La luz de la discordia

El aumento del precio mayorista de la electricidad golpeará a los hogares y a la producción.

MARTÍN BELVIS martinbelvis@rionegro.com.ar

El fuerte incremento del precio mayorista de la electricidad, que tendrá un correlato de hasta el 60% en el precio final de la energía en Río Negro, impactará inevitablemente en hogares y comercios, pero también en los sectores económicos que dan empleo: la producción y el turismo. En una provincia que tiene una de las tarifas más altas del país (al menos dos informes privados lo afirman), el incremento podría ser un golpe fuerte en los costos de las empresas y en la economía de los hogares, que ya sufren el aumento de los precios por la devaluación y –de acuerdo con la lógica del gobierno de Mauricio Macri– seguramente deberán soportar en breve una suba del valor del gas. En Río Negro, los hogares con menores demandas de electricidad –identificados con las familias de menores recursos– tienen subsidiada la tarifa. La resolución del ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, que dispuso los nuevos precios mayoristas de la energía establece incluso que para esos usuarios el costo de la generación y el transporte trasladable a la factura final sea igual a cero. Pero para que este beneficio opere Nación exige que las distribuidoras que tuvieran deudas por facturas impagas con Cammesa (que es la administradora nacional del mercado de la generación y el transporte, bajo manejo de Aranguren), acuerden un plan de cancelación. El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) quiere saber cuánto dinero debe Edersa y sobre todo está interesado en que se pague, para que el beneficio se aplique en Río Negro. Y la semana pasada, por tercera vez, le requirió la información, pero la empresa se resiste a informar y aduce que el mercado mayorista no forma parte de las atribuciones regulatorias del organismo rionegrino. Es una verdad a medias porque, si bien la regulación provincial alcanza sólo al negocio de la distribución (la venta minorista a cada usuario), el costo del abastecimiento de Edersa (cuánto paga por la energía que compra) es el dato de oro para la actualización trimestral de las tarifas de los rionegrinos. El único dato difundido hasta ahora nunca fue desmentido e indica que Edersa le debe 305 millones de pesos a Cammesa. El EPRE, que conduce desde hace diez meses Néstor Pérez (un ex Cooperativa de Electricidad Bariloche), está dispuesto a descontar esa cifra cuando analice el nuevo cuadro tarifario trimestral. “De lo contrario estaríamos haciéndole pagar a la gente un dinero que después la empresa retiene” es el razonamiento (¿chicana?) de los técnicos del ente y de la Secretaría de Energía de la Provincia, al mando de un ex Edersa, Marcelo Echegoyen. La empresa muestra otra realidad: la tarifa que está cobrando refleja los costos operativos del 2011 y los laborales del 2013. “Midamos todo con la misma vara; si para vos los costos aumentan, para mí también”, dicen en Edersa frente al aumento del 63% en la tasa de inspección que le cobra el EPRE para financiar su funcionamiento, que de 18 millones en el 2015 pasó a 63 millones este año. La relación entre Edersa y el gobierno de Alberto Weretilneck no podría haber sido mejor cuando el paquete accionario de la distribuidora rionegrina fue vendido al grupo Neuss, a un precio que sigue siendo una incógnita. Los nuevos dueños firmaron un acuerdo con Weretilneck el 4 de noviembre de 2014. Ese pacto aún se mantiene en secreto, pero desde entonces han ido trascendiendo algunos detalles; uno de ellos es que el EPRE se comprometió a suspender las sanciones Edersa relacionadas con los riesgos en la seguridad pública hasta tanto ambas partes acordaran un nuevo régimen para la consideración de estos casos. Más allá de que este acuerdo secreto podría violar la ley del marco regulatorio provincial, ambas partes debían avanzar en la elaboración de un nuevo régimen. Pero en el gobierno dicen que la empresa nunca quiso acordar y el EPRE está a punto de definir de manera unilateral la adopción de los criterios del ente regulador nacional, ENRE. Tampoco está claro de qué manera legal se salvó otra posible violación del marco regulatorio: hace casi cinco años el gobierno debería haber ofrecido en licitación internacional el paquete mayoritario de Edersa, con el beneficio de los actuales accionistas de mejorar cualquier oferta de terceros, un procedimiento que debe realizarse a los 15 años de la privatización (2011) y luego, cada una década (el próximo, en el 2021). Para Weretilneck la política es una eterna negociación (no le dicen El Brujo porque tire las cartas); no la abandona ni en los momentos de mayor tensión. Por ahora deja que la pelea entre Edersa y su gobierno transcurra a nivel del ente regulador. Los Neuss sabían muy bien lo que compraban cuando se quedaron con Edersa y hasta es posible suponer que algún acuerdo de aumento de tarifas con Weretilneck haya estado cerrado antes de la operación. Pero, si así fue, de ambos lados existe una ingenua decepción.

“Se mantiene el acuerdo entre Weretilneck y el dueño de Edersa, el grupo Neuss, pero las relaciones con la Secretaría de Energía y el EPRE suman tensión”.


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