Narcomenudeo a las provincias, otra batalla por los recursos
Al calor de los delitos vinculados con el narcotráfico en Rosario resurgió el interés de los Ministerios Públicos Fiscales de las provincias por hacerse cargo de investigar la venta de droga en baja escala. La discusión apenas velada es por el manejo de los recursos.
La Policía de Neuquén recapturo a otro de . (Cecilia Maletti)
Desfederalización del narcomenudeo. El trabalenguas remite a una estrategia de política criminal para controlar del narcotráfico de baja intensidad y lograr su disminución, pero también refleja una disputa por los recursos necesarios para que esa política sea eficiente en una época de escasez. Si el negocio de la droga sigue una lógica empresarial, parte de su derrame es el montaje de las estructuras para combatirlo, que insumen mucho dinero.
Impulsado por la marea de delitos vinculados con el narcotráfico que anegó Rosario, el debate recorre el territorio nacional con nuevos bríos, o espasmos. El 22 de marzo, las cabezas de las fiscalías provinciales de todo el país se reunieron en Puerto Madryn y según la información oficial, «se manifestaron a favor de impulsar la desfederalización para fortalecer desde las provincias las investigaciones por comercialización y distribución de drogas a baja escala».
El fiscal general de Neuquén, José Gerez, es un persistente impulsor de que la provincia debe hacerse cargo del narcomenudeo. «El que vende droga no es un perejil, terminemos con ese discurso. Es el eslabón más peligroso de la cadena. Si cortás ese eslabón, el negocio deja de ser rentable», afirma en diálogo con diario RÍO NEGRO.
«La orientación debería ser hacia la disminución del narcotráfico, antes que la persecución de situaciones individuales. Ello implica una planificación con objetivos definidos», parecen contestarle Leticia Lorenzo (jueza de Zapala), Gastón Pierroni (juez de Villa Regina) y Miguel Ángel Cardella (juez del Tribunal de Impugnación de Río Negro) desde un trabajo que realizaron el año pasado para analizar los resultados que cosechó la desfederalización en la provincia de Buenos Aires, la primera que la implementó.
«Una de las claves es que funcione una mesa de coordinación entre la justicia federal y la provincial», advierte a su turno la fiscal federal de Neuquén, Cristina Beute.
«No se trabaja mejor», dice el defensor federal Pablo Matkovic. «El 30% de los presos en la provincia de Buenos Aires son por drogas, y al atacar las causas de narcomenudeo se cortan las grandes investigaciones, no tenés la información que te aportan para utilizar como insumo», añade.
La Municipalidad de Neuquén también está interesada en meterse en la discusión. Tiene en el área de seguridad un funcionario pro-desfederalización, Marcelo Inaudi.
El gobierno provincial mantiene silencio. Este diario pidió una entrevista con el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, pero no obtuvo respuesta.
De todos modos pudo averiguar que Nicolini realizó consultas sobre el tema, y no tendría en agenda -por ahora- presentar un proyecto para que la provincia adhiera a la desfederalización.
Algo hay que hacer
Las estrategias para enfrentar el narcotráfico han demostrado, en líneas generales, su fracaso porque la distribución y venta de drogas no hacen más que crecer. En el «algo hay que hacer», la pregunta que se escamotea es «quién pone los recursos para que eso se haga».
Investigar el narco es caro: desde las horas de vigilancia hasta los reactivos para testear el material secuestrado; desde la pinchadura de teléfonos hasta la tecnología para peritar celulares; desde el costo del tribunal que hace el juicio hasta la necesidad de espacio en la cárcel para el condenado; y desde la intercepción del transportista hasta la investigación del lavado de activos, por mencionar algunos.
Todo es dinero. En una época en que la Nación cortó las transferencias para educación, transporte, tarifas y tratamientos oncológicos, ¿hay dinero para investigar el narcotráfico? Es un (¿el?) tema que debe estar en la conversación.
De lo federal a lo provincial
El narcotráfico tiene las mismas características que una empresa exitosa: planes de crecimiento, expansión y desarrollo. El producto ilegal se elabora, transporta y comercializa en puntos de venta distantes unos de otros, desplegados por toda la geografía nacional.
Por muchos años, la Nación asumió la tarea de investigar y sancionar esta actividad. En el trabajo mencionado, Lorenzo-Pierroni-Cardella citan que «la intervención en el fenómeno criminal a nivel federal, en cierta medida, marcará una política única para todo el territorio nacional, con diferencias de matices, intensidades, relevancias a lo largo y ancho del territorio, pero siempre desde una única mirada sobre la temática. La intervención en el fenómeno desde las provincias, generará una cierta fragmentación en la intervención, en función a que cada jurisdicción intervendrá de acuerdo a sus propias prioridades y necesidades».
