La Corte frenaría los «Juicios por la verdad»

BUENOS AIRES(ABA).- Hay pocas cosas que les den más temor a los radicales que los militares en pie de guerra. Se sabe: la relación entre las Fuerzas Armadas y los gobernantes de la UCR, en las últimas dos décadas, ha estado lejos de ser cómoda. Los herederos de Yrigoyen llevan como un estigma su falta de capacidad, o de decisión, para solucionar el «problema militar». Y los uniformados saben que esta «debilidad» oficial hace más permeables las presiones. Ahora, Fernando de la Rúa intentará terminar con aquel viejo estigma: el gobierno habría establecido un mecanismo con la cúpula de las Fuerzas Armadas para «parar» los juicios de la Verdad, tal como informó este diario el miércoles.

«Las cosas cambiaron mucho con el traspaso de gobierno. Con Menem, los militares también pedían aumentos y el pago de los retroactivos a los retirados, pero los modales eran otros. Ahora, con De la Rúa, los generales se envalentonan y, más que solicitar, exigen», señaló un alto funcionario del Ministerio de Defensa, que agregó: «Si te quemás con leche, cuando ves una vaca…».

De allí nace el deseo de De la Rúa: que el tema militar no vuelva a ser un elemento de discordia. Raúl Alfonsín debió sufrir un par de intentos de golpes de Estado, y su relación con las FF.AA. fue muy difícil. La decadencia de su gestión quedará marcada en la historia con aquel famoso «Felices Pascuas» con que el ex presidente mandó a sus casas a los miles de ciudadanos que se manifestaban en Plaza de Mayo contra el intento golpista de Aldo Rico.

Por eso, en mandatario aliancista tiene por objetivo tranquilizar los ánimos castrenses. Se habla, incluso, de un acuerdo secreto entre el gobierno y la cúpula militar: los uniformados no ofrecerán resistencia a que continúen los casos por robos de bebés; a cambio, el gobierno intentaría detener el desfile de oficiales en los denominados «Juicios por la verdad».

Para los militares involucrados, aunque las leyes de Punto Final y Obediencia Debida los exime de terminar en la cárcel, todo pasa por «una cuestión de dignidad», explicó una fuente del Ejército. «A los oficiales no les gusta andar respondiendo sobre los desaparecidos y recorriendo los pasillos de tribunales, se sienten humillados», le explicó Eduardo Alfonso, secretario general de la fuerza, a Ricardo Brinzoni, jefe de las Fuerzas Armadas.

La propuesta que habría acercado Alfonso al gobierno pide que la Corte Suprema «unifique los criterios para los juicios por la verdad». En verdad, el fin de los militares es que la Corte «discipline» a los jueces de Córdoba y que los tribunales del interior terminen «copiando» a la Cámara federal porteña, donde el proceso contra militares esta «archivado».

El objetivo, en última instancia, en realidad, es que los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dé la ordenen a los tribunales del interior a cesar con los juicios.

Otra interna por las FF. AA.

El ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, ratificó que las Fuerzas Armadas «no intervendrán activamente» en la lucha contra el narcotráfico y se limitarán a dar apoyo logístico a los organismos de seguridad, según fuentes de la cartera.

Fuentes cercanas al ministro dijeron que López Murphy mantiene la postura expresada, puesta de manifiesto en un reciente durante un viaje relámpago a la Antártida.

Allí, el funcionario había asegurado que la legislación vigente permite que las Fuerzas Armadas brinden apoyo logístico a los organismos de seguridad, pero no que intervengan activamente en el combate contra narcotraficantes.

El ministro dijo que el gobierno no impulsaba ningún cambio en esa materia, pese a que informaciones periodísticas indicaron que el presidente Fernando De la Rúa instruyó a las Fuerzas Armadas para que participen en el combate contra el narcotráfico, según trascendió en una información periodística.

Esta decisión, que aún no fue ratificada públicamente por ningún funcionario, implicaría un drástico cambio en la política de defensa, ya que desde la vuelta de la democracia se intentó separar la seguridad interior de la exterior

Tribunal militar reclama causa

El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se declaró competente en la causa del robo de bebés y le pidió la causa al juez Bagnasco. El máximo tribunal de la esfera militar le pidió al magistrado que se aparte de la investigación por considerar que la competencia del caso le corresponde.

Bagnasco ordenó en esta causa el arresto domiciliario de nueve ex jerarcas del régimen militar que ejerció el poder en Argentina desde marzo de 1976 hasta diciembre de 1983, entre ellos el ex presidente militar Jorge Videla y el antiguo jefe de la Armada, Emilio Massera.

El juez los acusó de haber ideado un «plan sistemático» para el robo de bebés nacidos en los centros clandestinos de cautiverio montados por los militares la época de la represión ilegal.

El complicado procedimiento que se abrirá a partir de esta presentación del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas amenaza con involucrar a fiscales, abogados defensores, jueces de primera instancia, tribunales de apelación y, finalmente, Corte Suprema de Justicia.

El juez Bagnasco dará en primer lugar intervención a las partes para que se pronuncien en el conflicto de competencia para luego tomar una resolución que puede abrir paso a una sucesión de apelaciones y planteamientos judiciales.

Una fuente de la oficina de los fiscales dijo que el cuerpo de acusadores pedirá a Bagnasco que rechace «de plano y sin análisis» la petición, debido a que no se le reconoce ninguna competencia .