Las obras sociales recibirían transferencias por 6.500 millones de pesos en 12 meses

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) regula y controla 300 obras sociales y otros agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud (SNSS) que atienden a 19 millones de personas, aproximadamente el 46% de la población del país.

Entre los objetivos de las autoridades figuró fortalecer el sistema en su conjunto para “impulsar más solidaridad e inclusión”. Hasta imaginaron que las entidades deberían convertirse, gradualmente, en financiadoras y prestadoras.

Las obras sociales sindicales son signatarias de convenios colectivos de trabajo pero, por otra parte, están las del personal de dirección. Los beneficiarios no son sólo empleados en relación de dependencia, sino también jubilados y pensionados, monotributistas, pasantes y personal del servicio doméstico. Hasta hace aproximadamente cinco décadas, el sistema captaba un elevado porcentaje de aportes y contribuciones salariales; últimamente, sólo el 69%. El resto provenía de adherentes, monotributistas sociales y empleados domésticos y del Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales (SANO). Cerca de siete millones de personas eran titulares y 12 millones, familiares primarios. El SANO aseguraba valores mínimos de aportes por afiliado para cubrir las atenciones médico-asistenciales.

Durante un tiempo fueron garantizadas las normas para optar por cambios de obra social, certificados por escribanos o funcionarios que acreditaran la firma de los beneficiarios.

Mayor alcance y control

La Superintendencia persigue la descentralización y para ello recurrió a la paulatina apertura de delegaciones en todo el país. Incluso evaluó tecnologías para actualizar el Programa Médico Obligatorio y solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la mediación en los conflictos con las obras sociales.

A todo esto, existe el propósito de continuar con la inclusión de mayor cantidad de habitantes en el sistema, como ocurrió con los pasantes, e integrar a los autónomos.

Las acciones de control abarcan aspectos de legalidad y de gestión. En el primer caso se recurre a las sindicaturas externas que permiten identificar cuándo las obras sociales están fuera de los estándares fijados; se trata de equipos multidisciplinarios integrados por médicos, contadores, abogados y trabajadores sociales que verifican la información presentada por las entidades. Para constatar que éstas cumplen disposiciones sobre cuestiones administrativas, médicas, legales e internas, el organismo apela a las auditorías.

El SNSS utiliza los aportes y las contribuciones de los trabajadores en relación de dependencia y los empleadores, conforme al principio de la solidaridad, según el cual quienes más ganan financian la salud de los que perciben menores ingresos.

En los últimos años se conocieron reclamos de gremialistas para que el gobierno nacional devolviera fondos adeudados a las obras sociales sindicales. No faltaron quejas por las dificultades financieras originadas en las prestaciones de altos costos y complejas y destinadas a auxiliar a las obras sociales con bajos ingresos promedios. La ley 23661 dispuso la continuidad y profundización del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), creado por la ley 18610 de Obras Sociales y financiado con aportes y contribuciones del 10 al 20% según el tipo de entidad y, asimismo, el 50% de los distintos recursos previstos por las disposiciones vigentes.

El FSR, constituido por contribuciones de la seguridad social y sumas que no integran el presupuesto, se distribuyó automáticamente entre las obras sociales. Cuando al final de cada año se verificaban excedentes, éstos pasaban al ejercicio siguiente. Se diferenciaban de las partidas del presupuesto anual en que no podían ser ejecutadas fuera del ejercicio para el cual habían sido aprobadas. El gobierno nacional aseguró que los fondos estaban depositados en una cuenta en el Banco de la Nación Argentina.

Las sumas adeudadas oscilarían entre 12.000 y 15.000 millones de pesos, por lo que preocupó que, al igual que lo ocurrido con otros recursos de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), el oficialismo pudiera utilizarlas para gastos corrientes.

La CGT oficialista, encabezada por el metalúrgico Antonio Caló, reclamó una deuda de 15.000 millones de pesos y planteó cambios en las nóminas de medicamentos y las patologías. A su vez, la CGT opositora, liderada por el camionero Hugo Moyano, pidió reiteradamente por “la caja de las obras sociales” y denunció que el gobierno “se quedaba con dinero destinado a la salud de los trabajadores”.

