Salidas transitorias: duras críticas al juez que demoró el beneficio a un preso
La jueza Alejandra Berenguer cuestionó a Lucas Lizzi. Fue por la demora en la definición de un pedido de salidas transitorias de un interno del Penal 5.
El imputado dejó el penal en diciembre del año pasado.
Más allá de la crítica, casi generalizada, a los beneficios a los que pueden acceder los presos, los jueces de ejecución deben velar por garantizar un tratamiento que permita reinsertarlos. La jueza de Cipolletti Alejandra Berenguer – más de 25 años como funcionaria- intentó poner blanco sobre negro sobre uno de los temas judiciales más complejos.
Explicó que las leyes – desde la Constitución, el derecho internacional y el resto de la normativa – pregonan la resocialización de los reclusos. “Está todo regulado no podemos, como jueces, tomar decisiones arbitrarias”, afirmó.
La jueza habló en representación de sus colegas Guillermo Baquero Lazcano y Florencia Caruso. Es que ayer los tres magistrados quedaron en el ojo de la tormenta luego de se que difundiera que el juez de ejecución de Cipolletti Lucas Lizzi había rechazado el beneficio de un preso, que luego salió y se fugó. Fue recapturado en las últimas horas, escondido debajo de su cama en el barrio Anai Mapu de Cipolletti.
La magistrada no ocultó su malestar con la decisión de Lucas Lizzi, que en la pirámide está un escalón más abajo. Sostuvo que Lizzi demoró cuatro meses en resolver la situación de Gustavo Ramón Guerrero, que en noviembre de 2020 agota su pena de 15 años de prisión por varios robos violentos.
El 5 de noviembre Guerrero va a pisar las calles de Cipolletti o del Alto Valle sin ninguna cuenta pendiente con la justicia.
Explicó que hace años el reo debió haber accedido a las salidas transitorias puesto que en la ley nacional de ejecución ese beneficio está contemplado a la mitad de la condena. Es decir hace siete años podría haber obtenido el beneficio. Claro, previo informe del gabinete de criminología.
El otro beneficio, que es la libertad condicional, se otorga en la última fase de la condena. “Es un proceso educativo, prueba y error. Por ley hay que otorgar esas salidas y si no cumple, como en este caso, se suspenden por seis meses y se vuelve a probar”.
Para eso existe el juez de ejecución, para administrar los beneficios y castigos que impone la ley y garantizar el adecuado tratamiento”,
Alejandra Berenguer, jueza de Cipolletti.
Además, cuestionó la demora del juez en definir la situación del preso. “El pedido del beneficio fue en julio y el juez recién lo resolvió en noviembre. Cuatro meses para la vida de un interno es mucho tiempo. Eso se lo recriminamos en la audiencia de revisión”, indicó la jueza. Agregó que todos los informes fueron favorables y que no había razón jurídica para denegar el beneficio al interno.
“Nosotros trabajamos acorde a la ley, no hay nada oscuro es todo transparente, incluso las audiencias son públicas y todos tienen acceso a esa información. Las salidas transitorias tienen un objetivo claro que es la resocialización de las personas», expresó Berenguer. En el caso de Guerrero, qué sentido tiene tener una persona 15 años presa y después largarlo, como se va a resociabilizar”, cuestionó Berenguer.
El 13 de noviembre, el tribunal revocó la decisión de Lizzi quien no autorizó las salidas de Guerrero. “La información que los informes fueron desfavorables, es falso. Nosotros decidimos revocar la medida del juez, pero después es él quien tiene definir como es el control del interno”, indicó.
Es decir quien finalmente firmó esa salida fue Lizzi y no los jueces de revisión. “Para eso existe el juez de ejecución, para administrar los beneficios y castigos que impone la ley y garantizar el adecuado tratamiento”, explicó la jueza.
Además, la magistrada detalló que hubo otro pedido de Guererro para obtener el beneficio de la libertad asistida y que fue denegado.“En ese caso dijimos que no porque no cumplía con el proceso de progresividad que se evalúa”.
El informe que se hizo en el penal lo califica con 9 en conducta y 7 en concepto. Además revela que el Estado no pudo otorgarle un tratamiento psicológico para fortalecer la reinserción a la sociedad.
Los jueces que conceden beneficios «son como oncólogos»
El sociólogo Kevin Lehmann, estudioso de las relaciones entre la sociedad y el Poder Judicial, afirma en su libro Comunicación Judicial que el 40% de quienes estuvieron detenidos reincide. “Es un hecho social, no judicial: no varía por lo que hacen o dejan de hacer los magistrados porque las cárceles dependen del Ejecutivo y las condiciones de vida afuera de toda la sociedad”, sostiene el profesional quien ha dado charlas en la provincia en innumerables oportunidades.
Lehmann sostiene que los jueces que aplican medidas de morigeración y reinserción son como oncólogos. “A los oncólogos se les mueren más pacientes que a los pediatras, pero nadie los responsabiliza por ello. Esos jueces estadísticamente serán responsabilizados 4 de cada 10 veces por delitos que no pueden prever ni evitar. “Como sociedad hemos decidido no prescindir de los oncólogos y tener solamente pediatras ni eliminar las normas de reinserción”, concluye.
Nadie, aisladamente, puede evitar que exista un porcentaje de reincidencia: no puede hacerlo un juez, ni un tribunal. Nadie puede prever quién reincidirá y quién no y si ese delito será más o menos grave. Lo único que se puede hacer, sabiendo que algunas veces fracasará es intentar que algunos no reincidan y que quienes regresen a la sociedad hayan tenido un periodo de adaptación. La opción de evitar el delito futuro no está disponible.
Comentarios