Tragedia en la Ruta 22: vuelven a rechazar la tobillera y buscan llevar a juicio a Araneda antes de fin de año

La Justicia de Roca resolvió ratificar la prisión preventiva de Axel Adrián Araneda hasta la realización del juicio oral y público por la tragedia vial de la Ruta Nacional 22 de Allen, en la que murieron cuatro personas. La decisión fue adoptada por la jueza de revisión Laura Pérez, quien rechazó los planteos defensivos para otorgarle la libertad con tobillera electrónica o limitar la medida cautelar a un año.

De esta manera, la magistrada confirmó lo resuelto por el juez de control Fernando Sánchez Freytes y dejó firme el arresto del imputado. Asimismo, encomendó a la Oficina Judicial fijar la fecha del debate oral una vez que concluya el control de acusación, cuyo reinicio se fijó para el próximo 21 de octubre.

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El antecedente directo y la suspensión del control de acusación

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La audiencia de revisión se fijó tras el recurso presentado por la defensa contra la resolución del pasado 15 de septiembre. En aquella jornada, Sánchez Freytes prorrogó la detención y dispuso la suspensión del control de acusación a fin de avanzar en convenciones probatorias que permitan depurar la lista de testigos, integrada por 27 convocados por la fiscalía y diez de la defensa.

Sin embargo, la ratificación de la preventiva reabrió el debate. La defensa solicitó revisar la medida al sostener que las circunstancias cambiaron desde la formulación de cargos, mientras que la fiscalía y la querella exigieron mantener la prisión para neutralizar el peligro de fuga.

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Los argumentos de la defensa: acusación debilitada y pedido de tobillera

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Al fundamentar su reclamo, el defensor particular Sebastián Perazzoli afirmó que el riesgo procesal disminuyó con el avance de la causa. Explicó que la acusación fiscal sufrió modificaciones a favor de su asistido, ya que el Ministerio Público descartó los agravantes por consumo de estupefacientes y alcoholemia, al no alcanzarse el umbral legal.

Asimismo, Perazzoli argumentó que el peritaje sobre seis teléfonos celulares descartaría que el imputado manipulara un dispositivo al momento del choque. Respecto a la velocidad, contrapuso informes defensivos de 110 a 120 km/h con la pericia oficial de 170 km/h, señalando que las expertas de la fiscalía admitieron un margen de error del 10%, lo que ubicaría el registro en 153 km/h en un tramo con máxima de 130 km/h.

«Con la evidencia recolectada, la acusación aparece debilitada. El incentivo de Araneda a someterse al proceso es cada vez mayor», aseveró Perazzoli. Solicitó la libertad con tobillera provista por la Uadme o que la preventiva se limite al plazo de un año, considerando que su cliente suma casi 11 meses detenido en una causa con pena mínima de tres años.

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Fiscalía y querella: reincidencia y riesgo de fuga latente

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A su turno, la fiscal Celeste Benatti y la fiscal jefe Graciela Echegaray solicitaron ratificar el arresto. Manifestaron que la inminencia del juicio incrementa el peligro de fuga y recordaron que el acusado posee una condena previa de 2019 dictada por la Justicia Federal a cinco años de prisión por comercio de drogas, lo que lo convierte en reincidente y le impide acceder a la ejecución condicional.

A ello sumaron la solvencia económica de Araneda, demostrada en el ofrecimiento previo de 10 millones de pesos en caución, y rechazaron la tobillera por falta de un informe socioambiental. El querellante Joaquín Hertzriken Catena adhirió al planteo: «El sustrato fáctico no ha cambiado. Subsiste el riesgo procesal para asegurar una condena de prisión efectiva».

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Los fundamentos de la jueza Pérez para ratificar la preventiva

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Al resolver, la jueza Laura Pérez rechazó el recurso y ratificó la preventiva. Explicó que, aun valorando variaciones en las agravantes, el hecho mantiene figuras centrales como el exceso de velocidad y la multiplicidad de víctimas fatales, con una escala penal que parte de tres años de prisión.

Pérez desestimó el argumento de proporcionalidad, aclarando que la evaluación no debe medirse únicamente contra el mínimo legal. «En el caso de Araneda es verosímil y razonable que la pena supere los tres años de cumplimiento efectivo», enfatizó, destacando su reincidencia y la imposibilidad de obtener libertad condicional.

Sobre la tobillera, concluyó que la defensa no acreditó circunstancias excepcionales para sustituir la prisión efectiva. Finalmente, confirmó la detención hasta el juicio e instruyó a la Oficina Judicial a fijar la fecha del debate con celeridad tras el control de acusación.