En agosto del 2005 se promulgó la ley 26052, por la cual las provincias pudieron optar por hacerse cargo de reprimir el tramo final de la estructura empresarial: la venta minorista. El narcomenudeo. Los quioscos que los vecinos conocen, saben dónde están, cuáles son sus horarios pico. Algunos heredados por generaciones: en este momento los manejan los nietos de los fundadores.
La provincia de Buenos Aires adhirió de inmediato. Le siguieron con el tiempo Córdoba, Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero y CABA. Entre Ríos y La Rioja adhirieron supeditado a que le transfieran los recursos.
Así, la ley abre cuatro carriles: una causa por drogas puede ser provincial; federal; provincial si transfieren recursos; o federal hasta que se defina la competencia.
Alguien tiene que pagar
Lo que nunca se cumplió fue el artículo 5, que comprometía a la Nación a transferir los recursos «correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia con el objeto de garantizar la ejecución de la presente ley».
«Las provincias se hicieron cargo con sus propios recursos», confirmó Gerez. «Es el momento político de dar el debate a nivel nacional, generar la reacción en los políticos, ponerlo en la mesa a la hora de discutir la distribución de los recursos. Cuando se reúne el presidente con los gobernadores, este tema debe estar», dijo.
Es una puja por los recursos, y por quién maneja esos recursos. Si el Ministerio Público Fiscal de Neuquén se hiciera cargo del narcomenudeo muy probablemente aumentaría su poder, ¿a expensas de quién?
Convivencia forzada
Poder Judicial federal y provincial conviven desde hace años, no siempre en armonía. Desde Neuquén cabalgan el caballito de batalla de que la provincia dispone de despliegue territorial -en la primera línea, con unos 8.000 hombres y mujeres que aporta la Policía- frente a fuerzas de seguridad federales con dotaciones modestas -Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Y organismos judiciales desmantelados. Los juzgados federales de Viedma, Zapala y Bariloche están vacantes. También hay huecos en los Tribunales Orales y en la Cámara de Apelaciones. En ambas provincias hay solo dos fiscales titulares. No fue cubierto el cargo de fiscal de distrito que podría servir, por ejemplo, para acercar posiciones entre la fiscalía de instrucción y la de juicio, cuya diferencia de criterios es abismal.
De un total de 43 casos relevados en los que la fiscalía de instrucción requirió elevación a juicio, la fiscalía de juicio retiró la acusación en 16; postuló la insubsistencia de la acción penal en 10 casos; modificó la calificación de los hechos en beneficio de los imputados en 14 casos; solicitó condena y pena y postuló que se tuviera la pena por compurgada en 1 caso. En síntesis, en 41 casos -sobre 43- se afectó la unidad de actuación fiscal, dice un informe presentado al procurador interino Eduardo Casal.
Quejas cruzadas
La provincia mira con desdén la lentitud del procedimiento escrito e inquisitivo del federal (se dice que en agosto empezarían a implementar el sistema acusatorio pero solo en Río Negro, más friendly que Neuquén con «la casta judicial nacional»).
Los funcionarios judiciales federales también tienen sus quejas. Califican las investigaciones provinciales de cortoplacistas: «encuentran un quiosco y lo quieren allanar en quince días, cuando una investigación más paciente nos permitiría llegar a los siguientes eslabones», es una queja recurrente.
También hay celos y se esconden información. El 16 de febrero asesinaron de siete balazos en la Autovía a Lucas Ricardo Telmo (23). La justicia federal investigaba a Telmo por narcotráfico. Se enteró por la prensa de que la provincia se apoderó del crimen y lo cerró con dos imputados, sin convidar al juzgado de Gustavo Villanueva.
«Voltear quioscos es una actividad vistosa», dicen desde la mirada federal, donde también recuerdan que la Policía de Neuquén tenía un equipo especial que recorría plazas y demoraba a jóvenes que fumaban porros.
Pescado con perejil
«No solucionan nada. La gente del barrio se siente tranquila, y a los tres meses el negocio está funcionando de nuevo», protestan.
Lo que para algunos es un déficit, para otros es un valor. El fiscal general de Neuquén, José Gerez, opina que «la droga es un problema local, lo tienen los que vive en el barrio. El narcomenudeo es local y es el único eslabón de la cadena que produce daño. Nos quedamos con el discurso errado del pez gordo, que ‘el que vende es un perejil’. No es un perejil, es el más peligroso de la cadena».
