Más funcionarios a tribunales por presunto fraude

VIEDMA (AV)- La fiscal Daniela Zágari pidió al juez Carlos Reussi la indagatoria de quienes fueron las máximas autoridades del Ministerio de la Familia, en dos causas en las que se investigan presuntas irregularidades cometidas con fondos provenientes de Nación. En uno de los expedientes, en el que están imputados el ex ministro Alfredo Pega, la actual ministra y ex titular de Promoción Familiar, María Teresa Seghezzo y su colaboradora, Marcela Mancuso, se intenta corroborar si existió una deliberada intención de defraudar al Estado mediante las irregularidades producidas en la rendición de los gastos del dinero que el Ministerio de Desarrollo Social envió durante 2008 al Ministerio de la Familia para llevar adelante los programas “Somos Parte” y “Ecis”. Estos planes, para los cuales se recibió en ese período más de 1.5 millones de pesos, son destinados a la contención y reinserción social de niños y adolescentes con problemáticas familiares y sociales. Una auditoría del ministerio que conduce Alicia Kirchner determinó que existió una grosera adulteración de facturas para “inflar” los montos a rendir, en las que se agregaron ceros y otras cifras en las cantidades de elementos adquiridos, ocurrieron otras irregularidades sobre las que se llamó la atención a las autoridades de la cartera. Por otro lado, en la denominada “causa de las becas”, en la que está imputado Pega, también se pidió la indagatoria del ex ministro y legislador electo, como supuesto responsable de que punteros, dirigentes de otras fuerzas aliadas al gobierno, empleados y funcionarios cobraran becas del Ministerio de Familia destinadas a desocupados. Las becas serían distribuidas entre más de un millar de personas de las cuales la mayoría nada tenía que ver con los fines específicos de los aportes, como la implementación de los programas de Acompañamiento Juvenil, Libertad Asistida, Madres Cuidadoras y Cuidadores Domiciliarios. Percibían mensualmente entre 150 y 1.500 pesos, algunos los sumaban a sus sueldos o dietas y muchos no cumplían ninguna labor para el Estado. Otros recibían esos montos por desarrollar su trabajo -en reiterados casos sin relación a los planes específicos-, demostrando precarización laboral y un destino de los fondos enviados que no se corresponde con lo que establecen las normas. Solamente en 2008, Río Negro destinó a becas 30 millones de pesos, de los cuales 25 provienen de fondos nacionales. Los cinco millones restantes surgen de rentas generales. En el 2006, 12 millones fueron de Nación y el 10 por ciento de eso de provincia. Y en 2007, fueron 17 millones en total.