Surgieron versiones de que la crisis económico-financiera de las entidades no era atendida, tal vez por la intención estatal de apropiarse de los fondos del sistema para crear un seguro de salud. Si esto llegara a suceder, los gremios correrían el riesgo de perder los gerenciamientos de las obras sociales.

Semejante deuda se habría originado por las demoras en los pagos de los reintegros para los tratamientos complejos y el dinero retenido en el FSR, por eso ciertos gremios incorporaron una cláusula en los acuerdos salariales para que los afiliados hicieran aportes especiales a las obras sociales (como el Sindicato de Empleados de Comercio, la Asociación Bancaria y la Unión Obrera Metalúrgica).

La Administración de Programas Especiales (APE), encargada de pagar subsidios por tratamientos costosos de alta complejidad a las obras sociales sindicales, advirtió el año pasado que tales entidades no habían rendido cuentas. Por otra parte, la Auditoría General de la Nación descubrió 117 beneficiarios de obras sociales con fechas de prescripciones, prácticas y/o tratamientos posteriores a su fallecimiento (denunciadas, en el 2010, por Graciela Ocaña, diputada nacional y exministra de Salud).

“Los subsidios a las obras sociales son una herramienta donde quienes más aportan, quienes mayores ingresos tienen, subsidian, sostienen, ayudan a los que menos tributan”, machacó la presidenta Cristina Kirchner en su tercera reunión con empresarios, sindicalistas y banqueros, el 11 de este mes, y proclamó, que desde la implementación del FSR se trabajó en “políticas de Estado para reforzar la salud pública”.

Ese FSR tiene dos aspectos:

• El de reaseguro, para el cual se creó el Sistema Único de Reintegros, que permite que las obras sociales recuperen las prestaciones de altos costos, así como cuanto destinen a los medicamentos de altos precios y a las prestaciones para la discapacidad.

• El de la redistribución, que abarcó el Subsidio Automático Nominativo para compensar a las obras sociales cuyos afiliados no alcanzan el mínimo de las matrices de riesgo. Incluso el Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA) para las obras sociales comprende a los afiliados que aportan menos y, muy especialmente, a las entidades con escasa cantidad de miembros. La decisión de incrementarlo en un punto representaría un alza del 20% en la distribución de los recursos, con una proyección anual de 590 millones de pesos.

Como novedades, Liliana Korenfeld, titular de la SSS, anunció:

• El Subsidio de Mitigación de Asimetrías del Régimen de Trabajo Especial (Sumarte) para fortalecer el financiamiento de agentes del seguro de salud que brindan cobertura a los beneficiarios que aportan montos fijos (monotributistas, trabajadores de casas particulares y monotributistas sociales y agropecuarios), o sea, el sector más vulnerable. El único requisito para acceder al mismo es “no negar las afiliaciones de la población objetivo y regularizar las pendientes en 90 días hábiles”. La distribución sería automática y proporcional a la cantidad de afiliados, unos 890 millones anuales.

• El Subsidio de Mitigación de Asimetrías para Mayores de 70 años (SUMA 70) considera decisiones de afiliados a las obras sociales, jubilados o en condiciones de serlo, a quienes interesa continuar en aquellas a las que aportaron y donde siempre se atendieron. Tendría una proyección anual de 420 millones.

Korenfeld destacó que a partir de la incorporación de un punto en el SUMA y de los programas Sumarte y SUMA 70, la proyección total ascendería a 1.900 millones al año.

En un encuentro con representantes de las obras sociales, el 12 del actual, la superintendenta y Ariel Lieutier, gerente general de la SSS, explicaron que se buscó profundizar “el camino distributivo del FSR”. Recordaron que “en el 2010 se transfirieron 420 millones provenientes del SANO y reintegros; en el 2011, por los mismos conceptos, 1.350 millones; durante el 2012, con el SUMA, cerca de 3.250 millones, y con el Sumarte y el SUMA 70 treparían a 6.500 millones en los próximos 12 meses”.

Las intenciones del gobierno nacional de repartir más recursos entre las obras sociales sindicales fueron cuestionadas por Moyano, persuadido de que sólo con su gremio la deuda asciende a unos 800 millones. Aprovechó la arremetida para descartar la acusación gubernamental sobre operaciones financieras sospechosas en su obra social.

Miguel Ángel Fuks – miguelangelfuks@yahoo.com.ar

Una proyección por la incorporación de programas de subsidios