¿Mala palabra o límite necesario?

Sanciones escolares

MARCELO ANTONIO ANGRIMAN (*)

Según da cuenta el diario “Clarín” del pasado 2 de noviembre, 26 alumnos del Colegio Nacional Buenos Aires recibieron 20 amonestaciones por haber participado de la toma de dicha institución entre el 17 y el 26 de septiembre del corriente año. De dicha cantidad, diez alumnos quedaron libres por acumulación de sanciones y deberán rendir todas las materias en el próximo mes de diciembre. En tanto queda aún por resolver la situación de los cinco alumnos involucrados en la profanación de la iglesia de San Ignacio de Loyola, para quienes el rector Gustavo Zorzoli pidió la expulsión. Tal solicitud aguarda por la resolución judicial que se tomará en el expediente abierto como consecuencia de tales hechos. Recuerda Horacio Sanguinetti (exalumno y exrector del Nacional Buenos Aires) que cuando él era estudiante había tres principios dogmáticos a respetar: “No se puede perder tiempo porque la educación es gratuita para el alumno pero alguien la paga, no se puede ofender a nadie y no se pueden romper los bienes públicos”. Existe hoy una fuerte línea de pensamiento que entiende que la autoridad escolar debe ser comprensiva, humanista e integrativa, en manifiesta oposición a otros modelos considerados retrógrados como el normativo, individualista y punitivo. Se asiste así a un escenario donde se toleran con naturalidad actitudes tales como la toma de colegios, bajo el eufemismo de respetar la protesta social. De tal suerte resulta harto frecuente el indulto al que transgrede. Transgresión muchas veces consentida por los propios padres. Políticas espasmódicas de evitación del desgranamiento escolar y de justificación de estadísticas a como dé lugar son suficiente argumento para convertir a todo amague sancionatorio en una mala palabra. Se le quita así a la autoridad una herramienta que, bien utilizada, permite separar lo negociable de lo innegociable. Se renuncia de dicho modo al concepto de autoridad bien entendido –que nada tiene que ver con el autoritarismo–, imprescindible para el sostenimiento de la institucionalidad. No se debe pensar en un modelo de tipo militar –gracias a Dios hoy perimido– sino en establecer una organización donde se pueda convivir en armonía respetando ciertas reglas. Como afirma el licenciado en Filosofía Fernando Onetto: “La obligación de sostener la norma es de los adultos y muchas veces es la sanción la que enseña”. “Hay una tendencia a considerar la palabra obediencia como una conducta no pensante, cuando muchas veces no es así”. La vida en sociedad y la búsqueda del bien común implican una concesión cotidiana de la libertad individual y ello es algo que debe ser respirado desde la misma escuela. Por ello, aunque parezca antipático decirlo, las medidas impuestas en el Colegio Nacional Buenos Aires comienzan a poner las cosas en su lugar. A definir un límite que, quizás inconscientemente, hasta los mismos alumnos estén pidiendo. Claudio Chaves, autor de “La gestión escolar en tiempos de libertad”, afirma que los alumnos quieren disciplina: “Cuando uno les pregunta a los chicos cómo les gustaría que fuese un docente, dicen: primero, que venga todos los días; segundo, que sepa y que enseñe; tercero, que me sepa ordenar y guiar. El pibe necesita ese orden porque sin ese orden le cuesta mucho estudiar”. Hoy hay mucho miedo a los límites, porque parece que ponerlos es autoritarismo, cuando en realidad es amor y contención. El cuidado, el límite y la protección son querer, no cercenar. Las “teorías pedagógicas garantistas”, que tan fácilmente rotulan de autoritario todo aquello que las contradiga, lejos de salir a defender al transgresor debieran basar su postulado en el paradigma de la protección del alumno cumplidor. De tal suerte, el modelo pasaría de ser sancionador a ser protector. Así el eje de la cuestión no sería el castigo sino el respeto superior por aquel que va a la escuela a estudiar. En la medida en que no se premie el esfuerzo y todo dé lo mismo, el alumno no tendrá los estímulos necesarios para su superación, costado éste clave para la evolución actitudinal de las personas en formación. Recuperar la autoridad es una cuenta pendiente de la escuela, sólo saldable sobre la base del cumplimiento de reglas claras que se preestablezcan y se cumplan; con derechos y obligaciones tanto para alumnos como para docentes y autoridades que eviten caer en excesos y aseguren el uso de las libertades que sólo el Estado de derecho puede garantizar. La autoridad docente y la asimetría que necesariamente su ejercicio implica deben ser nuevamente puestas en valor, no desde el postulado teórico sino desde la acción concreta. De lo contrario, la “legalidad transgresiva” copará la escena y nuevamente la autoridad perderá su batalla frente a la voraz anomia. Porque como bien enseña Eva Giberti: “La escuela no puede ser un asilo donde no haya legalidad”. (*) Abogado. Profesor nacional de Educación Física marceloangriman@ciudad.com.ar