“La Corte está defendida por el cerrojo de Raúl”

entrevista: Manuel Garrido, exFiscal DE INVESTIGACIONES, diputado por la UCR

CARLOS TORRENGO

carlostorrengo@hotmail.com

Martín Heer

Manuel Garrido es porteño y desde el 2011 es diputado nacional por la UCR, banca que ganó como primer candidato. Hasta el 2009 condujo la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Nación.

–Desde el momento en que dejó la Fiscalía de Investigaciones Administrativas a hoy, ¿cómo cree que evoluciona la transparencia en los actos del gobierno nacional?

–Empeora. No hay ningún interés en la transparencia. No hay ninguna política transformadora que avance en esa dirección. De hecho, lo que el kirchnerismo definió como “democratización de la Justicia” no apuntó a dotar de mayor eficacia del sistema judicial, sí a establecer dominio del Poder Ejecutivo sobre el Judicial, en el Consejo de la Magistratura… Todo esto frente a un sistema judicial que tiene inmensos problemas. Entre otros, la lentitud con que se abordan los procesos…

–La causa por el vaciamiento del ex-Banco Provincia de Río Negro fue a juicio luego de 13 años de investigación. Rodolfo Terragno, en una clase pública que dio días pasados en Tribunales, dijo que los procesos por corrupción de funcionarios no debían durar menos de dos años. ¿Se puede?

–Por supuesto que se puede, y menos también. En cuanto a lo sucedido con la causa del Banco, bueno, el lapso está en los marcos del patético promedio.

–¿Qué es eso?

–Que cuando se trata de causas que involucran al poder político, funcionarios de un gobierno, si llegan a juicio tardan ese tiempo o más en hacerlo. Hay estudios realizados por organizaciones no gubernamentales que dan un promedio de 14 años. Pero, además, las que llegan a juicio son muy pocas.

–Pero la demora parece ser bifronte en sus causas. Por un lado, suele favorecer al poder político acusado de corrupción. Dilataciones, prescripciones. Por el otro, y se da mucho en materia de inseguridad, desgarra a las víctimas ante ausencia de justicia. ¿Cómo reflexiona este tema?

–Ese desgarro, ese dolor, tiene que ver con el convencimiento de esas víctimas de que quizá no tengan justicia. Además, en el marco de esas víctimas, hay muchos casos de víctimas desamparadas por mil razones, a la hora de poder acceder a la Justicia.

–¿Es partidario, por la significación social que le es consustancial en tanto delitos cometidos desde el poder político y económico y tienen gravitación sobre el conjunto, de procesos especiales para estos casos?

–No. Hay que trabajar sobre el todo. Si se trata de acelerar el tratamiento de las causas y hacerlo con eficacia, porque no se trata sólo de un problema de tiempo sino de garantías de que la Justicia está trabajando con profesionalidad, eficacia, hay que reformar el proceso penal para todos los casos criminales. Para lo cual, hay que, entre otras decisiones, reorganizar al Ministerio Público para que, vía especializaciones, aborde los distintos planos de lo criminal. También hay que reformar el Código Procesal Penal y el Civil y Comercial, donde hay mucha lentitud de procedimientos…

–En relación con las demoras en cuestión, ¿no afectan también a los procesos por seguridad social? Un caso, entre retirados y en actividad, hay más de 100.000 causas presentadas por militares debido a incumplimientos salariales, partes en negro de sus salarios y etc., etc.

–Bueno, Argentina ha sido observada por el Sistema Latinoamericano de Derechos Humanos por la lentitud incluso de los procesos que hacen a esos derechos, como cobro de jubilaciones, pensiones. Lentitud mediante, estos derechos se convierten en ilusorios para miles y miles de argentinos. Es inexplicable, en relación con todo esto, que la Argentina no transforme su proceso Penal Federal, que hoy debe ser uno de los más anticuados y malos de la región.

–¿Dónde está el escollo para avanzar en esa dirección?

–En el gobierno. Incluso, sobre finales de la gestión presidencial de Néstor Kirchner se elaboró un proyecto de reforma integral para la Justicia Penal, pero la presidenta Cristina no lo alentó jamás. Y hay en el Parlamento –concretamente en la Comisión de Legislación Penal– varios proyectos de reforma, pero el gobierno no tiene ningún interés en que avance.

–¿Por qué?

–En parte hace a su cultura de poca transparencia. Porque una reforma necesariamente tiene que jerarquizar el peso de los fiscales y esto implicaría una pérdida de gravitación del grupito de jueces federales que siempre tiene las causas contra funcionarios del gobierno, causas por corrupción en el Estado. El gobierno se resiste a perder esa cuota de poder. O sea, no alentar la reforma no es sólo una cuestión técnica, sino política.

–¿Qué es lo técnico en este caso?

–Desde el gobierno suele argumentarse que toda reforma del sistema judicial también es, y lo es por cierto, también un problema de costos. Pero se trata nada menos de la Justicia… nada menos. Hubo un momento ideal para avanzar en estos procesos: cuando las cuentas fiscales cerraban bien porque el país crecía a tasas del 8%. Hoy, bueno… ¿no?… Con sólo pensar en los miles de millones de dólares que la Argentina tiene que juntar para cubrir el déficit energético… en fin… Cristina no cumplió con su promesa de ser la presidenta de una etapa más institucional, como prometió en su campaña. Su esposo había sido el hombre de la recuperación de la imagen presidencial, ella sería la del fortalecimiento de las instituciones. Pero claro, una reforma judicial no le conviene.

–¿Qué es la Corte Suprema en todo esto?

–Un dato muy positivo. Independencia.

–¿Por dónde irá, si va, una nueva embestida del kirchnerismo sobre la Corte?

–En relación con ese tema hay algo que tiene mucha importancia. Mirado desde el pasado, lo suelo definir como el cerrojo de don Raúl Alfonsín… algo que le da una solidez que la Corte no tenía, lo cual permitía –caso Menem a modo de ejemplo– que el Ejecutivo avanzara sobre ella. El cerrojo de don Raúl tiene que ver con la reforma de la Constitución del 94, que estableció la elección de un tercer senador nacional por provincia, un tercero que corresponde a la segunda fuerza electoral. Esa iniciativa, que fue una propuesta del radicalismo vía Alfonsín, pone un obstáculo a quien tiene el gobierno nacional para obtener determinadas mayorías calificadas. Un caso, si quiere reformar la Constitución nacional o nombrar un juez o desplazar un juez de la Corte, necesita de los dos tercios del Senado, lo cual no necesariamente se logra. Su obtención implica consensuar. Cosa que a los K no les agrada. Y tendrán que consensuar con la UCR… complejo, complejo. Ésta es la razón por la cual el kirchnerismo, en el enojo que la Corte le genera, está atrapado por un cerrojo constitucional. No puede desplazar a un juez de la Corte, por ejemplo, ni ampliar el número de la Corte, simplemente porque no tiene los dos tercios… El cerrojo de Raúl defiende a la Corte.