Un juez prohibió a la prensa difundir imágenes de un imputado de varios hechos delictivos en Bariloche
Lo hizo a pedido del defensor del sospechoso, con el aval de la fiscalía. El magistrado autorizó la publicación de la identidad del acusado, pero con una aclaración referida a su estado de inocencia.
El juez de garantías Ricardo Calcano aceptó este miércoles parcialmente un planteo del defensor particular Alejandro Pschunder que pidió no identificar a su asistido ni sacarle fotografías.
“No me opongo a la libertad de prensa, claramente las audiencias son públicas, pero como pesa el artículo 18 de la Constitución Nacional sobre mi cliente, voy a pedir que se resguarde el tema de que no se le saquen fotos y no se ponga su nombre y apellido”, requirió Pschunder. “Considero que eso puede dañar el buen nombre y honor de mi cliente para el caso de que después esto termine con absoluciones”, sostuvo.
El fiscal Marcos Sosa Lukman recordó que hay que asegurar el principio de publicidad y que los medios de comunicación conozcan el contenido de las imputaciones. Avaló que no se tomen imágenes del imputado. “No así el nombre porque no está establecido en el Código”, afirmó.
“Al no existir controversia se va a solicitar a la prensa que se abstengan de difundir la imagen del imputado. El nombre lo pueden publicar (Fernando Abel Ñancufil) en tanto vaya acompañado con lo que establece nuestra Constitución Nacional que toda persona es inocente hasta que se lo declare culpable”, resolvió Calcagno.
Los hechos que le atribuyeron
El hombre fue imputado por la fiscal jefa Betiana Cendón de dos robos agravados por el uso de armas de fuego y en poblado y en banda. En esos dos robos las víctimas sufrieron lesiones graves. A un hombre de 75 años lo golpearon hasta dejarlo inconsciente y lo lesionaron con una faca. La víctima terminó internado en un sanatorio por las graves lesiones.
También, lo imputaron por un intento de robo en una oficina céntrica de Bariloche y un intento de robo por efracción en las instalaciones de una estación de servicio, donde trató de robar la caja fuerte sin éxito.
Y lo acusaron además por encubrimiento al mantener en su poder una mochila robada a un turista francés, que fue recuperada por la Policía en un allanamiento. La fiscalía expuso abundante evidencia para sostener los cargos. Hasta filmaciones donde se lo ve, según Cendón, al imputado intentando huir tras cometer uno de los robos violentos. Sin embargo, el juez ordenó a la prensa no difundir imágenes del sospechoso.
Qué dice el Código
El Código Procesal Penal de Río Negro establece en su artículo 73 que “las audiencias serán públicas”. Y es una de las principales banderas que desde el Superior Tribunal de Justicia levantan, desde que se implementó este Código Procesal.
La normativa procesal vigente determina que si “el imputado solicita que no se autorice a los medios de comunicación a que se grabe su voz o su imagen, el tribunal examinará los motivos y resolverá en función de los diversos intereses comprometidos”.
Calcagno no se tomó mucho tiempo de analizar esos motivos. Solo advirtió que como la fiscalía no se opuso a la restricción de tomar imágenes de Ñancufil era suficiente motivación para prohibir a la prensa para que se informara a la sociedad de Bariloche y la región quién eran uno de los actores principales de la audiencia de formulación de cargos.
La norma es la publicidad de lo que ocurre en las salas de audiencias y la restricción o prohibición es la excepción y en casos muy puntuales.
El Código lo aclara: “El juez o tribunal podrá decidir fundadamente que se realice total o parcialmente en forma privada (la audiencia) cuando se afecte directamente el pudor, la vida privada o ello implique una amenaza para la integridad física de alguno de los intervinientes y peligre un secreto oficial, profesional, particular, comercial o industrial cuya revelación pueda causar un perjuicio grave”.
El juez admitió los cargos por todos los hechos atribuidos por la fiscalía al imputado a pesar de la oposición de su defensor en la mayoría de las imputaciones y habilitó la investigación de esos casos hasta el 3 de noviembre. Y ordenó a pedido de la fiscalía, la prisión preventiva para el acusado por el mismo plazo de la investigación.
La cumplirá en el penal 3 de esta ciudad, donde se entregó el martes tras estar prófugo desde mediados de noviembre del 2022, cuando le habían concedido la preventiva domiciliaria después de que lo condenaran en un juicio abreviado donde admitió su responsabilidad en otros hechos delictivos. Pero rompió la tobillera electrónica y se evadió.
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