Juicio La Escuelita de Neuquén: los jueces fueron un soporte para el plan de la dictadura

El juicio “Escuelita” en el que se debate la responsabilidad civil en las desapariciones y torturas durante la dictadura reanudó con especialistas del rol del Poder Judicial en ese período, que plantearon la inexistencia de un control y la instauración de los jueces como pantalla para liberar la zona de los crímenes.

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“La Corte Suprema fue removida y los nuevos jueces cumplieron su rol: la Constitución no regía más” en el país a partir del golpe, y los tribunales inferiores tuvieron el doble rol de garantizar la impunidad y de prestar legitimidad a lo que ocurría, como si hubiera división de poderes, dijo Juan Pablo Bohoslavsky en la primera semana de audiencias de febrero.

Bohoslavsky fue convocado por sus investigaciones y compilación de estudios sobre el rol de los civiles en la dictadura, abordados en publicaciones y libros. Algunos de ellos, como “Usted también, doctor” se aportaron como prueba en este juicio, donde se ventila el accionar del ex juez federal Pedro Duarte y del ex fiscal federal Víctor Ortiz.

En las audiencias anticipadas, se escuchó a los protagonistas que presenciaron la actitud de los jueces ante las denuncias: fue Noemí Labrune la que testimonió que un grupo de la APDH fue a pedirle a Ortiz que interviniera a fines de 1976 porque que en los fondos del batallón había un lugar donde se torturaba a los presos políticos, y el ex fiscal desdeñó la información.

Reconstrucción a partir de hijos e hijas

Con el avance del juicio, los hijos e hijas de los desaparecidos fueron los que, a través del relato familiar, le aportaron al tribunal qué saben de lo que ocurría con los expedientes. Es que la mayoría de quienes presentaron las denuncias, no están en condiciones de declarar en 2024.

“Había una pantomima de que se investigaba”, despachando oficios – a las autoridades en el cuartel o comisarías- y conformándose con la negativa, sin realizar investigación y cargando con costas a sus familiares; ése era el préstamo de legitimidad”, dijo Bohoslavsky.

Agregó que Argentina es el país donde más se avanzó en la rendición de cuentas de cómplices judiciales, con casos en Neuquén, Salta, Santiago del Estero, Córdoba,Santa Fe y el emblemático juicio en Mendoza, donde los imputados (jueces) aún estaban en funciones cuando fueron llevados a juicio.

Puntualizó que los organismos de Derechos Humanos impulsaron con prioridad la instrucción de los juicios a los perpetradores (integrantes de grupos de tarea y militares que dirigían los planes y los centros clandestinos) y que de a poco se incorporó a la agenda “estos actores que no solo son ex funcionarios judiciales, sino eclesiásticos, actores económicos, periodistas y medios de comunicación”, dijo Bohoslavsky.

Un proyecto económico y político

“Fueron esenciales en la perpetración. No fue un puñado de locos, sádicos y asesinos que hicieron desaparecer a 30 mil, fue un proyecto de redistribución económica de la riqueza”, aclaró Bohoslavsky en rueda de prensa tras su testimonio.

Agregó que por mucho tiempo “se pensó que había un poder independiente, que los jueces estaban para proteger a las víctimas y no para remacharlas, como sucedió”, dijo. Aclaró que “en el ataúd de la impunidad”, el Poder Judicial a través de sus operadores era el último clavo para cerrar el círculo de negativas mientras los familiares por cientos o miles les planteaban los delitos. “Si no podían recurrir a los jueces, a quiénes podían ir las víctimas”, preguntó.

Opinó que la impunidad no sólo consistió en no tomar acciones, sino en que debido al modo en que operaron, no se conoció la dimensión real de lo que ocurría.

Bohoslavsky recordó que el Código Procesal Penal siguió en vigencia, por lo que ante las denuncias se podrían haber hecho allanamientos en los lugares señalados , o tomar declaraciones a personas y testigos, ante la negativa de los jefes militares a responder.

Respecto al cuestionamiento que hubo por parte de las defensas a su libro como prueba para el juicio, Bohoslavsky recordó que “el rol de los testigos expertos no es presentar prueba material, sino sumarle al tribunal hallazgos intelectuales para comprender las acciones que son parte del proceso. Presentamos el control social que hubo con este aparente Poder que recibía las denuncias para dar impunidad y no para investigar, no se daba a conocer la dimensión real de lo que estaba ocurriendo aunque las víctimas se la ponían sobre la mesa de a miles, en el caso de capital federal”, recordó.

