Las familias obligadas a desalojar piden más tiempo

Las dos familias que viven a la vera de la Ruta Nacional 22, en la zona de Tres Luces, apelaron ayer la resolución de la Justicia Federal que los intimó a desalojar las casas en que viven y que Vialidad Nacional reclama por las obras de ampliación de la traza. El plazo que les dio el juez Hugo Horacio Greca para que dejen el sector se cumple hoy aunque están esperanzados en obtener más tiempo para arribar a una solución.

Valeria Fernández, una de las damnificadas informó que ayer se reunieron con el intendente Aníbal Tortoriello a quien lo pusieron al tanto de la situación. Dijo que la Municipalidad se comprometió a gestionar con Desarrollo Social de Nación una ayuda económica para poder construir nuevas viviendas en dos terrenos que ofreció el Municipio. Hace un tiempo la provincia, a través del IPPV, les propuso hacer las casas aunque ellos las tenían que pagar.

“No estamos usurpando un terreno. No es justo que tengamos que pagar porque nosotros ya tenemos nuestras casas”, cuestionó Fernández.

El secretario de Gobierno Diego Vázquez, que estuvo en la reunión de ayer con las dos familias damnificadas informó que el intendente se comunicó con Vialidad Nacional y que se logró un compás de espera para hallar una solución. “Todos tienen parte de razón”, argumentó Vázquez y agregó: “los vecinos dicen que ya tienen sus casas y que no son ellos los que se quieren ir; Vialidad Nacional argumenta que no va a pagar porque no es una expropiación y la empresa no puede empezar las obras si no está resuelto el problema”, detalló.

Recordó que ese tramo de la obra ya está licitado y que el conflicto se acarrea desde antes de esta gestión municipal. Igualmente aseguró que colaborarán en encontrar la solución.

Valeria Fernández se mostró sumamente preocupada ayer especialmente por el desalojo pero también porque en el fallo, el juez Greca impuso que las costas las debían pagan pagar las dos familias. Cuestionó en este caso al abogado de Vialidad Nacional en quien, aseguró, confiaron. “Nos dijo que nos allanemos a la demanda porque Vialidad iba a darnos dinero para construir las casas nuevas. Ahora nos dice que no”, agregó.

“No estamos usurpando un terreno. No es justo que tengamos que pagar porque nosotros ya tenemos nuestras casas”,

argumentó Valeria Fernández, una de las damnificadas.