La austeridad no entra al Congreso

La austeridad es un concepto que nunca sedujo a los políticos. Por lo general, creen que el gasto público siempre está destinado a subir, como si las consecuencias no fueran solventadas por el conjunto de los ciudadanos, sean o no contribuyentes a nivel nacional, provincial o municipal.

Una prueba es que en las últimas elecciones legislativas no hubo un solo candidato que planteara la necesidad de frenar el gasto o, al menos, racionalizarlo. Cualquier ahorro parece minúsculo en comparación con el fenomenal aumento de la era K, cuando el gasto público total prácticamente se duplicó al pasar del 23 al 43% del PBI, con un déficit de 5 puntos pese a la presión tributaria récord que trajo aparejada.

Antes el problema era que el déficit presionaba sobre la inflación ya que se cubría con la “maquinita” del Banco Central; o sea, la emisión de pesos sin respaldo (en la Casa de Moneda y la imprenta Ciccone, por la cual está preso Amado Boudou). Y ahora con endeudamiento, mayormente externo, cuyos intereses abultan el desequilibrio fiscal.

La cuestión de la austeridad fue planteada por el presidente Mauricio Macri, al anunciar la agenda de reformas que se propone llevar adelante en los próximos dos años.

Y que tendrá mañana jueves un capítulo importante en la reunión que mantendrá con los gobernadores de todas las provincias para negociar una baja gradual del impuesto a los Ingresos Brutos, además de una nueva ley de Responsabilidad Fiscal, para que el gasto público no crezca por encima de la inflación en todas las jurisdicciones. Esto incluye el destinado al área previsional, con el reemplazo de la fórmula para ajustar las jubilaciones, pensiones y planes sociales.

En cambio, no hay evidencias de cambios en las estructuras del Estado ni siquiera a mediano o largo plazo, pese a que el presidente criticó, por ejemplo, que el plantel de la Biblioteca del Congreso Nacional haya pasado de 500 a 1.700 personas en los últimos años y supere al de las más grandes del mundo.

Sin embargo, un informe de Cadal acaba de aportar un dato llamativo: desde el 2016 hasta ahora el Poder Legislativo nacional incorporó a 948 empleados, de los cuales 113 fueron sumados al superpoblado plantel de la Biblioteca, denunciado como escandaloso por el propio Macri.

Según el informe, elaborado por Gabriel Salvia a base de datos presupuestarios oficiales, el Congreso tenía 15.248 empleados el año pasado y tendrá 16.196 el próximo.

Una dotación enorme para 329 legisladores nacionales (257 diputados y 72 senadores). Este aumento promedio de 6% en dos años se eleva al 11% en la Cámara de Diputados debido a la incorporación de 595 personas y se compensa en el Senado con la reducción de 241 agentes (-4%).

Pero en este mismo período no sólo se incrementó el plantel de la Biblioteca, sino también el de la Imprenta (104 personas); la Dirección de Ayuda Social (100); la Defensoría del Pueblo (170); la Procuración Penitenciaria (60) y la Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (47).

En conjunto, estas reparticiones de ambas cámaras tendrán el año entrante 4.197 empleados, una cifra que equivale al 72% del total de personal del Senado (5779) y al 67,5% de Diputados (6220).

Más que a austeridad, la leve reducción en el Senado obedece al sentido común.

Durante la gestión de Boudou se registró el incremento más inusitado de personal a tal punto que, por primera vez en la historia parlamentaria, la Cámara Alta llegó a contar con más empleados (6.020) que la de Diputados (5.554), entre permanentes y contratados.

El trabajo de Cadal revela además que el mayor aumento de personal en el Poder Legislativo se produjo durante los gobiernos kirchneristas, ya que el plantel total pasó de 9.587 en 2003 a 15.073 a fin del 2015 (57,2% más), pese a que el número de legisladores nacionales no varía desde 1995, tras la última reforma constitucional.

Los mayores incrementos porcentuales se verificaron en la Defensoría del Pueblo (146%); la Biblioteca (68%) y la Obra Social (53%), a los que se agregó en el 2014 la creación de la Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, que ya en el 2016 contaba con 109 empleados.

De hecho, muchos senadores se convirtieron en una suerte de pyme por el número de empleados asignados a cada uno y que, a diferencia de épocas lejanas, no ingresan por concurso. Los que encabezan el ranking son Ernesto Martínez Carignano (Cambiemos, Córdoba), con 41; Liliana Fellner (FpV, Jujuy) con 40 y Juan Manuel Irrazábal (FpV, Misiones), con 39.

En el otro extremo se ubican Federico Pinedo (Pro, CABA), María Odarda (Frente Progresista, Río Negro) y Carmen Crexell (MPN, Neuquén), con 10 cada uno. Y en la distribución de empleados por bloque, el primer puesto corresponde a la UCR, con 104, seguido a mucha distancia por el FpV (21) y Producción y Trabajo (16).

Más complicado resulta conocer el cuadro de situación en la Cámara de Diputados, que desde hace años no difunde esos datos y ahora queda al margen de la ley (de Acceso a la Información Pública) votada por el mismo cuerpo.

Un informe de Cadal aporta un dato llamativo: desde el 2016 hasta ahora el Poder Legislativo incorporó 948 empleados, de los cuales 113 fueron a la ya poblada biblioteca.