Medio centenar de ordenanzas sin publicar

El rastreo de ordenanzas no publicadas por la gestión Cambiemos arrojó 47 expedientes en total. Ninguna fue vetada y desde el décimo día hábil de la sanción, quedó promulgada tácitamente.

El municipio las comenzará a publicar en el Boletín Oficial para que sean “oponibles a terceros”. Sin embargo, no se indicó qué otra medida política se llevará a cabo.

Se trata de ordenanzas de 2016, 2017, 2018 y del año pasado. Algunas, como la que ordenó el cobro de multas por anexamiento a los privados que se apropiaban de tierras municipales, fueron convenientemente olvidadas o “cajoneadas” con la intención política de evitar tomar medidas que la anterior gestión no quería.

Otras ordenanzas no publicadas llamativamente guardan relación con donaciones de artistas, modificaciones o actualizaciones al código contravencional, de zonificación o actualizaciones a ordenanzas que tenían falencias o que los legisladores consideraron necesario ampliar.

De 2016 quedó sin publicar la ordenanza que dispensa del día de trabajo a los empleados que integran pueblos originarios en el año nuevo mapuche.

Ese mismo año quedó sin publicar la ordenanza que creó el concurso de jóvenes destacados en cultura, deporte y la actividad académica intelectual; una medida que reemplazó a los concursos de belleza cuando se eliminó la elección de reina de la ciudad.

Del año pasado no se publicaron las ordenanzas vinculadas a la prevención de las violencias en género, la línea 148 y la que regula el programa municipal para la capacitación en género.

Tampoco quedó registro en el Boletín Oficial de la aprobación del presupuesto de la caja municipal (IMPS) en 2017, y en 2018 no se publicó la autorización que le otorgó el Deliberante al IMPS para que subdividiera la chacra de Centenario, lograr recursos y atacar el desfinanciamiento.

Otras normas que quedaron sin publicar fueron el aniversario del barrio Sapere para el 13 de abril de cada año, el régimen de promoción de los clubes de barrio, la prohibición de circulación en la vía pública de los autoelevadores y minicargadores y la creación, por ejemplo, del registro de empresas fabricantes de hormigón elaborado.

Hubo ordenanzas para que ciertos productos fueran de exclusiva venta en veterinarias, la modificación de la modalidad de transporte de algunas mercaderías que no tenían permiso y los cambios en el funcionamiento de las ferias municipales que se autorizaron por ordenanza en 2017.

Ese mismo año se creó la Unidad de Gestión Ambiental Territorial y Productiva de la Colonia Nueva Esperanza, pero no se publicó en el boletín, tampoco el programa de acceso universal al hábitat.

Muchas autorizaciones en venta de tierras a vecinos quedaron sin publicar en los 4 años relevados, en algunos casos eximiciones de pago de servicios y en otros, la autorización para uso y ocupación de inmuebles.

No se publicó la condonación que se hizo de la deuda que tenía la cooperativa de Mercantiles.

Fue llamativo que no quedara registro en el boletín de algunas de las donaciones efectuadas a la comuna de colecciones de artistas como Julia Converti, Carola Zech, Alfredo Prior, Jaques Badel, Matías Hugo Sosa Wulf o Cinthia de Mareca .

El derrotero que realizan las ordenanzas desde que son sancionadas por el Concejo Deliberante hasta que llegan al Boletín Oficial, es un camino que tiene plazos y áreas específicas que intervienen.

Todo comienza luego de una sesión del Deliberante, en la que se aprueban las normas. El Concejo le adjudica un número y las envía al municipio.

La primera área que interviene es la secretaría de Legal y Técnica que es la que debe decidir si la ordenanza reúne las condiciones jurídicas necesarias y si es aplicable o no de acuerdo las reglas adminstrativas que rigen en la ciudad.

Para poder emitir un dictamen, Legal y Técnica debe enviar el expediente a las áreas municipales que intervienen en el tema en cuestión. Por ejemplo, en el caso de que se trate de una ordenanza que obligue al municipio a realizar una erogación de dinero para determinado fin, el área que participa es Hacienda. Si ese gasto irá a la obra pública, será esa dependencia la que se sumará.

Así, las secretarías involucradas emiten su opinión y se la remiten a Legal y Técnica. Con toda esa información, se determina si la ordenanza esta en condiciones de ser promulgada.

El siguiente paso es el decreto del intendente por la promulgación o el veto, que debe firmarse antes de los 10 días, contados a partir dela sanción de la norma. Caso contrario, la ordenanza queda promulgada tácitamente.

Pero en este punto, es importante aclarar que para que entre en vigencia debe estar publicada en el Boletín Oficial. Si esto no sucede, nadie podría exigir o protestar por su aplicación. Es decir, la norma no tiene valor.

Otra cuestión a tener en cuenta es que las normas no son retroactivas, es decir que no pueden legislar hacia atrás en el tiempo. Si alguna de las ordenanzas que no fueron publicadas desde 2016 a 2019, se publica ahora y establece algún tipo de sanción, la misma deberá aplicarse a partir del día de su publicación en el boletín y hacia adelante.

El intendente Mariano Gaido deberá informar a los concejales qué se hizo para recuperar los terrenos que fueron alambrados por el Rincón Club de Campo y qué hará con la deuda que tiene la empresa privada con la comuna por el anexamiento de los terrenos para construir la cancha de golf federada.

La comunicación salió votada por unanimidad en el marco del escándalo que se registró la semana pasada debido a que se conoció que la ordenanza de anexamiento, nunca se publicó.

Antes de que saliera a la luz la irregularidad, ninguno de los bloques del oficialismo actual o anterior tuvo interés en que la iniciativa llegara rápido al recinto, tanto así, que llegó con la insistencia de un despacho minoritario del Frente de Todos.

La comunicación buscará conocer cuáles son las acciones administrativas y judiciales que realizó la ciudad “para la recuperación de terrenos” municipales que están alambrados como si fueran parte de la propiedad privada del Rincón Club de Campo.

n un segundo punto, se solicitó al Ejecutivo las acciones judiciales y administrativas por la “determinación y cobro de la compensación pecuniaria” de la ordenanza 13.618, que compensa la demora en devolución de terrenos públicos, con multas por anexamiento. La comunicación “requiere información sobre lo que se hizo y las que lleva adelante para la restitución de las 8 hectáreas ocupadas.