Por una ola de denuncias contra un juez de Cipolletti, interviene la auditoría del Poder Judicial

Acusan al magistrado Lucas Lizzi de no otorgar beneficios a los presos. El funcionario fue consultado por RIO NEGRO y brindó sus argumentos a la hora de resolver. 





Cuatro días antes del homicidio de Joaquín Vinez en Cipolletti, desde el juzgado de Ejecución a cargo de Lucas Lizzi se suspendió la audiencia para revocar la libertad condicional de Matías Baldebenito. Por esa decisión enfrentó un proceso ante el Consejo de la Magistratura, aunque recibió el salvataje de los abogados y legisladores. Hoy acumula once nuevas denuncias y tiene al auditor del Poder Judicial investigando muchas de sus resoluciones.

La injusta muerte del joven rugbier Joaquín Vinez, en noviembre de 2018, cambió algunas reglas judiciales en Cipolletti. El autor del crimen, Matías Baldebenito, fue condenado a perpetua, pero cuatro días antes del homicidio se suspendió una audiencia en el Juzgado de Ejecución. Le iban a revocar la libertad condicional porque había cometido nuevos delitos en Neuquén. No quedó detenido, ni se presentó a firmar. Horas después, Baldebenito entró a robar a la casa de Vinez y lo mató a puñaladas.

El expediente estaba plagado de irregularidades y en un primer momento fueron investigados todos los funcionarios judiciales que intervinieron en el caso. El auditor Juan Montoto Guerrero recomendó pasar la carpeta de Lizzi al Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de designar y remover magistrados. Pero mientras que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) votó por llevar al juez al juicio político, los legisladores y el Colegio de Abogados ganaron con el archivo.

El juez había denegado el beneficio a Baldebenito porque consideraba que no cumplía con las condicionantes sociales, a pesar del informe favorable del Servicio Penitenciario. En la revisión los jueces César Gutiérrez Elcarás y Guillermo Baquero Lazcano dieron el visto bueno y le otorgaron las salidas. Fue confirmado por la jueza Alejandra Berenguer. Ocho meses después se fijó una audiencia para debatir el beneficio por una serie de delitos que cometió, pero nunca se concretó.

Lizzi intentó salir del juzgado de Ejecución a fines del año pasado, pero el mismo Consejo de la Magistratura eligió a Guillermo Merlo como juez de juicio. En la actualidad, es el funcionario judicial con más procesos abiertos en la Auditoría.

Formalmente hay once denuncias de presos del penal N°5, diez son de este año. Las acusaciones ingresan por correo electrónico y después se realiza una audiencia para ratificar los hechos. Luego el tema pasa a la órbita del auditor Montoto Guerrero.

Los presos denuncian la violación de sus derechos y la negación sistemática – y sin respetar las leyes de ejecución –  del régimen de libertad condicional o salidas transitorias. La fiscalía también está siendo objeto de análisis por convalidar cuestiones al margen de la ley. Incluso en el ámbito de la defensa se acumulan las quejas por la administración del fuero de Ejecución. De hecho se han interpuesto recursos de habeas corpus, revocatorias y planteos al mismo STJ.


El descargo de Lizzi



El juez fue consultado por RIO NEGRO y dijo desconocer las denuncias de los internos. Aseguró que otorgar un beneficio requiere de un exhaustivo trabajo de los expedientes y de los informes del servicio penitenciario. Reconoció que en muchos casos no hizo lugar a beneficios a pesar de los informes favorables porque no estaban bien argumentados.

Además, señaló que llegan muchas solicitudes de audiencias con presos que no cumplen con los requisitos mínimos para acceder al beneficio de las salidas transitorias por ejemplo, entre ellos el tiempo de prueba. «No es suficiente un informe favorable, es necesario que estén bien argumentados, y muchas veces no sucede». Para acceder al tiempo de prueba deben tener una conducta ejemplar.

También mencionó que con los cambios en la ley de Ejecución es «importante» escuchar a las víctimas y que en muchos casos son un argumento más para otorgar o no el beneficio.


Explicó que muchos internos no cumplen con los procesos de resociabilización que brinda el servicio como estudiar, trabajar y realizar tratamientos psicológicos. «El servicio los ofrece, pero es decisión de ellos iniciar esos procesos, no se los puede obligar».


En el Poder Judicial de Río Negro existen cuatro juzgados de Ejecución con dos juezas para Viedma y Bariloche y otros dos jueces para Roca y Cipolletti. Es llamativo pero los colegas de Lizzi – si bien acumulan alguna denuncia esporádica – no presentan estas situaciones de disenso extremo. Las y los jueces de Ejecución deben trabajar con el régimen de beneficios y sanciones de los presos y velar por el cumplimiento de los derechos.

Fuentes judiciales también mencionaron que muchas de las resoluciones del juez llegan a revisión, lo que refleja la falta de consenso en sus decisiones.


RIO NEGRO investigó el tema a raíz de distintas y reiteradas comunicaciones con este diario de varios presos de la cárcel de Cipolletti. En esas charlas, los detenidos pidieron hacer públicas situaciones que ellos consideran ilegales. Oficialmente fue confirmada la intervención del auditor por la decena de investigaciones.


Requisitos para acceder a los beneficios


La ley de Ejecución estipula que para que internos puedan acceder a beneficios deben cumplir con las condiciones temporales. Los tiempos varían según el beneficio: la mitad de la condena para las salidas transitorias, dos tercios de la pena para la libertad condicional y tres meses antes de cumplir la condena para la libertad asistida.

Además deben estar en «periodo de prueba», para eso deben tener conducta ejemplar: una calificación de 9 sobre 10 en conducta y en concepto. En los casos de presos por delitos sexuales requieren un informe de un equipo interdisciplinario. Finalmente una propuesta favorable del consejo correccional del establecimiento carcelario.


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