La exclusión de la lógica

Días pasados leí un artículo del Dr. Juan Manuel Salgado titulado «La lógica de la exclusión». En el mismo se postulaba que hay que prolongar el ingreso a la universidad, que es «irrestricto» según él afirma, a la Facultad de Medicina. Además, la universidad debe pergeñar todos los artilugios necesarios para evitar la deserción, así como al mismo tiempo ampliar el magro sistema de becas, las políticas de bienestar, evitar el desarraigo, proveer de materiales de estudio, dispensar material bibliográfico y eliminar trabas pedagógicas (que no alcanza a precisar).

Como si esto fuera poco, la universidad debe supervisar y auditar los sistemas provinciales de enseñanza media a efectos de hacerlos compatibles con los requerimientos (¿?) universitarios.

Esto es exactamente lo que Arturo Jauretche denominaba mentalidad «fubista»: la universidad como centro del universo, un ministerio de acción social más un ministerio de educación más un ministerio de cultura más un ministerio del interior que fija políticas.

Los estudiantes como vanguardia, los profesores y burócratas universitarios como aristocracia intelectual y el «resto», es decir el Estado y la sociedad, como enemigos o al menos como sectores hostiles que no entienden nada.

Digamos, incidentalmente, que son justamente estos sectores los que pagan y mantienen la universidad. La sociedad paga y el Estado canaliza los recursos. Incidentalmente también, señalamos que la enorme mayoría de la sociedad no usa ni se beneficia con los servicios universitarios que mantiene con sus impuestos.

En un tonel con agujeros, cuanta más agua se eche más agua se perderá. La universidad, en su despilfarro presupuestario, cuanto más dinero reciba más despilfarrará. Lo que hay que hacer es sellar los agujeros universitarios por los que se cuela un presupuesto que en estas condiciones nunca alcanzará. Es simplemente una cuestión de sentido común.

La deserción estudiantil no es un problema individual, así como -aunque no le guste a Salgado- los problemas universitarios no se solucionan constituyendo a la universidad en un súper-ministerio en tareas que son absolutamente ajenas a su misión.

Si la deserción es del 90% de los ingresantes, la discusión queda limitada a que este porcentaje se configure de un golpe con un examen o curso de admisión o se vaya perfilando lentamente en el curso de los dos o tres primeros años de carrera.

¿Qué es preferible, tomar un examen o curso y seguir con los que han acreditado la capacidad, formación y antecedentes requeridos para recibir la educación universitaria o meter a los estudiantes en una lenta «picadora de carne» donde al cabo de dos o tres años tendremos el mismo resultado, con un gasto (no será inversión en este caso, ya que ningún profesional obtendremos) presupuestario mucho más alto y con frustraciones individuales y colectivas mucho más significativas?

Ninguna lógica ampara esta discusión y yo no participaré de ella.

La deserción no comienza en la universidad. Un sistema globalmente injusto restringe la educación desde el primer grado al 92% de los estudiantes. A la universidad llega un 8% que, indudablemente, pertenece a los sectores más privilegiados de la sociedad. ¿A quién defiende Salgado?

No son, como dice el articulista, los sectores sociales privilegiados los que defienden el examen de ingreso. Ellos defienden la universidad tal como está ya que la cincelaron de esta manera, se han apropiado de la renta y el privilegio y se han constituido en proveedores de «materia gris» para el gran capital. Pero si esto es así, al menos que acrediten capacidad e idoneidad (como a cualquier empleado público le exige la Constitución nacional) para recibir una educación universitaria que pagan los trabajadores que no van a la universidad.

¿Qué pasaría si se sometiera a referéndum popular la pregunta sobre si se debe o no acreditar capacidad para ingresar en la universidad?

Tomar el caso de Medicina como particularidad para afirmar una serie de consignas de carácter general es un nuevo atentado a la lógica. La comunidad, los colegios profesionales, los estudiantes, los profesores, los directivos, todos los que de una u otra manera están dedicados a esa disciplina han vertido su opinión en relación con este tema. Todos han manifestado una idea contraria a la de Salgado. Insistir en posiciones marginales y minoritarias está emparentado con la obcecación y reñido con la lógica.

Pero lo que es inadmisible es que un abogado, decano de la Facultad de Derecho, sostenga posiciones opuestas, contradictorias y violatorias de la Constitución nacional. Desde la reforma de 1994 la acreditación de la capacidad para ingresar a los estudios superiores es obligatoria, y lo único que evita esta evaluación es una universidad que se aferra a viejas prácticas conservadoras y a un estatuto universitario que ha devenido inconstitucional.

Bien contextualizadas, ciertas posiciones «progresistas» se manifiestan como lo que esencialmente son: profundamente conservadoras. Parodiando a Telleyrand, digamos que así como la guerra es un tema demasiado serio para dejarlo a decisión de los militares, la educación superior es tan importante que no puede quedar en manos de los universitarios.

Si así sucede, como hemos visto, la única excluida es la lógica.