Ofuscación en la cuarta categoría

PANORAMA NACIONAL

Mienten, mienten, qué forma de mentir”. Así canta Víctor Heredia y calza justo en el peligroso juego de la dirigencia, en vísperas de un nuevo paro del transporte previsto para el martes con la adhesión de otros gremios también disconformes con la aplicación del impuesto a las Ganancias a los empleados de la cuarta categoría.

Mientras la presidenta -que acaba de desembarazarse en una segunda instancia judicial de la denuncia del extinto fiscal Alberto Nisman sobre encubrimiento de actividades terroristas- impulsa medidas para fomentar el consumo, en especial entre las capas más bajas, otra vez el sindicalismo opositor se enfrenta con Cristina Fernández, sin dejar de alinearse con los postulantes que aspiran a sucederla en las elecciones generales de este año.

El desbordado jefe de Gabinete Aníbal Fernández, como buen peronista, dijo que sería injusto calificar de “política” la protesta pivoteada entre otros por Hugo Moyano, Luis Barrionuevo, Gerardo Venegas, Pablo Micheli y Guillermo Pereyra. Es más, dio a entender que había negociaciones secretas para desactivarla.

Sin embargo, Roberto Fernández, de la Unión Tranviarios Automotor, se refirió a la intransigencia de Cristina, la diferenció de su esposo, el fallecido Néstor Kirchner, y se atrevió a embestir contra el gobierno K: “no es nacional ni popular”, señaló.

“Así no se puede seguir. Si la presidenta quiere terminar tranquila y que la acompañemos tiene que sentarse a negociar”, advirtió, aunque de inmediato, al darse cuenta de su tono amenazante, amortiguó: “Podemos perder todos. No es nuestra intención doblarle la mano”.

Cristina los ignoró olímpicamente cuando el jueves anunció estímulos estatales para, según dijo, promover trabajo, comercio e industria argentinos: la tarjeta SUBE, utilizada por ocho millones de usuarios, servirá para comprar en comercios adheridos; habrá créditos para adquirir taxis 0 kilómetro y planes de canje de heladeras y lavarropas con el 25% de descuento; subsidios directos para hacerse de garrafas destinadas a dos millones y medio de hogares y un sistema para regularizar deudas con “la temible” AFIP.

De muy buen humor (la tarde de ese día la Cámara Federal desestimó abrir una investigación en su contra), reivindicó la inclusión de derechos y, refiriéndose a los actos recordatorios del golpe de 24 de marzo de 1976, manifestó sentirse conmovida por el grado de “empoderamiento” de la sociedad, algo “maravilloso e irreversible”, según su caracterización.

Antes, el ministro de Economía Axel Kicillof, con el que los jóvenes de La Cámpora torean a Daniel Scioli y Florencio Randazzo, avisó que la administración K defenderá el impuesto a las Ganancias porque es progresivo. “Se ha armado una especie de fetiche. De los registrados, los que lo pagan son únicamente el 11%, un porcentaje mínimo”, subrayó.

Igual, en un año electoral, dejó la puerta abierta para discutir la alícuota o el impuesto entero: “Se escucharán propuestas y veremos, porque no es el Poder Ejecutivo el que tiene en su potestad modificarlo por decreto, sino que es el Parlamento”.

Esto le daría aire al secretario general de la CGT oficialista Antonio Caló, que precisamente hizo un proyecto de ley con alternativas elaboradas por el economista Dante Sicca y que contempla la suba del mínimo no imponible (en orden al 30%) a cambio de otros impuestos a las clases más acomodadas.

Voceros de Caló admitieron que también existe descontento en sus filas. Le reprochan al gobierno la falta de señales conciliadoras. “No es tanta guita”, reflexionaron.

El ministro Randazzo, quien el martes irá a Diputados a exponer el plan de estatización de Ferrocarriles, pidió encarecidamente a gremios del trabajo que recapaciten. “No me parece el mejor camino. Es incomprensible. No tienen que escuchar discursos oportunistas”, expuso.

Contestó el secretario general de los petroleros. El neuquino Pereyra indicó que el impuesto está condicionando las próximas paritarias y que es la presidenta quien tiene facultades delegadas en la emergencia. Ante una consulta de “Río Negro”, el senador por el MPN afirmó que “el reparto indiscriminado de subsidios se puede hacer gracias a la fuerte recaudación que se obtiene de los salarios” del personal más calificado.

Reconoció que será “muy difícil” modificar la situación este año si Cristina no ordena a las bancadas del Frente para la Victoria habilitar el tratamiento y la aprobación de varios proyectos normativos.

Después de indicar que los sindicalistas apoyan a distintos candidatos a la Rosada, precisó que el 15 de abril se reunirá el comité central confederal de la CGT rebelde para profundizar los planes de lucha. En tal sentido, adelantó que ya está en la cocina una huelga nacional de 36 horas con movilización a Plaza de Mayo.

-¿Y la unidad de las centrales obreras para cuándo? -quiso saber este diario.

-Olvidate, hasta después de las elecciones no pasará nada -contestó con seguridad.

“Busco encontrar una salida, pero si no se encuentra, no se encuentra. No puedo hacer magia”, fue el comentario resignado del jefe de gabinete Aníbal Fernández.

Arnaldo Paganetti

arnaldopaganetti@rionegro.com.ar