La negociación que no fue

ADRIÁN PECOLLO adrianpecollo@rionegro.com.ar

Río Negro parece condenada a la conmoción cada fin de año. Esta vez no fue el asesinato del gobernador ni los saqueos; fue una protesta policial que instaló incertidumbre y propagó otros reclamos estatales. Esa crisis de los uniformes tuvo su desencadenante nacional, pero la provincia aportó motivaciones y epílogos propios. Nada se asemeja al relato presidencial de una conspiración, a pesar de que lo ocurrido tiene notable gravedad institucional. Las carencias y precariedades de los uniformados son innegables, partiendo de un mínimo cercano a los 6.000 pesos. Existían razones para quejarse, pero superaron los límites por la particularidad del servicio público que cumplen. El hecho reabrió el debate de la sindicalización de las fuerzas de seguridad, que introduciría un canal institucional de negociación. Un capítulo válido y posible si la modernización y desmilitarización prometida fuese real, y no fingida a partir de la instalación de un civil en la conducción. Por ejemplo, la anunciada reforma policial sigue empantanada. La policía rionegrina no se acuarteló ni abandonó sus puestos, dice el gobierno, con una mirada reducida. No hizo falta aquello para instalar zozobra y temor en los funcionarios y la comunidad. Fueron elementos de “persuasión” para imponer sus requerimientos. En Viedma se reflejó el cuadro más grave. Allí, no quedaron dudas de que se desdeñó a la autoridad civil. Los suboficiales –especialmente los más jóvenes– fueron los más activos y la oficialidad acompañó. Permitió que patrulleros, motos y autobombas se usaran en la protesta. La principal permisividad radicó en el insólito ingreso a la Casa de Gobierno por parte de manifestantes. Lo hicieron por el patio de la Jefatura, que ya era un reducto de nadie y de todos. Ingresaron y se fueron con simplicidad. Se retiraron recién cuando un efectivo desde Cipolletti ordenó el desalojo después de que el ministro Luis Di Giacomo –acompañado por Oscar Albrieu y el jefe policial, Fabián Gatti– levantara la reunión que mantenía con los voceros policiales. Weretilneck lo había llamado y le impuso ese mandato mientras persistiera esa ocupación. Quedó claro que el territorio gubernamental estaba reducido. La misma Casa de Gobierno estaba expuesta. Una charla clarificó más la perceptible situación. Acompañado por el secretario Ariel Gallinger, el secretario general Matías Rulli –la máxima autoridad en la capital– reprochó a los dos comisarios más cercanos: la jefa de Seguridad Josefina Colipe y el de la Primera, Héctor Fernández. “Saben que cometen un delito de sedición”, les advirtió Rulli. Los oficiales defendieron la intromisión. “Nuestro reclamo es pacífico”, respondió uno. Ni ellos estaban del lado gubernamental. Por eso no existió negociación. No existían atajos. El caos podría arremeter si el domingo no existía arreglo. La usina policial había irradiado versiones fieras por si todo fracasaba. Weretilneck lo sabía y ordenó que cerraran por el menor número posible. Ese monto fue de 10.000 pesos de bolsillo para el agente inicial. Casi un 67% más que el ingreso actual. Córdoba había transmitido pánico y, más cerca, Neuquén habían arengado a los uniformados con su acuerdo. Pero el gobierno había aportado sus dislates. El anuncio del aguinaldo para enero fue una mezcla de impericia y especulación. “Bajemos las expectativas y, después, sorprendemos” con el pago antes de las Fiestas. Lo planeó el ministro Alejandro Palmieri, transmitiendo demoras en el crédito, y el gobernador, sin más, propaló esa mala noticia cuando todavía se disponía de tiempo, reservas y colaboración bancaria para cumplir con esa obligación. Así se confirmó después. Esa bronca contribuyó también a la marea policial. Además, los retirados habían operado con sus quejas por la histórica peregrinación por normas que faciliten que Anses aplique en sus haberes las subas de los activos. Tenían otra frustración: una postergada liquidación del adicional de extensión