La Corte Suprema le reclamó al gobierno que cumpla lo prometido

Pide que se acelere el nombramiento de 750 cargos, como se acordó




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Los integrantes del máximo tribunal plantean que para acelerar las causas se debe incorporar personal.

BUENOS AIRES.- La Corte Suprema de Justicia de la Nación le reclamó ayer al Gobierno Nacional que apure el nombramiento de 750 cargos para distintos tribunales de todo el país, según lo acordado en marzo pasado, y a la vez requirió la creación de 900 cargos nuevos para incorporar personal que ya trabaja en el Poder Judicial.

El máximo tribunal le envió al jefe de Gabinete, Sergio Massa, dos notas con los pedidos de nombramiento de personal, ya que se requiere una autorización de partidas del Gobierno y la sanción de una ley del Congreso, se explicó.

Una de las notas es para que se haga efectivo el acuerdo al que Massa y el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, habían llegado el 11 de marzo pasado, para la incorporación de 750 empleados que se financiarían con 36 millones de pesos del presupuesto del Poder Judicial que el Gobierno debía habilitar y con la sanción de una ley del Congreso que el Jefe de Gabinete, había dicho, iba a impulsar.

Y la segunda nota le requiere al Gobierno que habilite las partidas presupuestarias para designar a 900 meritorios -empleados que trabajan gratis-, en los cargos de escribiente auxiliar en planta permanente del Poder Judicial.

Ambos pedidos fueron efectuados por el secretario general de Administración de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Marchi, según indicó el Centro de Información Judicial (CIJ).

Al acuerdo entre Massa y Lorenzetti se había arribado luego de una dura polémica entre funcionarios del Gobierno y jueces de la Corte sobre los motivos por los cuales estaban demorados los juicios a acusados de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

La presidenta Cristina Kirchner había dicho al inaugurar el 1ro. de marzo las sesiones del Congreso que "es hora entonces que la Justicia dé respuestas", en referencia a las causas de derechos humanos, porque el Poder Ejecutivo ya había asignado recursos y el Parlamento había aprobado cinco leyes para agilizar los procesos.

La jueza Carmen Argibay replicó los dichos y sostuvo que la Justicia carecía de recursos humanos y de infraestructura. "El Legislativo y Ejecutivo nos han recortado el presupuesto. Si quieren que aceleremos los juicios, primero nombren los jueces que no tenemos", dijo Argibay. Su colega Carlos Fayt ratificó esos dichos y el resto de los jueces de la Corte sostuvieron que la opinión de Argibay es la misma que la de ellos, explicaron voceros judiciales consultados entonces. (DyN)


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