Más interrogantes que respuestas

Por Fernando Heller

Le va a afectar la 'codecisión' a la hora de hacer la compra en el supermercado? ¿Servirá la Constitución Europea para que me bajen la hipoteca? Estas preguntas, entre muchas otras, pasan estos días por las mentes de los ciudadanos españoles y comunitarios de cara a las elecciones para el Parlamento Europeo (PE) del domingo 13 de junio.

La complejidad de la construcción europea -con su enrevesada terminología conceptual- es un obstáculo más a la hora de que los electores sepan con claridad el significado singular de esta cita con las urnas, que se celebra en la mayor parte de los 25 socios comunitarios, es decir los Quince más los diez nuevos países, gran parte del ex bloque del Este, qu se sumaron al bloque el pasado primero de mayo.

Los euroescépticos, sobre todo los británicos, se habían lamentado amargamente, especialmente en la era Thatcher, que Bruselas estaba demasiado alejada de los intereses de los ciudadanos y que existía una brecha, que después se bautizó como «déficit democrático», entre los intereses de la clase política europea y la ciudadanía.

Desde el Tratado de Amsterdam (1999), pero sobre todo a partir de las elecciones de este próximo domingo, la manzana de la discordia de la «legitimidad democrática» podría quedar en gran parte enterrada gracias a un Parlamento mucho más robusto.

En España son dos las opciones políticas mayoritarias que concurren a esta liza electoral: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con su cabeza de lista Josep Borrel, y el Partido Popular (PP), con su primer espada, Jaime Mayor Oreja.

Ambas formaciones son las que tienen una representación más importante en la Eurocámara de Bruselas y Estrasburgo, y están integrados -respectivamente- en el Partido Socialista Europeo (PSE) y en el Partido Popular Europeo (PPE).

Pero en España, al margen de la agria discusión política como tal -que parece situar a una y otra formación en las antípodas-, estas elecciones contienen algunas claves que es preciso conocer.

Lo primero, para ser ecuánimes, sería intentar realizar un ejercicio intelectual para no permitir que se entremezcle el debate de política nacional español con el puramente europeo.

Pero eso es harto difícil: los propios jefes de Estado y Gobierno suelen convertir el Consejo (el centro principal de toma de decisiones de la Unión) en una batalla campal en pos de sus intereses nacionales y los miembros de la Comisión (ejecutivo) hacen oídos sordos a su obligación jurídica de velar exclusivamente por los intereses de la Unión y no por los de sus respectivos países.

Así, ¿por qué un ciudadano de Madrid, Murcia o las islas Canarias (con su condición de región ultraperiférica) iban a pensar más en el bienestar de los agricultores lituanos o grecochipriotas que en el suyo propio?

En todo el entramado europeo, la búsqueda de consensos y equilibrios vuelve a ser, como en los últimos 50 años de historia comunitaria, la clave primordial para desentrañar el nudo gordiano.

En estas elecciones, que se celebran casi paralelas al Consejo Europeo de Bruselas (17 y 18 de junio), hay mucho en juego.

Sobre todo porque, como es previsible, la aprobación de la Constitución Europea hará que las estructuras de poder en la Unión se transformen significativamente.

Con la Carta Constitucional comunitaria, la Eurocámara -que pasará a contar con 732 eurodiputados tras la última ampliación, la quinta del bloque- contará con mayor poder legislativo.

El Consejo (jefes de Estado y Gobierno) estará obligado a actuar en codecisión: en definitiva, a compartir más el poder.

 

(DPA Features)


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