Liberan a los cuñados y les devolverán el dinero

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CIPOLLETTI (AC).- José Forno y su cuñado, el cabo de la policía neuquina que cobró un cheque de Zanellato, fueron liberados porque el pedido de detención regía solamente “a los fines de la identificación”. Los investigadores revelaron que “no hay demasiada prueba” en contra de los imputados y que incluso les devolverán los 120.000 pesos que les secuestraron en los allanamientos del sábado pasado. Lo único que se está investigando por el momento son las circunstancias del cobro de un cheque de 16.000 pesos, al otro día del robo, y el depósito de otros 65.000, también en valores, que pertenecían a Zanellato y que fueron transferidos a la cuenta del policía (que incluso los endosó a su nombre) en un banco de Neuquén. El fin de semana la Brigada de Investigaciones de Cipolletti realizó ocho allanamientos en Cipolletti y en Neuquén y le secuestró a Forno unos 120.000 pesos. Tanto él como su cuñado estuvieron detenidos pero “a los fines de su identificación”, se aclaró. El robo en la empresa de agroquímicos, que queda en la calle Pioneros 1150, ocurrió el fin de semana del 21 de junio cuando boqueteros ingresaron, abrieron tres cajas fuertes y se llevaron dinero y cheques. La pérdida económica supera el millón de pesos, se supo esta semana. Los ladrones removieron una chapa del techo y entraron al primer piso, donde desactivaron el sistema de alarma y monitoreo. Con el pase libre, bajaron y llegaron directamente a las cajas de seguridad, que abrieron con una amoladora. La Policía reconoció que los ladrones tuvieron “muchísimo conocimiento” sobre la distribución de las oficinas porque fueron directamente al sector de las tres cajas fuertes. Además se las ingeniaron para desactivar todos los dispositivos de seguridad. Forno era empleado judicial en Cipolletti y está imputado también en otra causa, por estafas, a la espera del juicio. A diferencia de lo que informó oficialmente el Poder Judicial, los jueces que intervinieron en aquel proceso aclararon que Forno era jefe de despacho en la sala del fuero laboral (que tiempo después mutó a la Cámara Civil de Cipolletti) y que las estafas fueron cometidas con “expedientes administrativos laborales”. La mayoría de esos reclamos, iniciados a fines de los 90, eran de afiliados a Unter. Según la acusación penal, Forno usaba sellos de funcionarios y membretes del tribunal para confeccionar órdenes de pago que después se cobraban en el banco. Sus presuntos cómplices (que no eran empleados judiciales) accedieron al beneficio de la probation.