La batalla que viene

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ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar

La batalla que viene es la de la seguridad”. El gobernador Alberto Weretilneck lo repite a sus colaboradores con la inquietante certeza de quien sabe cuál es el problema pero no acierta a encontrarle solución, aun sabiendo que determinará la suerte de su deseo reeleccionista. Pasadas las parlamentarias, la dirigencia rionegrina se ubica con vistas a las elecciones de gobernador en el 2015. La etapa es particular y, por eso, interesante para el análisis. En el radicalismo, la conducción se licuó por divisiones y fracasos. Nada nuevo asoma en ese complejo horizonte. Y, en el Frente para la Victoria, los liderazgos están en construcción. Weretilneck trabaja en eso cada día, aprovechando la ventaja de estar en el gobierno. El voto reciente consolidó la figura de Miguel Pichetto. Pero su prestigio como operador político y gestor ante el gobierno nacional no implica que sus posibilidades sean idénticas en caso de disputar el Ejecutivo provincial. Pichetto parece ser el primero en tener una actitud de indecisión al respecto. Tras el comicio, se ubicó a sí mismo en la esfera nacional, reclamando un lugar en la fórmula presidencial. Lo hizo impulsado por su condición de ganador en un contexto desfavorable para la mayoría de los dirigentes de su sector. Pero a pocos días hay ya tantos candidatos que su sugerencia no devuelve ningún eco. En la provincia, él sigue danzando su juego de anuncios e inauguraciones con el gobernador Alberto Weretilneck. El peronismo, como era previsible, comienza a transitar un camino que difícilmente pase inadvertido para el senador y para el gobernador, y que los obligará a adoptar definiciones mucho más claras. Pero ¿cuántos sectores tiene hoy el peronismo en Río Negro? En la dispersión hay sólo un rasgo común: ser los socios mayoritarios de un gobierno en el cual el jefe pertenece al Frente Grande y quiere repetir mandato: • Están, por un lado, los “albertistas”, que han elegido unir su destino a Weretilneck, a quien rodean y obedecen: el vicegobernador Carlos Peralta, el presidente del bloque legislativo Pedro Pesatti y la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Tania Lastra, lideran el grupo, al que adscriben funcionarios e intendentes de ciudades pequeñas. Lastra y Pesatti ya dieron su aval a que el gobernador repita otro período. • Por otro lado se ubica el sector de los “intendentes”, unidos por la Liga y por la natural tensión con el gobierno provincial por la distribución de fondos, reclamo de obras y quejas por servicios públicos provinciales: policía, salud, cárceles, vialidad… Martín Soria, María Eugenia Martini, Javier Iud son los más críticos de este grupo, pero no los únicos que alientan que un peronista encabece la fórmula para gobernador en el 2015. • Están los “pichettistas puros”, con dificultades para disimular el desagrado porque su mentor no se lance ya hacia la gobernación, temerosos de que Weretilneck siga acumulando adhesiones o que algún otro les gane de mano. • Los “kirchneristas”, que no reconocen más pertenencia que la conducción nacional: programas, fondos, lealtades los referencian en esa instancia. • Y están, finalmente, los que no pertenecen a ninguno de los anteriores, un grupo heterogéneo de dirigentes históricos y militantes desencantados. La elección interna de congresales partidarios, convocada para el 22 de diciembre, será la primera señal de que el partido “de gobierno pero sin gobierno” comienza a recuperar su organicidad, al validar representaciones vencidas. El lunes pasado, varios de los conflictos entre los sectores mencionados se hicieron notar antes y después de la reunión del Consejo partidario que conduce Miguel Pichetto. Incómodo, sugirió “parar con las críticas” al gobierno provincial, porque “el escenario nacional no es favorable” a las divisiones. Así, de la mano de Weretilneck pero sin tropa propia en el gobierno, el senador mide el tiempo de la espera y la ansiedad. Mientras esto sucede, la Legislatura sigue siendo el campo de lidia de gran parte de las batallas políticas. En estos días, el debate de la reforma al Código Procesal Penal es el eje que vincula los discursos ideológicos con la práctica más pura y dura. Un proyecto fue elaborado en el 2010 por una comisión de abogados y juristas de dentro y fuera de la provincia a pedido del exgobernador Miguel Saiz. El otro, por la legisladora Ana Piccinini. Varias cuestiones están en discusión, aunque el debate se ha centrado en dos: • La incorporación –o no– del juicio por jurados para causas graves. El “proyecto Saiz” lo incluye. El “proyecto Piccinini”, no. Los simulacros realizados han generado cierto entusiasmo, pero también grandes dudas sobre el riesgo de que el prejuicio –más que las pruebas– defina el destino de imputados y víctimas. La necesidad de un abultado presupuesto para implementarlo no es menor. La Comisión que analiza la reforma aconsejaría posponerlo para una instancia futura, dejando al Poder Judicial la decisión acerca de la oportunidad. • La propuesta de que todo proceso dure como máximo tres años implica que en ese tiempo se extinga la acción penal. La cláusula, incluida en el artículo 77 del “proyecto Saiz” es, a juicio de Piccinini, una garantía de impunidad para las decenas de exfuncionarios radicales imputados de corrupción. Causas que investigan presuntos sobreprecios en obras públicas, en compras y contrataciones, las que indagan la venta a precio vil de tierras fiscales y en los sobresueldos pagados a ministros y funcionarios políticos tendrían destino el tacho de la basura si ese texto se aprobara como fue escrito. La acusación de la existencia de un “pacto”, que lanzó Piccinini, dio pie a su sucesora en Asuntos Constitucionales, la peronista roquense Tania Lastra, para acusarla de “opositora” y cosas peores. Si se desgrana tanta palabrería, no obstante, se advierte que Piccinini no estaba errada en su apreciación. La introducción de un plazo perentorio para la duración de un proceso rige en varios códigos internacionales, con la intención de evitar que la demora del Estado en hacer justicia tenga en vilo durante años a un ciudadano común. Aplicar ese criterio para beneficiar a funcionarios sospechados es, en cambio, contrario a la ley de Ética Pública, que modificó el Código Penal para suspender los plazos de prescripción para delitos cometidos en el ejercicio de la función pública. No es casual que las causas de corrupción duren muchos años. En general, la pruebas del delito y el ímpetu investigador de los jueces no aparecen hasta que el funcionario sospechado declina en su poder político. Curiosamente, Bautista Mendioroz coincidió con la oficialista Lastra, e invocó un artículo del proyecto Piccinini de “redacción similar”. Basta leerlo para advertir la diferencia, ya que propone tres años “desde la apertura de la investigación y la individualización del o los imputados, salvo que se trate del procedimiento para asuntos complejos”, eximiendo también del plazo a “las impugnaciones extraordinarias”, a “impugnaciones y oposiciones inoficiosas de la defensa” y a la fuga del imputado. A salvo de presunción de ingenuidad, la actitud de Lastra vuelve a poner el dedo en la llaga: la sospecha de que, en las sombras, Weretilneck procura beneficiar a quienes fueron sus aliados y enfrentan hoy causas pendientes.

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