Manos a la obra

Por Arnaldo Paganetti

Las cosas se arreglan -o se desarreglan- con el ejercicio del poder. Con aprestos de emergencia económica para sacar al país del «borde del abismo», según la caracterización del presidente Fernando de la Rúa, el gobierno aliancista inició la ofensiva para cambiar las normas laborales que, a su criterio, permitirían ubicar a la Argentina en un nivel más competitivo y empezarían, muy gradualmente, a dar solución al grave problema del desempleo.

No es sencilla la tarea. Ya lo comprobaron en carne propia el ministro Alberto Flamarique y su segundo, Jorge Sappia, al negociar con la CGT, en momentos en que medio centenar de empresas de los rubros textil, alimentario y automotriz amenaza con «fugarse» al Brasil.

Un principio que los dirigentes siguen defendiendo, pero cada vez con menos fuerza, es el de la ultraactividad, que está vigente desde 1975, la «época de oro» del sindicalismo. Se trata de convenios colectivos que involucran a aproximadamente un millón y medio de empleados mercantiles, bancarios, de la sanidad, de la construcción y metalúrgicos. Esos contratos siguen hoy en pie ya que si las partes no concilian su modificación, se prorrogan indefinidamente de manera automática.

La intención del oficialismo es establecer la renegociación cada dos años con acuerdo de patrones y obreros para, en caso de que éstos no se entiendan, hacer intervenir como árbitro al Ministerio de Trabajo.

Muchos gremios temen quedar pedaleando en el aire por más que Sappia haya asegurado que «se sale del convenio viejo con uno nuevo, y si no hay uno nuevo, se sale del viejo a través de un laudo con fuerza de convenio».

La CGT, que respira a través de las obras sociales, sabe que la llave maestra para trenzarse en la discusión es centralizar los convenios. Lo que atenta contra ello, conspira contra el esquema burocrático que mantiene atornillados a sus sillones a gremialistas de la talla de Armando Cavalieri, Rodolfo Daer, Juan José Zanola, Carlos West Ocampo y Andrés Rodríguez. Rechaza, por esa razón, las discusiones por empresa y la regionalización que alienta el ministro Flamarique, en su intento por desarticular a la central que jaqueó con 14 paros al ex presidente Raúl Alfonsín.

El gobierno de De la Rúa buscará aliados entre los gobernadores peronistas, entre ellos De la Sota, Ruckauf y Reutemann, los tres con aspiraciones presidenciales. El proyecto de reforma laboral sería aprobado en Diputados, pero en el Senado se encontrará con un serio obstáculo, ya que el PJ retiene la mayoría absoluta.

«El campo de batalla será el Congreso», expuso sin medias palabras el camionero Hugo Moyano, a quien se menciona como futuro secretario general de la CGT, en reemplazo del menemista Daer.

Moyano calificó de «provocación» la propuesta aliancista, pero postergó para otras instancias las movilizaciones y huelgas.

Otro punto conflictivo gira alrededor del tiempo que tienen las empresas para conocer las aptitudes de su nuevo personal. Sappia encendió la mecha.

«El FMI -declaró- pide llevar el período de prueba a seis meses sin derecho a la indemnización por despido. Eso le da margen al empleador para «calibrar» a los empleados. El período de 30 días (rige actualmente) es muy estrecho».

La cuestión generó un debate en el seno de la Alianza. El frepasista Darío Alessandro dijo que sólo aceptaría una prueba de tres meses, para evitar los excesos, sobre todo en el rubro servicios.

Flamarique explicó que se trata de incentivar las contrataciones y que por eso, luego de los seis meses, se bajará la carga patronal del 18 al 12%. En una de las tantas discusiones sobre la flexibilidad laboral -de hecho ya las relaciones se han elastizado bastante- el ministro preguntó con ironía si la CGT representa a los que tienen trabajo, a los desocupados o a ella misma como entidad corporativa.

No le contestaron de buena manera. «Te imaginarás, Alberto, que si vamos a renegociar todo, vamos a discutir salarios y no precisamente para que los bajen», retrucó el mercantil Cavalieri.

Las quejas de los empresarios son constantes.

Razonablemente, al advertir sobre su difícil situación, una fuente de la firma textil Gatic, de la familia Bakchellian, se quejó, por ejemplo, por la falta de acceso a créditos y por la falta de bonificaciones o facilidades impositivas, como hay en Brasil. Pero luego, con desmesura, rezongó también porque en los lugares donde trabajan mujeres, la ley argentina le exige «tener guarderías».

Luego de recibir una recriminación pública de De la Rúa, por haber dicho que el gobierno argentino haría lo que le imponga el FMI, Sappia debió levantar la voz contra el sector empresario.

«Acá -balanceó- es un 'viva la Pepa', porque nadie paga horas extras ni cumple con la ley de la jornada laboral, ni con la normativa vinculada con la higiene y seguridad». Abrió así el capítulo de la policía laboral que incluirá la reforma que se conocerá esta semana.

Ocupado en satisfacer a la misión del FMI que visita Buenos Aires, a la que promete seguridad jurídica y déficit fiscal controlado, el ministro José Luis Machinea acepta que el esquema laboral proyectado en una primera etapa blanqueará situaciones existentes y disminuirá costos. En un segundo paso aumentaría la competitividad, se daría el crecimiento de las exportaciones y se reactivaría la economía en general. Recién cumplidos esos dos movimientos se podría atacar de lleno la desocupación.

Es probable que la puja política crezca en intensidad. Los gremialistas pegan a los aliancistas donde más les duele, ya que fueron radicales y frepasistas los que se opusieron a la precarización del empleo en la época menemista y ahora deben justificar la adhesión a pautas que impone la globalización.

La subordinación a los organismos de crédito internacionales conlleva rigurosidad en el control de las cuentas públicas. Se fiscalizarán con lupa los préstamos a ministerios y estados provinciales.

Sin embargo, por ahora el gobierno aprieta pero no ahorca. Quedó demostrado con el caso de La Rioja. Finalmente, no hubo derogación para privar de 250 millones de pesos anuales a la provincia del ex presidente Menem. El recorte alcanzará sólo al 10 por ciento de esa cifra.


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