Más de 200 resoluciones de Del Mazo, cuestionadas

CINCO SALTOS (ACS).- La última sesión de Concejo terminó con el clima armónico entre los bloques oficialista y de la oposición en el Concejo Municipal. La tensión se mantendrá hasta la sesión del miércoles cuando se defina qué pasará con las más de 200 resoluciones que firmó el presidente del cuerpo, Ignacio Del Mazo, sin la venia del cuerpo.

Muchas de las resoluciones se relacionan con aspectos administrativos como subas y bajas de licencias comerciales; pero también hay contratación de cuadrilas, de terceras personas, de profesionales, convenios de pasantías, creación de cajas chicas en el Concejo y en Hacienda de la comuna o la reasignación de funciones de empleados municipales.

En particular, el Recrear exigió explicaciones por resoluciones firmadas por Del Mazo entre las que se encuentran 29 contratados por montos que implican unos 8.000 pesos por mes; subsidios para 227 personas por las que se pagó un total de 23.840 pesos en estos meses y viáticos por unos 8.200 pesos.

«No afectan al presupuesto, no están en juego las arcas», dijo ayer la vicepresidenta del cuerpo, Claudi Aguirre.

Las resoluciones que pasaron a la comisión especial fueron adoptadas por Del Mazo desde que asumió hasta el 21 de mayo pasado.

El PJ espera que la oposición las ratifique; pero como quedó demostrado en la última reunión, el justicia

lismo cuenta sólo con tres votos, contra dos de la UCR, uno del MOVIN y uno del Recrear.

La sumatoria de votos del arco opositor (que no tiene una única postura inclusive dentro de la misma UCR) deja en minoría numérica al oficialismo.

El subsecretario de Deportes, Vicente Serer, y el secretario privado de Del Mazo, Artemio Godoy, renunciaron el martes después de la sesión en la que los ediles opositores desconocieron y dieron marcha atrás con el contrato de locación de medios que firmaron con el presidente del Concejo.

Los ediles autorizaron el nombramiento como funcionarios de ambos integrantes del gabinete, pero aseguraron que desconocían el contrato que se firmó posteriormente y según ellos, o a espaldas del cuerpo.

Desde el oficialismo se insiste en que la facturación fue la modalidad de pago de los sueldos de los funcionarios y de que la oposición asestó un golpe político a la gestión justicialista.

«No es que no conocían el contrato. Técnicamente no hay incompatibilidad porque así lo determinaron el ANSES y el Consejo de la Función Pública. Como no se les dio el tema de la incompatibilidad dieron con el argumento de que no pasó por el Concejo, pero lo conocían», dijo Aguirre.

Aseguró que aunque no pasen por la sesión «el presidente del Concejo les da a conocer todo, se reúne con ellos (por la oposición) para comunicarles cada cosa que se quiere hacer».