horaria. Otra vez la gestión provincial exhibió sus fracasos. Esa dirigencia estaba fastidiada y existía un quiebre en la relación gremial que cumplen en favor de los activos. El despliegue policial magulló el mando provincial. Tarea por reparar. Algo está mal si se naturaliza que los policías armados y con móviles marchen en contra de las autoridades. El gobierno nada hizo. ¿Por temor? Pide tiempo. También cierta oposición fue imprudente en las horas más críticas. Lo hicieron por apuro, torpeza o exagerada especulación. El domingo, por Facebook, la titular de la UCR, María Inés García, felicitó, se solidarizó y apoyó a la policía en la “búsqueda de mayor dignidad” y, simultáneamente, ATE se sumaba con un paro de los penitenciarios para el martes. El retrato final del oficialismo fue peor: Gatti y Albrieu festivos con los uniformados, algunos armados. Di Giacomo habló de “acuerdo histórico”. Hasta los policías fueron más medidos. Weretilneck tenía otra conclusión y estaba exhausto. Calló a sus funcionarios y, como nunca, se recluyó en su despacho. Volvió a mostrarse una semana después: el viernes en parajes de la Línea Sur y ayer en una ceremonia de egresados en Viedma. Ese retiro sirvió para reflexionar: “Fue el mal menor”. Evalúa que se salió rápidamente del conflicto, aventando consecuencias como las que hubo en otras provincias. La solución policial ya modificó la proyección financiera, sumando un inesperado costo salarial, con derivaciones en otros sectores aún imprecisas. Hasta entonces, Weretilneck pretendía atenuar la sostenida evolución anual de esa partida. Pensaba aferrar la provincia a la pauta nacional y demorar las subas hasta marzo. Hoy se acomoda a la realidad impuesta. Resistirá, cuanto pueda, la ofensiva gremial y buscará postergar otras mejoras. Se lo anticipó a la Unter y desechó una mesa de negociación que le propuso el upeceísta Juan Carlos Scalesi, presionado por los afiliados. Weretilneck entiende que el pago del aguinaldo, las Fiestas y el receso desvanecerán broncas. No será tan sencillo que eso ocurra. Por lo pronto, defendió el aislado incremento a los uniformados argumentando su mayor carga horaria. Primero, tendrán que precisar su impacto. Economía estimó que exigirá más de 450 millones anuales, es decir de 60 a 80 millones más que la estimación original de Seguridad. Aquel análisis fue la primera participación de la cartera de Palmieri en ese diseño. “El conflicto requería una respuesta política”, respondió un partícipe del acta. Tiene razón, a pesar de que ese apartamiento tiene un origen superior: Weretilneck está molesto con el ministro y potenció su fastidio con el fiasco del aguinaldo para enero. Evalúa cambios en esa cartera y, seguramente, tendrán su impronta, es decir: Palmieri seguiría y las remociones estarían en sus colaboradores –¿el secretario Emmanuel Tobares?–, socavando al ministro. El trance del fin de semana reflotó contrastes ideológicos y de prácticas. También recelos y desconfianzas. Fueron pocos los que estuvieron en esos momentos. Aun así, la divergencia radicó en la salida adoptada. Un sector pretendía dureza y la diferencia quedó palpable cuando el domingo se organizaba una marcha en defensa de la democracia. Weretilneck ordenó su inmediata suspensión. “Si todo se complica, la hacemos mañana (el lunes)”, transmitió. Fernando Vaca Narvaja no compartió esa desmovilización y discutió con Rulli, que defendió la orden del mandatario. Al final, el mayor costo asumido y el desafío pendiente provienen del escenario policial. Por ahora, el gobierno se desentendió de revisar sus conductas, pero faltarán iniciativas para recuperar la conducción de esa fuerza. No hay certezas de la actitud asumida por el subjefe Eladio Infante, máximo jefe uniformado. Su flácida subordinación tiene un antecedente cuando, en junio, impuso un criterio complaciente para cumplir con la detención de los efectivos procesados en el caso de Solano. Ahora, renovadas exigencias salariales imponen otras urgencias.

DE DOMINGO A domingo