Exclusivo Suscriptores
El silencio que resuena: concursos y desamparo institucional
En el año 2016 gané un concurso para jueza penal. El Consejo de la Magistratura había validado mi idoneidad, enviando mi pliego a la Legislatura de Neuquén para la aprobación final. Lo que parecía ser el último paso en un proceso transparente, se transformó en una encrucijada de silencios e incertidumbres.
Mi entrevista en la comisión transcurrió en un ambiente de “total normalidad”, pero el voto en el recinto dictó otro destino: mi designación fue rechazada sin más.
Rumores apuntaban a mi perfil político, a mi feminismo, a mi espíritu crítico; sin embargo, ninguna voz oficial fundamentó las razones del rechazo. Aquella noche, advertida de que no me iban a nombrar pero no menos impactada por eso, constaté que la república de los libros no siempre es la república de los hechos.
El golpe no fue solo mío; las redes de contención sienten estos procesos como propios, y las tristezas se multiplican. La falta de explicaciones, por supuesto, agudizaba el desconcierto.
Persistí, volví a concursar, gané dos concursos más y, pese a repetir el proceso con los mismos legisladores, esta vez mi pliego fue aprobado.
Una pregunta bien intencionada de un legislador, buscando quizás tender un puente sobre el abismo del proceso anterior, me hizo reflexionar sobre la absurdidad de tener que imaginar justificaciones a un rechazo nunca verbalizado. ¿Acaso no debería ser al revés?
Desde mi nombramiento en 2018, he sido testigo, en no menos de cuatro ocasiones, del rechazo de pliegos de colegas igualmente calificades.
Cada vez, la frustración y tristeza por lo que esto significa para nuestra institucionalidad me invaden de nuevo. Entre ellos, la historia de Nadia, amiga y colega, quien sufrió el desgaste y la desilusión de un “no” vacío de argumentos, no solo una sino dos veces.
Esta omisión de explicaciones subraya no sólo la pérdida personal de las personas involucradas, en términos de tiempo, esfuerzo y compromiso, sino también una pérdida más profunda para el sistema judicial y para la sociedad que busca en él justicia y equidad.
La experiencia me ha enseñado que en el espectro de las acciones institucionales, el cuidado y la violencia se sitúan en extremos opuestos.
La falta de fundamentación en las decisiones públicas no es solo un acto de desconsideración hacia el esfuerzo individual; es una forma de violencia institucional que socava los cimientos de nuestra democracia.
Hoy, frente a un proyecto de modificación que busca obligar a los legisladores a fundamentar sus votos negativos en nombramientos judiciales, veo una posibilidad.
No se trata solo de validar procesos o de proteger derechos individuales; se trata de reforzar la calidad de nuestra democracia, de garantizar la transparencia y de construir un sistema de justicia más justo y equitativo. Porque al final del día, el silencio puede ser el ruido más ensordecedor en los pasillos de nuestra república.
Jueza de Garantías
Comentarios