Gerez es consciente de que «sin recurso no hay manera de llevar ningún tipo de acción». Compara el debate sobre asumir la competencia con el que se dio con la reforma procesal penal: «Tienen que estar de acuerdo los tres poderes del Estado».
Todo cuesta
Un conocedor de las causas que tramitan en el fuero federal aporta: «cada pericia para establecer si una sustancia es droga o no y su grado de pureza tiene un alto costo. La única fuerza con reactivos y capacidad de hacer los análisis es Gendarmería, y está desbordada».
La confiabilidad de esa pericia es, para una persona, la diferencia entre la libertad y la prisión, y para un organismo, entre el prestigio y el papelón. Es inolvidable el episodio por el que se mantuvo detenido 16 días a un peluquero chileno acusado de trasportar cocaína líquida en frascos por el paso Pino Hachado, hasta que se demostró que era champú, tal como el hombre repetía sin que lo escucharan.
Ni hablar del costo de otras herramientas sofisticadas, como agente encubierto o agente revelador, cuyo entrenamiento también insume recursos. Y si el procedimiento es efectivo y la persona es condenada, el problema se traslada al saturado ámbito carcelario donde pasará como mínimo 4 años, porque son delitos incluidos en la llamada Ley Petri como no elegibles para una salida anticipada.
Los narcopolicías
En otro frente abierto Gerez es optimista: «la policía de Neuquén es sana». El caso de los narcopolicías neuquinos, una banda desarticulada en 2020, es una excepción.
Esa investigación comenzó, justamente, cuando la fiscalía federal siguió pistas en apariencia sueltas después del allanamiento a un quiosco de venta de drogas en el bajo de la capital.
«Hay que formar un cuerpo especializado, eso hace que entre los mismos componentes se genere una protección a la integridad; todos se conocen y trabajan de manera más focalizada», argumenta Gerez.
Desfederalizar, refederalizar
Hubo intentos por derogar la ley de desfederalización. Por ejemplo el proyecto que presentó el senador Rubén Giustiniani (socialista, Santa Fe) en 2014 con argumentos que sonarán conocidos a quienes llegaron hasta aquí con la lectura de esta nota.
«Los defensores de la Ley de desfederalización 26.052 argumentaban que la transferencia a las jurisdicciones locales redundaría en una mayor eficacia en la persecución penal de los delitos leves de drogas (…) La mayor proximidad y cantidad de fuerzas policiales y judiciales presentes en el territorio (en relación a las federales), justificarían de esta forma la atomización de la política criminal en materia de estupefacientes», dice Giustiniani.
Y replica: «Sin embargo, a lo largo de la vigencia de la ley de desfederalización, su fracaso ha sido más que evidente. Así lo indica la experiencia de la Provincia de Buenos (…) Las cocinas y el tráfico continuaron aumentando, se reforzó la selectividad del proceso penal con la criminalización de adictos, pero no se avanzó en el aspecto preventivo ni se facilitó la persecución penal de los traficantes».
Más reciente, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la PBA Juan Martín Mena declaró: «en la provincia de Buenos Aires el resultado fue espantoso y por eso con el gobernador venimos planteando la refederalización». Léase: Kicillof le quiere devolver a Milei el combate al narcomenudeo. ¿Qué pensarán Bullrich-Petri? ¿Y Villarruel?
La aguja no se movió
El citado trabajo de Lorenzo-Cardella-Pierroni analizó las estadísticas de la justicia bonaerense y concluyó que «el número anual de sentencias totales (correccionales y criminales) no tuvo incrementos significativos a raíz de la incorporación de la persecución de este tipo de delitos. Con lo cual, desde los datos vinculados a las sentencias no se observa que haya habido alguna transformación en el sistema penal de la provincia de Buenos Aires».
Entre sus conclusiones, la y los magistrados señalan: «En el caso de los delitos vinculados con drogas, la orientación debería ser hacia la disminución del narcotráfico, antes que la persecución de situaciones individuales».
E introducen a la otra pata que nunca es mencionada: la salud pública. Si por algo se combate el narcotráfico, es porque, en su base, daña la salud de las personas. Al respecto, dicen que la desfederalización «habilita la persecución masiva de los escalones más bajos dentro de la cadena del tráfico de drogas y, fundamentalmente, de los consumidores y adictos. (…) generando una ampliación del poder punitivo allí donde probablemente sería tantísimo más atinada una intervención vinculada con la salud pública».
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