La justicia inoportuna

El juez federal Juan José Galeano no es el único que cree que el atentado contra la sede de la AMIA en julio de 1994 y por lo tanto el que destruyó la embajada israelí poco más de dos años antes también fueron obra de funcionarios importantes del régimen iraní. Más contundente aún ha sido el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Silvan Shalom, que los atribuyó a Irán como tal, no sólo a individuos que, en teoría por lo menos, pudieron haber organizado las dos matanzas a espaldas del gobierno de su país. Aunque la distinción así supuesta puede parecer meramente semántica, la voluntad de nuestros gobiernos de deslindar las presuntas responsabilidades ha sido útil para aquellos que sin querer dar la impresión de estar dispuestos a pasar por alto la gravedad de las atrocidades cometidas, prefirieron privilegiar los vínculos formales con un país que, además de estar en condiciones de fomentar nuevos ataques terroristas, ha resultado ser un buen cliente comercial. Dicho de otro modo, a juicio de la Cancillería, la relación con un Estado que se ha hecho notorio por subsidiar y dirigir a grupos terroristas es más importante que la vida de más de cien personas.

Si bien tal actitud es normal en el mundo gélido de las relaciones internacionales en el que todos los países están acostumbrados a subordinar en ocasiones la justicia y hasta la seguridad de sus habitantes a factores diplomáticos, estratégicos y económicos, ya no cabe duda de que a la larga las consecuencias concretas de la pasividad premeditada suelen ser decididamente peores de lo que prevén los funcionarios. Al convencerse de que les es dado actuar con impunidad, los regímenes que colaboran con bandas terroristas no vacilarán en chantajear a sus víctimas, amenazándolas indirectamente con más atentados a menos que finjan descreer de la veracidad de evidencia que en otras circunstancias considerarían irrefutable. En efecto, la guerra que está por librarse en Irak puede achacarse en buena medida a la permisividad con la que Estados Unidos y otros países trataban al dictador Saddam Hussein cuando aún creían que les convenía respaldarlo contra Irán, país que antes de la invasión de Kuwait les parecía plantear un peligro internacional mucho más grave.

Pues bien: antes del 11 de setiembre del 2001, cuando Estados Unidos sufrió en carne propia un ataque de impronta islamista en escala mucho mayor que los ya concretados de Buenos Aires, tanto la superpotencia como Israel se resistían a asumir una postura frontal y principista frente a las organizaciones terroristas que proliferaban en el Medio Oriente y que ya establecían células en otras partes del mundo, razón por la que ni la CIA ni el Mossad admitían haber identificado con seguridad a los autores intelectuales de los dos atentados antisemitas de la primera mitad de los años noventa. Desde entonces, empero, Estados Unidos ha hecho de «la guerra contra el terror» uno de los ejes fundamentales de su política exterior.

Por lo tanto, se prevé que luego del derrocamiento de Saddam se iniciará una ofensiva contra el régimen clerical iraní, la que, irónicamente, contaría con pruebas aún más verosímiles que las acumuladas contra el dictador iraquí porque no cabe duda de que Irán está impulsando un programa nuclear que pronto le permitiría armar sus propias bombas atómicas y, como si esto fuera poco, ha sido desde hace años uno de los impulsores más vigorosos del terrorismo antioccidental. Con todo, hay una diferencia básica. Mientras que en Irak la oposición al dictador fue eliminada hace mucho tiempo con brutalidad extrema, en Irán, país que a pesar de todo ha guardado ciertas formas democráticas, no sólo existe una amplia coalición comprometida con la libertad y el respeto por los derechos ajenos, sino que está cobrando cada vez más fuerza, lo que hace más que posible que el régimen de los clérigos caiga sin que haya ninguna necesidad de una invasión que sería encabezada, inevitablemente, por Estados Unidos. En tal caso, el reclamo de los que quieren que los atentados sean debidamente aclarados y que los culpables fueran castigados dejaría de ser una aspiración utópica que nuestros gobernantes se niegan a tomar en serio porque, a su entender, están en juego intereses incomparablemente más significantes que los resumidos por la palabra justicia.


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