La nota desafinada del ajuste

En medio de la sinfonía del ajuste que se escucha en el gobierno, en la Legislatura y en los municipios, el aumento salarial que promueve el Poder Judicial sonó esta semana como el único instrumento que desafina en esta orquesta.

La pequeña triquiñuela que hallaron los jueces para blanquear buena parte de sus salarios que no estaba sujeta a ninguna retención, actuó como el disparador de un inevitable debate en el cual no se discute tanto la legitimidad sino la oportunidad política de la polémica decisión.

La picardía en la que se embarcaron los magistrados consiste en blanquear una atractiva cifra no remunerativa -2.900 pesos en el caso de los vocales del Tribunal Superior de Justicia- que percibían desde 1991. Pero al mismo tiempo se aumentan los haberes para evitar que las retenciones afecten el salario final.

Es decir que, amparados en la intangibilidad salarial, los jueces no están dispuestos a resignar ninguna de las monedas que llegan a sus bolsi-llos.

Ahora que los diputados de todos los colores políticos, funcionarios del gobierno y representantes de entidades intermedias salieron a criticar con dureza el aumento de sueldos, en la Justicia saben que corren el riesgo de quedar aislados como esos chicos ricos que viven en un barrio pobre.

La Justicia neuquina tiene, a través de la llamada ley de Autarquía, poder de decisión sobre sus recursos, que se alimentan con el 18 por ciento de la coparticipación federal de impuestos que recibe la provincia.

Desde el punto de vista legal, los jueces están en el camino correcto. Incluso pueden demostrar, como argumento en su favor, una administración sin excesos, ya que desconocen, por el momento, lo que significa la palabra déficit.

El Poder Judicial maneja el tercer presupuesto más importante de esta provincia, con 38 millones de pesos anuales, y sus administradores están ahorrando para construir la llamada ciudad judicial. Esto quiere decir que no les va mal.

Pero el ataque que lanzaron representantes de los otros dos poderes del Estado debilita a los magistrados frente a la opinión pública y actúa sobre el costado ético de la decisión referida a los salarios, alimentando un debate en la sociedad acerca de cuánto debe ganar un juez en una provincia que se empobrece año tras año.

Este es el momento que halló el gobierno de Jorge Sobisch para meterse, por una vía indirecta, en un poder autónomo que decide sobre el destino de sus recursos. Y fue la propia Justicia la que le dio el argumento para hacerlo cuando presentó en la Legislatura el proyecto con el que pretende terminar con los pagos en negro dentro del Poder Judicial.

Señales de austeridad

Cuando asumió el 10 de diciembre, Sobisch habló del ajuste. Dijo que empezaba por su despacho, eliminando los gastos reservados. Pero también invitó a los restantes poderes del Estado a enviar señales de austeridad. El gobernador les estaba hablando al vicegobernador y presidente de la Legislatura, Jorge Sapag, a los integrantes del Poder Judicial y también a los intendentes.

La Legislatura acaba de sumarse a la política de ajuste con una discreta reducción del presupuesto que afectará sobre los viáticos, facturas de teléfonos, gastos de funcionamiento en los bloques de los diputados y el parque automotor. En un presupuesto de 15 millones de pesos la reducción propuesta apenas supera el millón de pesos.

Pero la reciente difusión de los números del Poder Legislativo no ayuda en absoluto a los jueces a defender su nueva escala salarial. Mientras el Ejecutivo y el Legislativo agitan la tijera en la mano para recortar en todos lados, la Justicia ha quedado en una actitud provocativa.

Por coincidencia o no de los hechos, existe una estrategia clara para incorporar el concepto de ajuste en la Justicia. Desde el gobierno, y también desde la oposición, se apuesta a machacar sobre la contradicción y a sacar provecho de la irritación que provocan las diferencias exageradas.

Lo curioso es que ningún vocero de la Justicia salió a retrucar la andanada de críticas que se escucharon a lo largo de la semana. Como plan de defensa, el silencio no los beneficia, sino por el contrario, los deja más indefensos.

Al mismo tiempo, esa táctica despierta sospechas sobre posiciones corporativas. Y si existiera alguna voz disonante dentro del Poder Judicial con la propuesta de blanqueo salarial enviada a los legisladores, sería bueno que la sociedad la conociera.

Por último, una pregunta. Esta misma Justicia que defiende con uñas y dientes la intangibilidad salarial debe decidir este año sobre los ocho mil juicios iniciados por los estatales que reclaman la devolución del 20 por ciento de zona desfavorable. ¿Podrán decirle que no a esta millonaria demanda?