La extensión del daño supera el crimen contra las víctimas 

“Dora y Juan Manuel saben lo que les contaron sus familiares sobre los hábeas y las causas judiciales por dos razones: Dora porque se debió ocupar de ella misma (que era adolescente) y de su hermana (cuando fueron liberadas del centro clandestino a los 15 y 17 años) y Juan Manuel porque era un bebé. Ambos trajeron a juicio las gestiones que les contaron que hicieron: nunca hubo respuestas de las autoridades”, dijo Bruno Vadalá, abogado querellante por la APDH.

Agregó que en tiempos de dictadura, muchas familias consideraban autoridades a la policía federal o a los comisarios, no se tenía el registro diferente un juez de un comisario. “Iban a la policía como autoridad”, recordó.

La policía, que había sido parte de los grupos de tareas, negaba hasta las detenciones que habían tenido lugar en Cutral Co horas antes de las consultas de los familiares.

Vadalá destacó la importancia del testimonio de Juan Manuel Pincheira, un hombre que pasados los 40 años, fue haciendo con el tiempo la historia su vida a partir de lo que pudo reconstruir, ya que se enteró tarde de la desaparición de su padre.

“Muchas personas hicieron de esta causa una militancia de vida, mientras que hay otras personas, como la mamá de Juan Manuel, que no está en condiciones de declarar”, describió. Todo esto es parte de lo que hay que prestar atención, el dolor, sigue ahí”, describió.

Por su parte, el fiscal Miguel Palazzani, explicó que en los procesos de terrorismo de Estado “el daño trasciende a la víctima, al desaparecido. Todo el daño se irradia a la familia. Y se actualiza permanentemente, la dimensión del daño es algo que la fiscalía quiere abordar y será motivo de alguna petición”, planteó.

Aseguró que las desapariciones no se pudieron llevar a cabo sin la complicidad del Poder Judicial. “No hay forma de descerrajar el exterminio que sufrió este país con desapariciones, centros de detención y tortura a lo largo y ancho del país. Duarte fue un militar ejerciendo las funciones de juez”, ejemplificó.

Mantuvo la esperanza de que iba a aparecer

“Si esto se prolonga en el tiempo no vamos a tener a quién enjuiciar. Que paguen los que tienen que pagar”, dijo Juan Manuel Pincheira al término de su declaración. Sus aportes sobre la actuación judicial fue el de confirmar los expedientes radicados por su mamá Juana Aranda y aportar lo nada que se supo del pedido de paradero de su padre, que sigue desaparecido.

“Vamos cerrando etapas, aunque tenemos la esperanza de encontrar sus restos”, dijo. Agregó que supo de la  desaparición recién en la adolescencia y al ser consultado, ahora adulto, hasta cuándo mantuvo la esperanza de que su papá apareciera, respondió: “Hasta no hace mucho. Ellos son cómplices y cobardes, porque no hicieron su trabajo. Es el momento de enjuiciarlos y que los jueces que hoy presiden (el juicio), puedan honrar su trabajo”.

Mabel Durán de Cháves reconoció que hasta la adolescencia, tampoco habló con su hija sobre la desaparición de Carlos Cháves.

“Por lo menos algo se ha logrado”, dijo Mabel, que nunca volvió a ver a su esposo desde que lo secuestraron de su lado el 14 de junio de 1976. “Que enjuicien a alguna persona que participó de este desastre que se produjo en el país y que sirva para algo. Mi hija estaba muy enojada porque le oculté la verdad de lo que había ocurrido con su papá hasta la adolescencia. Cuando escuchó al resto de la gente en el juicio, entendió muchas cosas”.

Las audiencias del juicio

Este miércoles se prevé la declaración de Raúl Radonich por los expedientes judiciales abiertos durante su desaparición y un abogado que hizo presentaciones tras el secuestro de Mirta Tronelli. Está convocada además una antropóloga del Conicet.

El juicio seguirá el 26 y luego el 6 y 15 de marzo, con una inspección ocular el 27 en la ex U9, el juzgado federal y el centro clandestino “La Escuelita”.