«No hay justificación para no publicar las ordenanzas», dijo Gaido

Para Gaido, no publicar el trabajo legislativo es "proscribir" el trabajo legislativo.

«La situación es grave, estamos tratando de visualizar qué pasó con esto de las ordenanzas que no están publicadas», dijo el intendente Mariano Gaido respecto al cúmulo de ordenanzas que no están en el boletín oficial a pesar de que fueron sancionadas y promulgadas desde 2016 hasta la fecha.

El intendente prefirió no salir al cruce de la grave situación institucional en la que quedó la comuna tras el hallazgo de no publicación de al menos otras 47 ordenanzas que fueron sancionadas en 2016, 2017, 2018 y 2019 inclusive.

Pero aclaró que se harán todas las medidas administrativas que correspondan» debido a que entendió que «no hay justificación para no publicar; luego un segundo punto es la reglamentación» advirtió en referencia a otras 47 ordenanzas que sí fueron publicadas pero debido a que luego no se terminó de realizar la reglamentación, no se aplican como fueron pensadas por los concejales.

La ordenanza que fue cajoneada que multa a los desarrolladores o privados que se anexan tierras públicas a su lote (13618) desató la polémica y el escándalo ahora, con casi medio centenar de normas que no fueron publicadas. La del anexamiento (2016), se incluyó en el boletin del 16 de junio de este año.

Gaido recordó su función como ministro de Gobierno y destacó que «siempre hicimos publicar las leyes de la Legislatura; es una cuestión legal, hay que publicar» en tanto agregó que independientemente lo que el Ejecutivo opine sobre la labor legislativa que terminó en la votación de una ordenanza «no se discute: hay que publicar; sería como proscribir al Deliberante, o a la Legislatura«, ejemplificó.

El intendente tiene el poder de veto ante la sanción de una ordenanza que considere fuera de lo legal o con problemas de implementación; situación que debe definir en el plazo de los 10 días hábiles luego de que ocurre la sesión del Concejo Deliberante donde se votó .

Respecto al pedido de investigación que el sindicato de municipales hizo a la fiscalía general, por considerar que hubo «mal desempeño» de los concejales de Juntos por el Cambio Marcelo Bermúdez y Jose Luis Artaza (ex secretarios de Gobierno y Hacienda, respectivamente) Gaido adelantó escuetamente que «aportamos documentación que la justicia nos solicitó».

En un análisis de algunas de las normas que no salieron en el boletín oficial, como el concurso de aptitud de los jóvenes que reemplazó al concurso de Reina de la ciudad (2016); las ordenanzas de promoción de actividades para la prevención de la violencia de género (2018) y la del programa de capacitación en violencia de género (2019); entre otras, Gaido reconoció que «hubo alguna voluntad clara de no publicar, esto afecta la gestión y afecta derechos, se tomarán las medidas administrativas correspondientes» .

Hubo ordenanzas no publicadas, por ejemplo, que correspondían a condonación de deudas de instituciones (como la cooperativa de Mercantiles) o de vecinos; o la no publicación de la autorización al Instituto de Municipal de Previsión Social -la caja jubilatoria municipal- para vender bienes -la chacra que tiene en Centenario- con destino a sanear el déficit previsional.


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