julio cuando a bordo de una camioneta Range Rover blanca que le había prestado Pilepich se dirigió junto a Vargas al predio «Renacer» a cobrar esa deuda.

La desaparición del empresario fue denunciada al día siguiente por la dueña de un departamento que la víctima había alquilado de manera temporal en el partido de Ituzaingó, quien, al no tener noticias suyas, se presentó en una comisaría para radicar un pedido de averiguación de paradero.

Entre el 22 y 24 de ese mismo mes, los restos seccionados de Pérez Algaba fueron hallados en una valija roja y una mochila arrojados a un arroyo de General Rodríguez.

La primera detenida por el hecho fue Alma Nicol Chamorro, una mujer trans, hermana del ahora apresado Contreras, a quien se le adjudica ser dueña de la valija donde apareció parte del cuerpo de «Lechuga» y que continúa tras las rejas.

Con información de Télam


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