La audiencia pública de hoy: tras la mejor decisión

La audiencia pública que se realizará hoy (si es que no se pospone por tercera vez) para debatir en torno del cuadro tarifario propuesto por Edersa para el próximo quinquenio, ha oficiado de verdadera bisagra en la política de Río Negro. Al tiempo, y desde una dimensión estrictamente epistemológica -que es la que aquí nos convoca-, pone en evidencia deficiencias estructurales de las instituciones y operadores en la deliberación de la «cosa pública», de la que resultan sus principales perjudicados todos los interesados, especialmente los usuarios.

Preliminarmente, recordemos que a partir de la oleada privatizadora de los «90, se consagró en la mayoría de los marcos regulatorios de los servicios públicos -y luego hizo lo propio la jurisprudencia- el instituto de la audiencia pública como ámbito donde se debatieran los asuntos más sensibles a los intereses de los usuarios. Y la tarifa, naturalmente lo es. Ello se hizo -estimamos- en el entendimiento de que la discusión regimentada detenta un valor epistémico trascendental, confiando en el diálogo fecundo, generador de conceptos axiológicos distintos de los vigentes, a la vez que en la revalorización económica del capital humano. Procuraremos explicarnos.

Se advierte en la práctica empresaria, por un lado, la necesidad de transitar el discurso moral y, por el otro, la de optimizar la razón práctica. Ello significa que la determinación de los conceptos axiológicos (valores) necesariamente debe contar con un antecedente metodológico que los justifique, caso contrario su acatamiento será improbable.

De allí la conveniencia del sistema democrático como ámbito institucional del diálogo o, parafraseando a Carlos Nino, «la participación en la discusión de quienes pueden estar afectados por la adopción de uno u otro, sobre todo cuando tienen intereses opuestos, es la mejor garantía de que, si las reglas de la discusión fueron aceptadas, el consenso real obtenido se aproxima al consenso ideal».

En segundo término, el debate propio de la deliberación democrática es puro método científico: que es sino la controversia de ideas, su sometimiento a la crítica y la corrección de los yerros.

Consecuentemente, cuanto mayor sea la cantidad de participantes del debate, más informados estén los contertulios, más honestos en la expresión de sus designios e intereses, más amplio el contenido de la discusión, menos autistas y predeterminados los posicionamientos, más profunda la discusión; mayores serán las probabilidades de arribar a una decisión científica óptima, que contemple (ya sumergiéndonos en el caso de marras) tanto los intereses de los usuarios, cuanto de las empresas interesadas, a la vez que el proyecto de desarrollo energético de la provincia.

Pero se visualiza, en las instancias preliminares a la audiencia de hoy, un notable desaprovechamiento en la potenciación de la fuerza legitimadora y carácter científico propios de dicho ámbito de deliberación:

La información suministrada a los usuarios, tanto por la distribuidora cuanto por el EPRE, ha sido por momentos nula y, en otros, abrumadora. Sólo la propuesta de Edersa consta de 4.000 fojas, sin índice, sin síntesis, disponible en su gran parte en soporte papel, en ocasiones con entrega contra pago de los insumos. El EPRE no ha confeccionado un folleto explicativo de masiva difusión para los usuarios, con la información técnica procesada y ordenada acerca de los alcances reales de la propuesta.

La formación de un criterio técnico serio frente a la propuesta (de aumento) de la empresa requiere, naturalmente, un tiempo razonable de investigación y reflexión. El EPRE mantuvo bajo reserva absoluta durante un año la propuesta tarifaria que hoy se debate y pretendió que en escasos días los usuarios, que en general no sabemos más que prender y apagar la luz, diéramos un debate parejo con la Edersa, que no sólo conoce con precisión el negocio que opera, sino que cuenta con los medios materiales necesarios para asesorarse y convencer.

Se limita el contenido de la discusión (en la audiencia) a la «tarifa». Con ello se pretende excluir el «case» Turbine Power, con todo el «sobreprecio» que éste implicó e implica para los usuarios y contribuyentes del erario rionegrino, lo cual ha sido incluso motivo de preocupación hasta del propio gobernador (nota del «Río Negro» del 24/11/01). Si el costo de abastecimiento integra en un 35% la tarifa final de la energía que pagan los usuarios: ¿puede sostenerse válidamente que es una cuestión inoficiosa a los efectos de la determinación del nuevo cuadro tarifario? ¿Acaso se convocará luego a una audiencia ad hoc para debatir el contrato de abastecimiento? ¿No debiera primeramente tratarse y resolverse en audiencia pública el tema Turbine Power Co. SA – Edersa para luego definir el cuadro tarifario y el régimen correspondiente para los próximos años?

No se explicitan (ni se desenmascaran) los verdaderos designios de los participantes. Decimos ello porque la distribuidora pretende un incremento del orden del 60% del costo de peaje para media tensión. Ello motivó que la FEERN denunciara ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia un deliberado intento por restringir el acceso a otros mercados energéticos. ¿Había que aguardar a que se consolidara la maniobra (aprobándose el cuadro) para empezar a controvertirlo?

La distribuidora presenta una propuesta tarifaria con un cuadro financiero y contable muy distinto del que presentaba al momento de su privatización, consecuencia de la fusión por absorción de Edersa a SODIELEC SA, lo que provocó que los intereses de la deuda de los socios los soportara la ecuación contable de la empresa.

A pesar de que ello incide de forma determinante en la noción de rentabilidad justa y razonable asegurada a la empresa, tampoco podrá esta cuestión ser incorporada a la agenda de la audiencia. ¿Se requiere de otra audiencia pública para tratar si fue correcta la decisión de reducir a menos de la mitad el patrimonio neto de Edersa, o si es atinado que los intereses del endeudamiento de los socios castiguen el resultado de la empresa, o si fue pertinente la decisión de debilitar la estructura financiera de la empresa?

La actitud de la distribuidora ha sido autista: no generó un ámbito de discusión previo a la presentación de su propuesta, de la que con seguridad hubieran participado los interesados. Ello hubiera retroalimentado los criterios y razones que recién en esta instancia, sólo como consecuencia de las prórrogas reclamadas, se encuentran por primera vez.

Como se ve -y ello independientemente de la decisión final del EPRE en relación con el incremento pretendido por la distribuidora-, convertida la audiencia pública (o al menos sus prolegómenos) en un ritualismo formal, carente de sentido epistémico, indiferente frente a las pautas que el sistema democrático proporciona y que optimizan la construcción de los valores y -a la vez- las decisiones empresarias, implica para los rionegrinos desaprovechar una experiencia única en nuestra historia: apostar al debate fecundo, convencidos de que entre todos se arribará a la mejor decisión.

El EPRE aún está a tiempo de resignificar el procedimiento de justicia procesal, que entre sus manos tramita.