Liderazgos perpetuos

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ALEARDO F. LARÍA (*) aleardolaria@rionegro.com.ar

Una de las causas que explican la ausencia de calidad institucional de la democracia argentina reside en el estado comatoso de los partidos políticos. La calidad de la democracia moderna está estrechamente vinculada con la de los partidos políticos. La falta de partidos políticos sólidos y bien estructurados viene siendo sustituida por fuertes liderazgos personalistas que actúan como elementos ocasionales de cohesión. Se produce así una peculiar distorsión óptica: la creencia en la necesidad de permanencia de unos líderes que parecen insustituibles cuando en realidad cumplen una mera función de improvisado pegamento de circunstancias. Se debe también tener presente que la captura del poder por un determinado dirigente –sea nacional, provincial o municipal– da lugar, como un requerimiento objetivo de toda estructura funcional, al surgimiento de una red de funcionarios designados en cascada. Esa tupida trama de funcionarios públicos y beneficiarios adyacentes siente que la permanencia en los lugares de privilegio que ocupan y la captura de rentas que le son permitidas quedan estrechamente vinculadas con el hecho de que el vértice de la pirámide de poder permanezca inamovible. Cualquier cambio puede dar lugar a un reacomodamiento y a la pérdida de esos lugares de privilegio. A esta circunstancia cabe añadir el infaltable componente narcisista, que constituye un ingrediente habitual de la naturaleza humana. El ego de los gobernantes se siente alimentado por las alabanzas que prodigan los círculos que se organizan alrededor del poder. De este modo, la designación en un cargo representativo, que es un simple encargo de gestión para realizar determinados cometidos a lo largo de uno o dos períodos de gobierno, se transforma en una labor de ribetes mesiánicos. Los líderes terminan convencidos de que debido al intenso amor que les prodiga el pueblo están “condenados al éxito”, es decir a permanecer singularmente atados al cargo. Los límites constitucionales a las reelecciones indefinidas buscan poner remedio a estas ensoñaciones que produce el poder. Y desde entonces los líderes políticos se ufanan en buscar fórmulas que intentan eludir las prohibiciones constitucionales. En la Argentina fue Néstor Kirchner el primero en concebir la sucesión matrimonial como argucia para saltar por encima de los obstáculos legales. Siguiendo su poco edificante ejemplo, ahora es el gobernador de Santiago del Estero quien anuncia que dado que la Corte Suprema ha impedido su reelección, colocará a su esposa como oportuna pieza de reemplazo. Algunas constituciones provinciales se han adelantado a este tipo de picardías. Por ejemplo, la Constitución de la provincia de Mendoza, en su artículo 115, señala que “el gobernador y el vicegobernador no podrán ser reelegidos para el período siguiente al de su ejercicio” y luego añade que “no podrán ser electos para ninguno de estos cargos los parientes de los funcionarios salientes, dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad”. En América Latina, tierra pródiga en liderazgos mesiánicos, la Constitución de Honduras, por poner otro ejemplo, tiene previsiones de orden similar. Señala que no podrán ser designados candidatos “los parientes del presidente y de los designados que hubieran ejercido la presidencia en el año precedente a la elección, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”. No obstante, como estamos en el territorio del realismo mágico, la historia reciente registra el emblemático caso de Guatemala, cuya Constitución tiene una prohibición similar a la de Honduras. En marzo del 2011 el presidente Álvaro Colom anunció que pondría fin, por “mutuo acuerdo”, a su matrimonio de once años con Sandra Torres de Colom para que la primera dama pudiera ser candidata a la presidencia en las elecciones previstas para septiembre de ese año. El divorcio “ha sido una decisión difícil pero necesaria para que la primera dama pueda correr la carrera presidencial”, explicó entonces, compungido, un dirigente del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) del presidente Colom. Cabe añadir que felizmente funcionaron los frenos institucionales. Tanto la Corte Suprema de Justicia como el Tribunal Supremo Electoral en fallo confirmado por el Tribunal Constitucional negaron la inscripción de la candidatura de Torres por considerar que se había consumado un “fraude de ley”. Ofendida, la candidata frustrada argumentó que la voz del pueblo “no había sido escuchada”, que “la democracia se construye con más democracia” y que al no estar ya casada se había producido “discriminación en su contra debido a su género”. Esta tragicómica anécdota debe servir para la reflexión de los dirigentes que aspiran a reformar constituciones, buscar una sucesión matrimonial o en el caso extremo divorciarse de su cónyuge para intentar retener el poder en forma personal. Exhibe, de modo obsceno, cómo cualquier argumento resulta oportuno para justificar actuaciones impresentables. Pone en evidencia también un cierto desprecio narcisista de los líderes por el resto de colaboradores al suponer o imaginar que no existe en la propia fuerza política una persona que esté a la misma altura intelectual o con el talento suficiente para reemplazarlos. “Si no estoy yo, viene el diluvio”, parecen repetir los émulos modernos de Luis XV, el ególatra rey que gobernó Francia en el siglo dieciocho.