La Cámara investigará el robo de bebés

La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca se declaró ayer competente para investigar los casos de desaparición de niños nacidos en cautiverio durante la última dictadura militar en jurisdicción del Quinto Cuerpo de Ejército.

«Los delitos de desaparición de bebés nacidos en cautiverio son de carácter permanente y, por ende, susceptibles de investigación y penalización», señala la resolución de la Cámara conocida ayer. Reseñaron los jueces que ya en 1986 la Cámara dispuso la formación de expediente por separado de la causa 327, caratulada «Metz Raúl Eugenio y Romero de Metz Graciela, sustitución de estado civil y sustracción y ocultación de menores».

Por las investigaciones realizadas desde aquella época y principalmente a raíz de lo declarado por testigos en el llamado «Juicio por la Verdad», se considera que tanto Graciela Romero de Metz como Graciela Izurieta -ambas desaparecidas- habrían dado a luz mientras estaban secuestradas en «La Escuelita» y sus niños apropiados ilegalmente.

Estableció además la Cámara la conexidad del robo de bebés con la desaparición de personas que, sin posibilidades de penalización, se investiga en el «Juicio de la Verdad». «Lo que aquí se requiere es conocer el destino de los niños nacidos de madres que se encontraban en cautiverio al momento del parto, cuyo destino este Tribunal investiga», señala la resolución de la justicia federal local.

Los testimonios de hoy

BAHIA BLANCA (Enviados especiales) – Los testimonios de Mario Crespo, Jorge Rosas, Hugo Casela y Héctor Gonçalvez se escucharán hoy en una nueva audiencia del «Juicio de la verdad».

El primero es un sobreviviente del centro clandestino de detención y tortura «La Escuelita», mientras que los restantes habrían estado vinculados con la represión o el secuestro de personas.

Rosas es el suegro de Crespo y según anticiparon algunas fuentes tendría algún tipo de vinculación con el secuestro de su yerno. Casela está individualizado como uno de los integrantes del grupo de tareas que operó en esta ciudad al mando del mayor Ibarra y Gonçalvez es un ex policía de la Federal de la delegación Viedma.

Por otra parte, voceros de la fiscalía confirmaron a «Río Negro» que hoy será notificado el obispo emérito local Jorge Mayer para que preste declaración en esta causa. Debido a su condición de dignatario eclesiástico se acogerá a la posibilidad de hacerlo por escrito.

Asimismo, este medio pudo establecer que el militar Jorge Mason, citado para la próxima semana, es quien ocupó la jefatura del Distrito Militar Río Negro de Viedma, entre 1994 y 1997.

La fiscalía presentó su caso ya que habría participado en diferentes operativos clandestinos en la ciudad bahiense, en los primeros años de la dictadura.