Pocas certezas y muchas dudas en el caso Muñoz

Pocas certezas y muchas dudas en el caso Muñoz

“Lo único que sabemos es que Lucas (Muñoz) apareció asesinado en el lugar donde lo encontraron”, afirmó ayer Javier Muñoz, hermano del oficial ayudante de la Policía de Río Negro, que fue ejecutado de un tiro en la nuca.

Doce días después del hallazgo del cadáver del empleado policial, en un descampado próximo a la Ruta de Circunvalación en Bariloche, los investigadores aún no pudieron desvelar quién o quiénes mataron a Muñoz. Tampoco los motivos del homicidio, que generó una profunda crisis interna en las filas de la Policía de la provincia y que puso en apuros al gobierno de Alberto Weretilneck.

Hasta el momento abundan las hipótesis, las sospechas y versiones, pero hay pocas certezas. No se pudo determinar todavía la fecha de la muerte de Muñoz. Sólo se sabe que ocurrió poco tiempo antes de que hallaron el cuerpo.

El informe preliminar que hizo el médico forense de Gendarmería se mantiene en reserva.

Tampoco se sabe dónde estuvo cautivo Muñoz, que estuvo 27 días desaparecido. El calibre del proyectil que usaron para matar al empleado policial se desconoce.

Es la primera vez que los fiscales de Bariloche se enfrentan a un caso tan complejo. Por el momento, los investigadores intentan reconstruir un rompecabezas al que le faltan las piezas más importantes.

Muñoz cumplía funciones desde octubre pasado en la comisaría 42 del barrio 2 de Abril de Bariloche. Salió de su domicilio el 14 de julio pasado para ir a trabajar. Vestía su uniforme, portaba su arma reglamentaría y una mochila, que nunca apareció.

Dos agentes lo vieron a las 13:20 en la avenida Juan Herman, a pocas cuadras de la comisaría. Dialogaba con el conductor de un Chevrolet Corsa, gris, que los investigadores no pudieron hasta ahora identificar. Muñoz no se presentó a trabajar.

Estuvo 27 días desaparecido y las sospechas apuntaron a una posible intervención de policías en el hecho.

El fiscal Martín Govetto llevó adelante la investigación por la desaparición y su par Guillermo Lista inició una investigación por las irregularidades que surgieron con policías sospechados. Por eso, el juez de la causa Bernardo Campana ordenó la detención del sargento Néstor Meyreles, del oficial Luis Irusta y, después, del oficial Federico Valenzuela. Meyreles y Valenzuela sospechados por el delito de encubrimiento agravado e Irusta por el delito de allanamiento ilegal y destrucción de pruebas. Hay otros jefes policiales y oficiales imputados.

Personal del Coer de Villa Regina halló el 10 de agosto el cadáver del policía. Fuentes judiciales informaron que lo mataron de un tiro en la nuca. Estaba vestido con su uniforme, su arma reglamentaria, sus documentos y celular. Sólo faltaba su mochila.

Ayer, el abogado por la querella Alejandro Pschunder, que representa a la familia de Muñoz, admitió que doce días después “no surgió nada” que permita identificar al autor o los autores del homicidio. Dijo que la única certeza “es que a Lucas no lo mataron en el lugar donde lo encontraron. Plantaron el cuerpo”. “Tiraron mucho pescado podrido”, lamentó.

Dijo que recién pudieron tener acceso a la causa que tenía el fiscal. Y que en las próximas horas tendrán acceso al informe preliminar de la autopsia. Sostuvo que los cortocircuitos con Govetto se superaron.

A doce días de la aparición

10/8: policías del COER hallaron el cadáver de Muñoz, en un descampado.

11/8: fiscal Martín Govetto afirmó que no tiene dudas de que “se trata de un homicidio”. 12/8: detuvieron al oficial Federico Valenzuela, por encubrimiento agravado. Se sumó al sargento Néstor Meyreles y el oficial Luis Irusta.

14/8: Weretilneck denunció un pacto de silencio y aludió a un mensaje “casi mafioso”.

15/8: se conoció que a Muñoz lo asesinaron pocos días antes de que lo hallaran. Se cree que estuvo cautivo.

16/8: secuestraron una camioneta que supuestamente usaron para trasladarlo.

17/8: allanaron un complejo de cabañas. Sospechaban que allí pudieron tenerlo oculto.

18/8: la querella recusó al fiscal Govetto.

19/8: la Procuradora designó a Govetto y a Guillermo Lista con dedicación exclusiva.

20/8: anunciaron una recompensa de 1 millón de pesos para quien aporte datos.