Héctor Marchi aseguró que lo apartaron de su cargo porque se negó a encubrir a Silvio Robles

En la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados apuntó contra el vocero del presidente de la Corte Suprema y contra Horacio Rosatti.

Héctor Marchi, ex administrador general de la Corte, sostuvo este martes ante la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que lo separaron de su cargo porque se negó a encubrir a Silvio Robles, vocero de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. 

En un escrito que leyó al comienzo de su presentación como testigo en el marco del juicio político al máximo tribunal de Justicia por las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), el contador también atribuyó la decisión de apartarlo del cargo a su negativa a encubrir al titular del directorio de la prestadora médica administrada por la Corte, Mariano Althabe.

«Para ser más claro después del informe número cuatro, Rosatti me dijo que si corría peligro el cargo del doctor Mariano Althabe yo me iba primero. Además, me pidió destruir parte del legajo del doctor Althabe, donde Rosatti lo proponía, pero yo me negué», reveló.

Y siguió apuntando contra el titular de la Corte: «Rosatti, además de no cuidar los ingresos perdidos por el doctor Althabe, que no son ni más ni menos que para atender la salud de 100.000 afiliados, manejó de manera informal otros ingresos que corresponden a la obra social».

En tanto, Marchi le habló a los integrantes de la comisión para «denunciar el posible otorgamiento de contratos para intentar negociar fallos, que podría convertirse en delito, en función del pedido de contratos del señor Silvio Robles por orden del doctor Rosatti para la Cámara de Casación».

«Esto es en referencia a la causa iniciada en la ciudad de Santa Fe contra Rosatti por un ex chofer de la municipalidad de Santa Fe, que declaró llevarle dinero todos los meses», acotó.

En otro pasaje de su intervención en Diputados, Marchi desestimó las denuncias que la Coalición Cívica realizó contra Lorenzetti, con quien lo une un vínculo laboral, por las irregularidades en la administración de la obra social cuando el ministro era presidente de la Corte.

«Es falso (el argumento sobre) la cooptación de las estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del poder y el manejo de los fondos de la Justicia», señaló.

«La transferencia (de recursos) fue solicitada por los consejeros del Consejo de la Magistratura, y luego aceptada por todos los ministros de la Corte.  Los recursos se transfirieron un par de meses y nunca más se hicieron, quedando una deuda enorme que me reclamé mes a mes hasta mi desplazamiento», recordó.

El contador también catalogó como «falsa» la denuncia de la Coalición Cívica sobre la supuesta «designación arbitraria y exponencial de personal».

«La Corte Suprema tiene prácticamente la misma planta de personal de hace 15 años y cuenta con más de 2-000 vacantes. Solo ocupa el 54% de la planta total disponible», contestó. 

A su vez, Marchi calificó de «falso»  el supuesto «manejo irregular del fondo anticíclico», ya que el mismo «se aplica para constituir plazos fijos en bancos oficiales y se usó una sola vez para pagar sueldos en el Consejo de la Magistratura». 

«Es falsa la contratación ilegal de una empresa de carteles digitales. La misma se hizo de acuerdo a todas las etapas de una licitación pública», planteó.

También señaló que es falso que «a partir de los fondos remanentes de la obra social la secretaria general de la administración manejó la obra social», tal cual daba cuenta la acusación de la Coalición Cívica.

«Tengo en trámite una demanda civil contra la exdiputada Carrió en la Corte Suprema hace cuatro años y medio con fallo de cámara a mi favor que incluye falsas denuncias y agravios por fuera de sus fueros», dijo al respecto.

Marchi también denunció que el presidente del bloque de la Coalición Cívica y vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López, «violando la división de poderes, fue a la Corte a hablar con el doctor Rosatti y con Robles para pedir» su remoción.

Al responder las preguntas del propio López, el funcionario judicial aseguró que su vínculo con Lorenzetti es meramente «laboral, el mismo que con todos los ministros».

«Con ninguno tuve ningún problema personal, ni con los siete con los que ingresé ni con los cuatro que están ahora», expresó.

Por otra parte, volvió a señalar a Tonón como director a cargo de la obra social a instancias de Maqueda, y señaló que esa relación se inició porque él era «médico personal» del juez.

Para demostrar la relación estrecha entre ambos, Marchi indicó que «Tonón le llevaba todos los trámites a Maqueda semanalmente» para que los autorizara.

«Tonón no podía hacer nada sin la autorización de Maqueda. Eso lo sabía todo el mundo. Ese circuito se cortó después de la pandemia por un problema entre ellos que no sé determinar por qué fue», explicó.

En su primera visita a la comisión, el ex administrador general de la Corte había ventilado algunas polémicas como por ejemplo su denuncia por la eliminación de la cuenta de correo electrónico oficial de Rosatti por pedido de Robles a la dirección de Sistemas del máximo tribunal. 

Esto se suma a las suspicacias que generó la sospechosa inundación del séptimo piso del Palacio de Tribunales que dejó inutilizable el despacho de la mano derecha del presidente de la Corte. 

A qué personas acusó Héctor Marchi


Su testimonio generó movimientos sísmicos que sacudieron fundamentalmente al juez Juan Carlos Maqueda, a quien identificó como responsable de la supervisión de la obra social, pero también a Rosatti y a Robles por «las amenazas y aprietes» que recibió luego de entregar el informe.

Antes del testimonio de Marchi, la comisión de Juicio Político presidida por Carolina Gaillard había recibido a la jueza federal de San Martín, Martina Forns, cuyo marido Gabriel Macaggi falleció en julio de 2021 «abandonado» por la obra social que no se ocupó en tiempo y forma de la situación del enfermo. 

La magistrada, afiliada al igual que lo estaba su esposo a la OSPJN, relató las desventuras que debió vivenciar cuando desde el CEMIC le informaron que el cuadro de salud de su marido se había complicado y que por ende debía trasladarlo a otro centro médico ya que allí no quedaban camas de terapia intensiva.

«Las peores circunstancias de mi vida fueron cuando necesité de la obra social y me dejó abandonada durante la pandemia», evocó.

_ Con información de Noticias Argentinas


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